CASTELLÓ. La Universitat Jaume I de Castelló se prepara para dar respuesta a uno de los grandes retos que afronta el sistema universitario: el acceso a la vivienda. Con casi un 40% de su alumnado procedente de fuera de la provincia —una de las tasas más altas del sistema universitario español—, la institución pública impulsa un proyecto de construcción de viviendas de alquiler asequible destinadas al colectivo universitario. La iniciativa busca ofrecer una alternativa habitacional en un contexto de falta de oferta y precios de arrendamiento en máximos históricos.

La propuesta contempla la creación de un nuevo edificio residencial en una parcela de 3.700 metros cuadrados de suelo universitario, ubicada entre la Escuela Infantil y el campo de cross del campus de Riu Sec. Se trata de un solar estratégicamente situado junto al futuro acceso Oeste de la ronda de circunvalación, pensado para reforzar la conectividad del entorno universitario.

Según la información facilitada por la propia universidad, el proyecto se encuentra en fase de estudio de viabilidad y anteproyecto, a cargo de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP). La previsión inicial apunta a una inversión de alrededor de seis millones de euros, con capacidad para más de 150 residentes distribuidos en pisos compartidos de dos, tres y cuatro habitaciones.

La UJI prevé licitar en 2026 la concesión para la edificación y gestión del complejo residencial bajo un régimen de arrendamiento sostenible, con el objetivo de mantener los precios dentro del umbral de vivienda asequible. Para lograrlo, la institución considera clave la implicación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como entidad financiadora a bajo interés, lo que permitiría reducir los costes de explotación y garantizar una oferta adaptada al poder adquisitivo del estudiantado.

El carácter abierto y cosmopolita de la UJI refuerza la necesidad de disponer de alojamiento universitario. En el presente curso, la universidad cuenta con 11.600 alumnos de grado y más de 1.000 de máster, de los cuales el 40% procederían de fuera de la provincia de Castellón (cerca de 5.000). Si a esta cifra se suman los 1.000 estudiantes extranjeros matriculados en programas oficiales, los 400 participantes en programas de movilidad internacional y el centenar de investigadores invitados que pasan cada año por el campus, el resultado es que más de 6.500 personas vinculadas a la UJI podrían requerir alojamiento en la provincia.

Cabría señalar que una parte del alumnado externo cursa estudios online, especialmente en programas de posgrado, por lo que esta cifra representa una demanda potencial, no necesariamente real, pero sí un indicador sólido de la necesidad de soluciones habitacionales asequibles y próximas al campus.

La atracción de talento global es, además, uno de los ejes estratégicos de la institución. Programas de excelencia como el Máster Internacional en Estudios para la Paz, con 75 estudiantes de 40 países, o los Erasmus Mundus, consolidan a la UJI como un polo académico internacional. A ello se añade la llegada anual de personal investigador procedente de universidades y centros de todo el mundo.

“Facilitar alojamiento asequible es una cuestión de igualdad de oportunidades”, subrayan desde la UJI, que vincula el proyecto directamente con su compromiso de garantizar la equidad en el acceso a la educación superior.

El contexto, sin embargo, no es favorable. La provincia de Castellón atraviesa una situación de fuerte escasez de vivienda en alquiler, con precios que, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), han subido en torno a un 15% respecto al año pasado. “Antes una habitación se alquilaba por 200 euros o algo más; ahora piden entre 250 y 280 euros, y algunas se acercan a los 300”, señalaba recientemente el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedéu.

La presión de la demanda ha igualado los precios de las zonas próximas al campus con los del centro de la ciudad, tradicionalmente más caros, y ha disparado los costes de los pisos compartidos. Esta situación condiciona la vida universitaria: muchos jóvenes deben compatibilizar sus estudios con trabajos a tiempo parcial para poder pagar el alquiler, lo que repercute en su rendimiento académico, tal y como advierten desde algunos colectivos estudiantiles. Desde el ámbito sindical y juvenil se alerta de una brecha social creciente. 

La UJI mantiene activa desde hace años una bolsa de alojamiento que facilita el contacto entre propietarios y estudiantes, ofreciendo una base de datos con anuncios, precios y características de los pisos disponibles en la ciudad. Sin embargo, el aumento de la demanda y la subida sostenida de los precios evidencian la necesidad de dar un paso más con la creación de un parque propio de vivienda universitaria.

El nuevo proyecto, con precios regulados y criterios de sostenibilidad, pretende ser una respuesta estructural al problema del alojamiento estudiantil en Castellón. Una medida que, según la propia universidad, contribuirá no solo a aliviar la presión del mercado local, sino también a reforzar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en el acceso a la educación superior.