CASTELLÓ. Ignasi Garcia Felip (Castelló de la Plana, 1978) afronta una nueva etapa política después de una década en el Ayuntamiento de Castelló y de su paso por la Diputación Provincial, donde asumió responsabilidades en áreas como modernización, transparencia, participación, limpieza o reciclaje con la presidencia de Reciplasa. El portavoz de Compromís en la capital de la Plana, que anunció en mayo su salida como cabeza de cartel municipal, lidera ahora la candidatura de Compromís-Front Valencià al Congreso por la provincia en los comicios generales del próximo 29 de noviembre.
La coalición, que agrupa a Compromís, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) o Podem, aspira a disputar uno de los cinco escaños de Castellón con una propuesta que busca diferenciarse tanto de la derecha como del PSOE. En concreto, la vivienda, los salarios, la industria cerámica y la financiación autonómica centran sus principales reivindicaciones. Con ello, Garcia se sienta en conversación con Castellón Plaza para desgranar sus propuestas y explicar qué papel quiere desempeñar en Madrid.
—Después de diez años en el Ayuntamiento de Castelló y de su paso por la Diputación, ha decidido dejar la primera línea de la política municipal para encabezar la candidatura al Congreso. ¿Qué le lleva a dar este paso y qué cree que puede aportar en Madrid que no podía hacer desde la política local?
—A nivel personal, encabezar la lista unitaria de Compromís-Front Valencià responde a una petición del partido. Mi intención política era otra, pero he asumido el reto con mucho entusiasmo porque creo firmemente en la unidad de la izquierda. He trabajado por ella durante mi trayectoria en Compromís y, al hablar con representantes de las distintas formaciones que integran la candidatura, he comprobado que existe una complicidad importante.
Podemos aportar, fundamentalmente, tres cosas. La primera es la capacidad de impulsar políticas valientes de izquierdas. Estamos en una campaña en la que unos dicen que hay que echar a los demás y otros que no deben venir los malos, en una disputa por el poder que deja en segundo plano los problemas de la ciudadanía. Mientras tanto, una vivienda que en Castelló costaba 200.000 euros en julio ahora cuesta 215.000. Son 15.000 euros más en poco más de tres meses, una cantidad que ninguna persona trabajadora puede ahorrar con facilidad.
También queremos defender los intereses de nuestras comarcas. Es una barbaridad que diputados de nuestro territorio hayan defendido la retirada de la protección de las islas Columbretes. Y, sobre todo, somos una candidatura que tiene claro que no le temblará el pulso al llegar a Madrid para reivindicar lo que corresponde al País Valencià. Hemos visto cómo el PP y el PSOE defienden una posición aquí y otra en Madrid en cuestiones como la financiación autonómica, que permite pagar a médicos y docentes y mantener colegios, centros de salud y residencias. Compromís-Front Valencià no hará eso.

- La coalición aspira a disputar uno de los cinco escaños de Castellón. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
—Compromís-Front Valencià reúne a Compromís, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià en una candidatura, una fórmula no lograda en el resto de España. ¿Qué ha permitido cerrar este acuerdo y cómo van a gestionar las diferencias entre las formaciones que lo integran?
—Las diferencias se están gestionando de una manera extraordinaria. Creo que han sido fundamentales el liderazgo y la generosidad de Compromís, pero también que el resto de partidos haya entendido que sumar era la mejor manera de tener posibilidades de representación, contar con un grupo parlamentario propio y hacer política.
La gente está cansada de las discusiones y quiere soluciones. En el País Valencià hemos sido capaces de situar el proyecto común por encima de los egos. Creo que en Madrid y Barcelona el problema ha sido precisamente que ha habido demasiado ego. Aquí hemos entendido que lo importante es construir una alternativa conjunta.
Queremos que la vivienda sea para vivir y no para especular a costa de la ciudadanía
—El objetivo es disputar uno de los cinco escaños de la provincia, después de que Compromís se quedara sin representación en el Congreso en 2023. Usted sostiene que hay votantes progresistas que no quieren votar ni a la derecha ni al PSOE. ¿Qué les ofrece su candidatura que no encuentran en los socialistas y por qué deberían confiar en que esta vez sí obtendrán representación?
