CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló confirma la paralización del procedimiento para adjudicar la nueva explotación de la Oficina de Recaudación. Como era de prever, el Tribunal Administrativo Central (Tacrc) decreta la medida cautelar de suspender la licitación a fin de analizar el recurso registrado por FeSMC-UGT, que reclama incluir la subrogación de los 37 interinos que componen la plantilla en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas. Ante la existencia de la alegación y a la espera de conocer si se estimaba o no, la Junta de Gobierno Local ya había acordado dejar sobre la mesa la baremación de las ofertas.

Aunque la ley de contratación marca un plazo máximo de 9 meses para resolver recursos especiales, desde el equipo de gobierno se confía en que habrá un fallo del Tacrc antes de finalizar agosto. En efecto, para mediados de verano finaliza la actual concesión en favor de Servicios de Colaboración Integral (SCI), que asume el servicio desde hace años. Fuentes consultadas creen que existirá margen suficiente para renovar la prestación. Con independencia de que se llegue a tiempo, la demora a la hora de anunciar el adjudicatario no generará Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs).

Adelantarse a la decisión del Tribunal Administrativo

Esto es así al adelantarse el consistorio a la medida cautelar de Tribunal Administrativo, dado que los antecedentes apuntaban a una suspensión. Y es que en la licitación que se impelió en agosto de 2022, UGT ya presentó una alegación similar que terminó por desestimarse al interponerse "extemporáneamente". Sin embargo, y hasta conocerse la sentencia, sí que derivó en una interrupción de la tramitación administrativa.

El nuevo contrato de la Oficina de Recaudación contempla una mayor duración respecto al anterior, lo que se traduce un presupuesto mucho más elevado. Al sacarse a concurso por un periodo inicial de tres años, con posibilidad de acogerse a dos prórrogas de 12 meses cada una, el montante total supera los 8,8 millones de euros.

Posible cambio de ubicación para trasladarse a un local más amplio

El pliego comprende numerosas novedades, entre las que destaca la opción de cerrar el actual local de la calle Gobernador para abrir otro más moderno y amplio, siempre en un radio de menos de un kilómetro de la Casa Consistorial de la plaza Mayor. En la cláusula sexta de las bases sobre medios materiales y oficinas, se recoge la obligatoriedad por parte del adjudicatario de aportar un inmueble de al menos 400 metros y emplazado en el área de influencia del Ayuntamiento. El requisito de una distancia máxima de 700 metros tiene como fin evitar grandes desplazamientos al contribuyente entre el edificio adjunto al palacio municipal donde se ubica la gestión tributaria y el establecimiento donde se localice el servicio de recaudación.

Finalizado el plazo de presentación de propuestas, la concesionaria SCI y la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) se disputan la nueva cobertura. Ambas coincidieron en el postrero concurso público, que finalmente ganó la primera, reteniendo así la prestación. Según desveló el portavoz municipal, Vicent Sales, la semana pasada, la Mesa de Contratación ya ha abierto las plicas con la documentación y las ofertas con los criterios técnicos. No obstante, por la interposición del recurso especial, todavía no ha iniciado la fase de baremación.