CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló activa el último engranaje material para ocupar su parte del renovado edificio de la plaza Borrull. En este sentido, el consistorio ha formalizado el contrato para el suministro de mobiliario de oficina, asignado a la firma madrileña Geralvez Proyectos Contract por 162.000 euros, lo que permite iniciar la ejecución del montaje desde este lunes —el día siguiente a la firma— con un plazo máximo de 90 días. Con este hito, el calendario del traslado entra en su fase operativa: la instalación del equipamiento marcará el ritmo de la implantación de los servicios municipales en el inmueble compartido con la Generalitat Valenciana.

De esta manera, la firma del acuerdo entre las partes sella la adjudicación aprobada a mediados de marzo por la Junta de Gobierno Local y cierra el procedimiento abierto que atrajo la atención de trece empresas. La oferta de la mercantil de Fuenlabrada se impuso con la máxima puntuación al combinar la propuesta económica más competitiva con mejoras en la garantía, en un expediente que partía de un presupuesto base superior a los 276.000 euros. La rebaja final —por encima del 40 %— ajusta el coste sin alterar, según los informes técnicos, las prestaciones exigidas en términos de funcionalidad, ergonomía e integración estética en un edificio rehabilitado con criterios contemporáneos.

En términos de alcance, el contrato cubre el suministro e instalación de más de 140 mesas de trabajo, alrededor de un centenar de sillas, además de armarios, sistemas de archivo y zonas de espera. El mobiliario se distribuirá en las cuatro primeras plantas y parte de la sexta, donde se ubicarán las áreas de Servicios Sociales, así como departamentos vinculados a Igualdad, Familia y Empleo y la futura Oficina de la Discapacidad. En resumen, se trata de uno de los nodos administrativos de mayor volumen del nuevo complejo, por lo que la adecuación de los espacios —tanto en capacidad como en organización interna— resulta determinante para absorber la atención diaria a la ciudadanía.

El concurso por la vigilancia del edificio

En paralelo, el Ayuntamiento avanza en otro frente ligado al funcionamiento del edificio: la contratación del servicio de vigilancia. Así, la Mesa de Contratación ha evaluado las propuestas técnicas de las trece empresas concurrentes, con una clasificación encabezada por la castellonense Casva Seguridad, que obtiene 42 puntos en los criterios sujetos a juicio de valor —planificación operativa, gestión de riesgos y documentación—. Por detrás, le siguen la madrileña Ilunion Seguridad, con 33 puntos, y un grupo de aspirantes —entre ellos el Grupo Eulen, Iman Seguridad o Grupo Sureste— que alcanzan los 30 puntos.

Además, el análisis del órgano municipal también depura el procedimiento con dos exclusiones. Por un lado, Homeland Security Spain y Seguprot quedan fuera al no alcanzar el umbral mínimo de 22,5 puntos en la valoración técnica. Por otro, la Mesa propone rechazar la oferta de Vigiprot por vulnerar el secreto de las proposiciones al incluir en el sobre técnico información correspondiente a criterios evaluables automáticamente, en contra de lo establecido en los pliegos y la legislación. Ahora, con la apertura y el estudio de las plicas económicas, el contrato de seguridad encara su fase decisiva mientras el equipamiento interior de Borrull inicia la cuenta atrás de tres meses para completar la instalación.

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