—Creo que la diferencia más importante está en la vivienda, porque somos quienes estamos hablando con mayor claridad de este problema. No se soluciona con decretos de última hora aprobados cuando se convocan elecciones. El problema es que cada vez cuesta más comprar o alquilar una casa y que los jóvenes no pueden emanciparse. Un informe del Consell Valencià de la Joventut señalaba recientemente que solo el 14% de los jóvenes consigue emanciparse. Ante esta realidad, hay que tomar medidas. Si alguien quiere comprar una vivienda, pero no va a residir en ella, debemos estudiar restricciones como las que aplica Ámsterdam, donde se exige un periodo mínimo de residencia en determinadas condiciones. No podemos permitir que se compren pisos únicamente para especular y obtener rentabilidad a costa de encarecer el mercado.
En Castelló o Almassora hemos visto anuncios que invitan a invertir en viviendas para ganar dinero. Lo que significa es comprar inmuebles, elevar los precios y después alquilarlos por más dinero. Nosotros queremos tomar decisiones valientes, porque la gente necesita soluciones. Eso implica legislar, elevar la fiscalidad de determinadas operaciones especulativas y actuar sobre las sociedades que acumulan viviendas. Según los datos que hemos conocido, unos 24.000 inmuebles de la provincia están en manos de grandes propietarios. Quien tiene más de diez viviendas no las necesita para vivir: las utiliza para obtener rentabilidad.
La situación es insostenible. Los jóvenes deben poder emanciparse, pero también hay personas adultas que se ven obligadas a compartir piso. No puede ser que una mujer soltera tenga que vivir con su hija en una habitación porque no puede permitirse una vivienda propia. Queremos que las casas sean para vivir y que todo el mundo pueda disponer de un espacio digno.
Vivienda: acceso, alquiler y modelo inmobiliario
—La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la población. Ustedes defienden limitar los alquileres, gravar la acumulación especulativa de inmuebles y ampliar el parque asequible. ¿Qué medidas proponen impulsar desde el Congreso?
—Las dos líneas principales son limitar los alquileres y actuar fiscalmente contra la acumulación especulativa de viviendas, una competencia que puede ejercer el Estado.
A escala municipal también hay herramientas. En Castelló hemos reclamado que se aplique el recargo del IBI a las viviendas vacías. La ordenanza fiscal contemplaba esa posibilidad, pero el PP no quiso desarrollarla ni aplicarla. Son medidas que pueden ayudar a sacar viviendas vacías al mercado y a frenar la especulación. La alcaldesa de Castelló llegó a entrevistar en un vídeo de formato pódcast a un inversor dedicado a captar dinero para comprar pisos, alquilarlos a precios elevados y repartir dividendos. Ese modelo prioriza la rentabilidad frente al derecho a la vivienda. Hay que legislar con valentía para impedir que se convierta en la norma.
Reducir el precio de la vivienda mejoraría directamente las condiciones de vida. Pensemos en un estudiante de la UJI que paga 250 euros por una habitación y que, tres años después, paga 350. La habitación es la misma, pero su familia habrá tenido que desembolsar 1.200 euros adicionales cada año durante esos tres cursos, sin contar otras posibles subidas. Es mucho dinero para una familia y demuestra hasta qué punto el encarecimiento de la vivienda condiciona el acceso a la educación y las oportunidades de los jóvenes.

- La vivienda, los salarios o la financiación centran las reivindicaciones. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
—¿Qué papel deben desempeñar el Estado y los ayuntamientos en la creación de vivienda pública y asequible?
—El Estado debe aportar los recursos económicos y los ayuntamientos, el suelo. Tenemos que impulsar la construcción de vivienda pública, como hacen otros países, y garantizar que ese parque mantenga su carácter asequible de manera permanente.
