CASTELLÓ. La provincia de Castellón presenta en 2024 unos niveles de renta superiores a la media de la Comunitat Valenciana, pero su población convive cada vez más con una brecha social que se agrava y que tiene en el acceso a la vivienda —y, especialmente, en el precio del alquiler— uno de sus factores determinantes. Así lo reflejan los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), que sitúan a la provincia como un territorio con ingresos medios relativamente altos, pero donde uno de cada cinco hogares declara tener dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes.
La renta media por persona en Castellón alcanza los 13.878 euros, por encima del promedio autonómico (13.374 euros) y solo por detrás de Valencia (14.184 euros). La provincia también destaca en renta por unidad de consumo, con 20.185 euros, frente a los 19.574 euros de la Comunitat, lo que la sitúa como segundo territorio con mayor capacidad adquisitiva ajustada al tamaño del hogar.
En términos de renta por hogar, Castellón registra 33.274 euros, también por encima de la media autonómica (33.031 euros) y solo ligeramente por debajo de Valencia (34.791 euros).
En conjunto, los datos muestran que Castellón se mantiene en una posición económica sólida en el conjunto del territorio valenciano.
Pese a esta mejor posición relativa, la provincia no escapa al aumento de las situaciones de vulnerabilidad que se observa en toda la Comunitat. La tasa AROPE —indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— sube hasta el 23,7%, casi tres puntos por debajo de Alicante (30,7%) y ligeramente por encima de Valencia (23,4%), pero aun así supone un incremento respecto al año anterior (+0,4 puntos).
La tasa de riesgo de pobreza, que analiza exclusivamente los ingresos, se sitúa en 17,9%, también por debajo de la media valenciana (20,3%). Aun así, sube medio punto respecto al año anterior. Si se incluye el alquiler imputado, la tasa baja al 16,3%, pero continúa reflejando un deterioro progresivo de las condiciones de vida.
Aunque los niveles de renta son superiores a la media autonómica, el 19,8% de los hogares castellonenses —prácticamente uno de cada cinco— afirma tener dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes. Se trata de un porcentaje ligeramente superior al de Valencia (19,5%) y solo inferior al de Alicante (21,9%).
Este dato refleja un fenómeno creciente: los ingresos suben, pero los gastos esenciales, especialmente la vivienda, crecen mucho más rápido, erosionando la capacidad real de las familias.
El precio de la vivienda tensiona la economía doméstica
El aumento del coste de la vivienda en Castellón se ha convertido en un elemento clave para entender esta brecha. Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, el precio por metro cuadrado ha subido un 11,4% en el último año y se ha encarecido un 20% en solo dos años, alcanzando los 1.317 euros/m², su nivel más alto desde 2012.
El alquiler, tradicionalmente más asequible en la provincia, también se ha disparado: ha pasado de 529 euros mensuales en 2019 a 721 euros en 2025, un incremento del 36%. Esta dinámica tensiona las economías domésticas incluso en territorios que no eran considerados como mercados inmobiliarios calientes.
Este encarecimiento coincide con un aumento de la demanda —incluida la inversión— y una oferta limitada, especialmente en áreas urbanas, lo que explica que más hogares con ingresos medios empiecen a mostrar dificultades económicas a final de mes.
Los resultados de la ECV se alinean con las conclusiones del Informe FOESSA 2025, presentado por Cáritas Comunitat Valenciana hace apenas tres semanas. Según este estudio, una de cada cinco familias valencianas vive en exclusión social, una cifra que apenas ha mejorado desde 2018.
El informe alerta de que las familias que ya estaban en situación precaria tras la crisis financiera y la pandemia no han logrado recuperarse, y que la vivienda es uno de los principales vectores de desigualdad. De hecho, el 48,3% de las personas que viven de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza, un dato especialmente significativo en un contexto donde el coste del arrendamiento se ha duplicado en la última década en la Comunitat Valenciana.
El informe subraya que el aumento del precio del alquiler reduce la capacidad de las familias para afrontar otros gastos esenciales, empujándolas hacia situaciones cercanas a la pobreza o la exclusión. También recuerda que más de 1,2 millones de personas en la Comunitat presentan algún tipo de dificultad relacionada con la vivienda, desde la imposibilidad de afrontar imprevistos hasta problemas de habitabilidad o eficiencia energética.
