CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha exigido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que explique cuáles van a ser los criterios de acceso a las viviendas de protección pública (VPP) que se están autorizando en la ciudad. La coalición reclama garantías y mecanismos de control para asegurar que estas viviendas cumplen realmente su función social y evitar que se reproduzcan en Castelló situaciones como las que se están conociendo estos días en Alicante, donde cargos públicos del Partido Popular y personas vinculadas a la administración han accedido a viviendas protegidas.
El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha advertido que “lo que estamos viendo en Alicante no es casualidad, sino la consecuencia directa de un cambio legislativo impulsado por el Partido Popular y Vox, que ha relajado los requisitos para acceder a las viviendas de protección pública y las ha repartido entre sus amigos”. Garcia ha recordado que esta normativa es la misma que se aplica actualmente en Castelló, “y por eso exigimos garantías para que el escándalo de Alicante no acabe pasando también en nuestra ciudad”.
Compromís señala que la reforma legal aprobada por el Consell de Carlos Mazón incrementó los límites de renta para poder acceder a una VPP, permitió aumentar el precio máximo de venta, facilitó el acceso al crédito a través del Instituto Valenciano de Finanzas y eliminó cláusulas de revisión que garantizaban que estas viviendas se destinaran a personas que realmente las necesitan. “Esto ha abierto la puerta a un modelo de vivienda protegida sin controles suficientes, en el que pueden acabar accediendo personas con rentas altas o vinculadas al poder”, ha advertido Garcia.
Una cifra de comercialización "inasumible"
Asimismo, la normativa actual permite que las viviendas de protección pública se estén comercializando por importes próximos o superiores a los 200.000 euros, una cifra que, como remarca Compromís, “resulta inasumible para buena parte de la población joven y de las familias trabajadoras”. En este contexto, Compromís ha recordado que el gobierno de Begoña Carrasco ha ido anunciando y autorizando diferentes promociones de VPP en Castelló, motivo por el cual considera imprescindible conocer qué criterios concretos se aplicarán en la adjudicación y qué mecanismos de vigilancia se pondrán en marcha para evitar que estas VPP se conviertan “en un coladero”.
A esta situación se suma, además, el hecho de que el Ayuntamiento de Castelló haya cedido terrenos públicos a la Generalitat para la construcción de VPP después de haber renunciado a cinco millones de euros de fondos europeos destinados a vivienda de alquiler social, una decisión que, según la coalición, obliga a extremar aún más la transparencia y el control público en todo el proceso de adjudicación.
Finalmente, el portavoz de Compromís ha subrayado que “el derecho a la vivienda no puede acabar siendo una lotería ni generar la sensación de que unos lo tienen siempre más fácil que otros”. “No puede ser que el acceso a una vivienda protegida dependa de contactos o de ser ‘amigo de’, mientras la gente joven y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a una vivienda digna. Cuando gobierna el PP, con demasiada frecuencia vemos cómo las decisiones acaban beneficiando a los mismos de siempre”, ha concluido.