No tiene sentido que una vivienda pública construida con recursos colectivos termine incorporándose al mercado libre y deje de estar al alcance de quienes la necesitan. Debemos consolidar un parque de vivienda regulada que permita acceder a un hogar a los jóvenes, a la clase trabajadora y a las personas que, por ejemplo, atraviesan un divorcio y de repente no pueden asumir los precios del mercado.
Economía, industria y empleo
—La industria cerámica es estratégica para la economía de Castellón y afronta el reto de la descarbonización o el coste energético. ¿Qué inversiones y ayudas concretas reclamarán al Gobierno central para facilitar la transición del azulejo sin comprometer su competitividad?
—Para la cerámica hay tres líneas de trabajo fundamentales. Hablamos de una industria exportadora que genera más de 3.000 millones de euros en ingresos y que, si estuviera en Madrid, probablemente sería considerada una de las joyas de la corona de la economía española. Como está en Castellón, parece que recibe menos atención de la que merece.
El primer reto es la descarbonización. Hay que reconocer el trabajo que ya ha realizado el sector para reducir su impacto ambiental. Quienes conocemos los pueblos cerámicos sabemos que las fábricas y el entorno industrial han cambiado mucho con el paso de los años. Se ha avanzado y hay que seguir haciéndolo con una transición viable. En ese sentido, quiero destacar el trabajo de Vicent Marzà en Europa para negociar unas condiciones que permitieran avanzar en la descarbonización sin poner en riesgo a nuestra industria. Las instituciones deben buscar soluciones, no utilizarlas únicamente para enfrentarse políticamente.
La industria de la cerámica necesita una transición energética viable que no ponga en riesgo su competitividad
El segundo problema es el precio de la energía, que la propia patronal cerámica ha señalado como una de sus principales preocupaciones. Si el gas pasa de 85 a 100 euros y después a 105, las empresas tienen enormes dificultades para planificar sus costes. Esa incertidumbre pone en riesgo la competitividad y el empleo. También afecta a las familias, que no saben cuánto pagarán por la calefacción o el agua caliente. Necesitamos inversiones en innovación energética y tecnológica, tanto en las empresas como en el conjunto del sistema. No puede ser que las grandes compañías energéticas anuncien beneficios de miles de millones mientras la industria no sabe qué costes tendrá que afrontar.
La tercera cuestión es la logística. Hay que finalizar cuanto antes el Corredor Mediterráneo, que permitirá transportar mercancías de manera más eficiente y sostenible, mejorar la competitividad de nuestras empresas y reducir el tráfico de camiones en la AP-7. Es una infraestructura imprescindible para el futuro económico de la provincia.

- Garcia encabeza la candidatura tras una década en el Ayuntamiento de Castelló. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
—La coalición plantea subir los sueldos e incrementar el salario mínimo. ¿Qué reformas consideran necesarias para que las empresas no pierdan capacidad económica?
—La primera realidad es que la gente no llega a final de mes. La docena de huevos ha pasado de costar 2,39 euros a 4,20 en dos años, mientras muchas familias tienen dificultades para mantener una dieta equilibrada por el precio del pescado, la fruta y otros productos básicos. A eso se suma el alquiler, que absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Reducir el coste de la vivienda sería una de las mejores maneras de mejorar el poder adquisitivo. En Castellón, el salario medio está por debajo de la media española, mientras que los precios de la compra y los suministros crecen por encima de esa referencia. Cobramos menos, pero sufrimos mayores incrementos en el coste de la vida. Es inadmisible.
Hay que facilitar que los beneficios empresariales se traduzcan también en mejores salarios. La negociación corresponde a empresas y sindicatos, pero los gobiernos deben favorecer que los incrementos salariales sean posibles. Y, además, hay que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Ahora bien, no basta con aumentarlo: hay que hacerlo correctamente. La subida del salario mínimo debe impedir que se absorban complementos como los de antigüedad. En el sector de la limpieza de Castellón, donde trabajan unas 8.000 personas, la mayoría mujeres, se han producido casos en los que trabajadoras con veinte años de antigüedad y un complemento de 200 euros han visto desaparecer ese complemento al subir el salario mínimo.
