CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló pretende 'blindar' la Oficina de Recaudación Municipal para evitar lo sucedido en 2023, cuando la interposición de varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central obligó a rectificar el pliego, lo que generó un retraso a la hora de concretar la adjudicación. La nueva prestación contempla numerosas novedades, entre las que se incluye la posibilidad de cerrar el local de la calle Gobernador y abrir otro más moderno y amplio, siempre en un radio de menos de un kilómetro de la Casa Consistorial en la plaza Mayor.
Esos cambios no solo se limitan al presupuesto, la duración o los recursos materiales. Con el objetivo de garantizar el mejor servicio, el equipo de gobierno trabaja para incorporar en las bases como cláusula especial la subrogación del personal, compuesto en la actualidad por unos 37 profesionales. El convenio del sector no exige a aplicar esta medida, pero desde el área de Hacienda se considera conveniente mantener la plantilla para, por un lado, dar continuidad y, por otro, evitar despidos.
De margen hasta agosto para resolver la adjudicación
La decisión de sumar dicha cláusula no supone ningún contratiempo respecto a los plazos del concurso, ya que se trata de una modificación de adición, sin que afecte al proceso administrativo. En este sentido, existe margen suficiente, toda vez que el pliego contempla que la nueva prestación entre en vigor en agosto de este año.
El contrato de la Oficina de Recaudación Municipal tiene un presupuesto de más de 8,8 millones de euros (impuestos excluidos) si se cuentan las dos prórrogas de 12 meses cada una. Su duración va más allá de la legislatura. Solo el periodo obligatorio abarca hasta agosto de 2028, es decir, hasta el primer año del siguiente mandato político (2027-2031).
- El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
La otra novedad importante está relacionada con la ubicación. En la cláusula sexta de las bases sobre medios materiales y oficinas, se pide que el adjudicatario aporte un inmueble de al menos 400 metros y emplazado en el área de influencia del Ayuntamiento. El requisito de una distancia máxima de 700 metros tiene como fin evitar grandes desplazamientos al contribuyente entre el edificio adjunto al palacio municipal donde se ubica la gestión tributaria y el local donde se localice el servicio de recaudación. La estrecha relación funcional entre ambos servicios exige, en muchas ocasiones, consultas de presencia física en uno y otro.
El local de la calle Gobernador se ha quedado obsoleto
Desde hace más de una década la Oficina Municipal se encuentra en la calle Gobernador. Por el aumento de la población y el mayor volumen de impuestos, las dependencias llevan años obsoletas. Prueba de ello, son las largas colas en la calle que se repiten cada año en los periodos de pago de los tributos. Una imagen que el propio PP, ahora socio mayoritario del gobierno municipal, denunció en su última etapa en la oposición.
El servicio resulta vital tanto para los contribuciones municipales como para las multas y cualquier otro recurso o ingreso público. Además, facilita al tributario más alternativas relacionadas con los gravámenes. Por ejemplo, los trámites para solicitar la domiciliación de los principales arbitrios, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basura.
