CASTELLÓ. La Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló ha aprobado por unanimidad una resolución para defender el sistema público de servicios sociales y exigir al gobierno de Carlos Mazón que desbloquee de manera urgente el pago de la deuda con los ayuntamientos y garantice un financiamiento digno para evitar recortes y despidos.
La secretaria de Política Social, Silvia Gómez, señala que "el Consell de Mazón está asfixiando los servicios sociales municipales al dejar sin convenio marco y sin cobrar a los ayuntamientos desde finales de 2024", lo que mantiene en riesgo, o incluso ha sentenciado ya, programas de atención social y dejado sin respuesta a miles de personas en situación de vulnerabilidad. "Los servicios sociales públicos no pueden seguir siendo víctimas del desinterés del Partido Popular", lamenta Gómez, quien señala a Mazón y Camarero como "responsables de haber dejado caducar el anterior contrato programa sin haber preparado y consensuado el plan plurianual que lo debía suceder".
"Lo que decimos es que los ayuntamientos no pueden seguir soportando en solitario el peso de las políticas sociales. La Generalitat está incumpliendo sus compromisos de financiación y, por lo tanto, provocando un problema monumental a las administraciones locales, que no pueden sufragar directamente estos servicios porque no forman parte de su ámbito competencial. Esto ha abocado a muchos consistorios a decretar la supresión de programas y el despido de personal, con todas las consecuencias negativas que conlleva para las personas usuarias, en su gran mayoría vulnerables", explica Gómez.
Ante esto, la coportavoz del PSPV en materia social en Les Corts reclama en la resolución que se retorne al modelo del gobierno de Ximo Puig, "que blindó por ley que los servicios sociales fueran un derecho subjetivo con una gestión pública y directa, con lo que se dejó atrás la política de caridad del PP".
La propuesta de acuerdo aprobada exige a la Generalitat que garantice la continuidad de unos servicios sociales públicos, dignos y de calidad, y que adapte el presupuesto del nuevo contrato programa 2025-2028 a las necesidades reales de los municipios. Además, se reclama que se ejecute el acuerdo de homologación salarial del personal de los servicios sociales aprobado durante la anterior legislatura y que se ponga en marcha un plan para reducir las listas de espera en dependencia, además de dotar presupuestariamente para garantizar la supervivencia del Plan Convivir.
"El modelo de Ximo Puig era un sistema inclusivo, centrado en las personas y en la igualdad de oportunidades, con servicios adaptados a las necesidades de cada uno y coordinados con otros ámbitos como la educación o la sanidad", destaca Gómez. "Ahora vemos cómo el PP está desmantelando de forma silenciosa este modelo para volver a un modelo caducado, privatizador, caritativo, desigual e insuficiente". "No permitiremos que se desmantele el escudo social construido por los socialistas y mucho menos les dejaremos que se salgan con la suya", añade.