Castellón necesita inversiones ferroviarias, vivienda asequible y una financiación justa
Si elevamos el salario mínimo a 1.500 euros, pero una persona pierde los 100 o 150 euros que cobraba por antigüedad, en realidad no ha mejorado su salario. Hay que introducir garantías para que las subidas lleguen efectivamente a los trabajadores. También debemos revisar la contratación pública. Las administraciones adjudican servicios de limpieza, jardinería y otros trabajos con unos precios que después no siempre se actualizan cuando aumentan los salarios. No puede ocurrir que una empresa tenga que asumir sola esas subidas y que, al mismo tiempo, se utilicen los contratos públicos como excusa para mantener remuneraciones insuficientes. Si se incrementan los costes laborales por una subida legal del salario mínimo, las administraciones deben disponer de mecanismos para revisar los contratos y garantizar unas condiciones dignas.
Las reivindicaciones de Castellón en Madrid
—Si obtiene el escaño, ¿cuáles serían las tres primeras reivindicaciones que llevaría al Congreso para la provincia de Castellón?
—La primera sería mejorar el servicio de Cercanías. Llevamos demasiados años sufriendo cancelaciones y retrasos. Antes se podía llegar a València en unos 40 minutos con un tren Civis; ahora el trayecto puede prolongarse hasta una hora y tres cuartos. Es una diferencia enorme que perjudica a quienes necesitan desplazarse para trabajar o estudiar.
No puede ser que la electrificación de la línea entre València y Caudiel, que debía ejecutarse en ocho meses, acumule ya dos años de retraso. Tampoco es razonable que por la mañana haya tan pocos trenes para ir a Vinaròs y que se produzcan franjas de dos horas sin servicio. Hay inversiones previstas que deben ejecutarse y una planificación ferroviaria que debe dar prioridad a las Cercanías, no solo a la alta velocidad. También necesitamos trenes nuevos y modernos, en lugar de material de segunda mano que ya acumula décadas de antigüedad.
La segunda prioridad es la vivienda. Castelló y otros municipios de la provincia figuran entre los territorios donde más está aumentando el alquiler. Basta con seguir la actualidad para comprobarlo: hace unas semanas conocimos que la Vall d'Uixó era uno de los municipios del País Valencià con mayores incrementos. También hemos visto anuncios de alquileres en Benicàssim con condiciones que obligaban al inquilino a abandonar el piso durante los fines de semana. Son situaciones que reflejan hasta qué punto el mercado se está alejando de las necesidades residenciales.
La tercera reivindicación es garantizar los recursos hídricos para el sector agrario. Hay que realizar las inversiones necesarias en el embalse de Arenós para aumentar nuestra capacidad de almacenamiento y disponibilidad de agua. El cambio climático está alterando las precipitaciones y la agricultura necesita recursos para seguir siendo viable. Defender al campo también exige proteger a nuestros productores frente a la competencia exterior, pero la respuesta no pasa por insultar a Europa, sino por impulsar las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector.

- Garcia atiende en los últimos días a Castellón Plaza en la redacción del diario. -
- Foto: ANTONIO PRADAS
—Compromís-Front Valencià también reclama una financiación autonómica justa y defiende que la transición energética debe beneficiar a la ciudadanía y al tejido productivo. ¿Qué modelo de financiación defenderán?
—Defendemos, en primer lugar, que el País Valencià reciba los recursos que le corresponden. La propuesta que planteó el ministro Arcadi España al final de la legislatura no respondía a nuestras necesidades. En segundo lugar, reclamamos que el Estado asuma la deuda que consideramos ilegítima, que asciende a unos 47.000 millones de euros. Para entenderlo, la Generalitat Valenciana tiene competencias en sanidad, educación e inclusión social, pero no ha recibido recursos suficientes para prestar esos servicios. Se ha visto obligada a endeudarse para mantenerlos.
