CASTELLÓ. El contrato para blindar la seguridad de los edificios municipales de Castelló cambia de manos 'sobre la bocina'. Así, la empresa castellonense Casva Seguridad, integrada en Simetría Grupo, prestará finalmente el servicio integral de mantenimiento y gestión de sistemas de videovigilancia tras el desistimiento de la también local Alarplus, que recibió la propuesta de asignación por parte de la Mesa de Contratación. El giro se formaliza después de que la Junta de Gobierno Local resolviera el procedimiento en dos tiempos: primero, con la retirada de la oferta de la adjudicataria provisional y, la pasada semana, con la decisión definitiva en favor del segundo licitador.
En este sentido, el punto de inflexión se sitúa a finales del pasado mes de febrero, cuando el órgano municipal acordó incoar un expediente para imponer una penalidad a Alarplus por no presentar la documentación requerida para culminar la adjudicación. En efecto, según explicó el portavoz del gobierno, Vicent Sales, el desistimiento "genera un perjuicio a la administración" y conlleva una sanción del 3 % del valor del contrato. Una vez activado este escenario, el consistorio recurrió a la segunda clasificada, a la que requirió la documentación preceptiva para continuar con el procedimiento.
Los sistemas de vigilancia en vertederos incontrolados
De esta manera, superado el trámite, la Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves adjudicó finalmente el contrato a Casva Seguridad por un importe de alrededor de 613.500 euros para un periodo de cuatro años, después de aplicar la rebaja del 0,39 % ofertada sobre el presupuesto base de la licitación, fijado en torno a los 616.000 euros. A tal efecto, la resolución cierra un proceso que había establecido una diferencia notable entre las ofertas: Alarplus planteó una reducción del 15 % y obtuvo una puntuación superior tanto en los criterios técnicos como económicos, lo que colocó a la firma en cabeza hasta su renuncia.
- La adjudicataria instalará sistemas de videovigilancia con detección de movimiento en vertederos ilegales.
Al detalle, el servicio abarca un despliegue amplio que va más allá del mantenimiento ordinario de alarmas y cámaras en cerca de 90 dependencias municipales. Entre los elementos relevantes figura la instalación de una veintena de sistemas de videovigilancia en vertederos incontrolados —con cámaras autónomas, alimentación solar y conectividad 4G—, la integración de unas 140 cámaras de tráfico en la red municipal y la actualización de centros con sistemas obsoletos. El conjunto se conectará a la central receptora de Tetuán XIV y al Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse), con exigencias de respuesta que contemplan resolver la práctica totalidad de las incidencias en menos de 48 horas y atender las críticas en un plazo máximo de una hora.
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