Las consecuencias se notan en el día a día: profesionales sanitarios y docentes con remuneraciones inferiores a las de otros territorios, servicios que necesitan refuerzos y centros educativos que requieren inversiones urgentes. Cuando faltan recursos, resulta más difícil ampliar plantillas, mejorar la atención primaria o adaptar los colegios a las altas temperaturas.
Evidentemente, también existe una responsabilidad de gestión del PP y Vox en la Generalitat, que priorizan determinadas rebajas fiscales frente a la financiación de los servicios públicos. Pero eso no elimina el problema estructural: necesitamos un sistema de financiación adecuado y que el Estado asuma esa deuda para liberar recursos y poder invertir en los servicios que necesita la ciudadanía. Es una reivindicación que Compromís-Front Valencià defiende de manera específica.
Pactos, gobernabilidad y prioridades políticas
—Usted ha presentado la candidatura como una alternativa tanto a la derecha como al PSOE y ha defendido que Compromís debe servir para empujar a los socialistas a adoptar medidas más ambiciosas. Si los votos de su coalición fueran decisivos para investir a un presidente del Gobierno, ¿qué condiciones serían irrenunciables para apoyar un acuerdo?
—Primero tendría que haber una negociación y, después, un acuerdo de investidura. Las condiciones básicas serían impulsar políticas de vivienda que solucionen realmente los problemas de la gente, mejorar los salarios, garantizar una política energética que beneficie a las familias y a los autónomos y ejecutar las inversiones ferroviarias y de infraestructuras que necesitamos.
No puede ser que las empresas energéticas anuncien beneficios multimillonarios mientras un autónomo tiene que pagar dos euros por la gasolina de su furgoneta. La transición energética debe servir para reducir costes y mejorar la vida de la ciudadanía, no para aumentar los beneficios de unas pocas compañías. También exigiríamos avances en materia medioambiental y en política hídrica, ámbitos en los que consideramos que el PSOE no está haciendo lo suficiente. Y hay reivindicaciones territoriales que no podemos dejar de lado. Como castellonense, considero irrenunciable recuperar la protección de las islas Columbretes. La lista de cuestiones que deben abordarse es muy amplia, pero el principio es claro: los acuerdos deben traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía y para nuestras comarcas.
Compromís-Front Valencià será una alternativa para aquellos que no quieren votar ni al PP ni al PSOE
—¿Qué peso real puede tener un único diputado de Compromís-Front Valencià por Castellón?
—Nos gustaría conseguir los cinco escaños de la provincia, pero nuestro primer objetivo es que la gente de izquierdas pueda votar convencida de que su papeleta servirá para defender sus intereses y aportar soluciones, sin tener que hacerlo por miedo o por cálculos electorales. La realidad es que, si las fuerzas de izquierdas no tienen un peso determinante en el Gobierno, es mucho más difícil impulsar políticas progresistas. Estoy convencido de que conseguiremos representación por Castellón. Hay encuestas que no nos incluyen y otros cuyos resultados desconocemos, pero los sondeos en los que sí aparece Compromís-Front Valencià muestran que hay personas que quieren una opción valiente, sin tener que elegir entre distintas alternativas por descarte.
Muchos votantes conocen los compromisos incumplidos del PSOE y sus problemas judiciales y ven en nosotros una alternativa con experiencia de gobierno y capacidad de negociación. En Castelló hemos demostrado que se puede mantener un perfil propio y ser reivindicativos, incluso tomando decisiones sobre nuestra participación en el gobierno municipal para conservar esa autonomía política. Conseguir el escaño significaría que Compromís-Front Valencià tendría más voz y fuerza en el Congreso, con capacidad para defender los intereses del País Valencià en condiciones similares a las que tienen otras formaciones territoriales, como las vascas o las catalanas. Al final, no se trata únicamente de a quién votas, sino de si esa persona va a defender tu tierra y tus intereses. Esa es la utilidad que queremos ofrecer desde Castellón.
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