CASTELLÓ. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ha sacado a licitación el desarrollo de las cuatro parcelas municipales que le cedieron en octubre del año pasado los ayuntamientos de Benicarló y Vinaròs para la construcción de pisos protegidos.

En Benicarló, la operación que sí va adelante afecta a dos solares situados en las inmediaciones del colegio público Ángel Esteban. El primero cuenta con 923 metros cuadrados y está ubicado en el número 31 de la calle Asturias; su permuta está valorada en 154.251 euros. El segundo, de 926 metros cuadrados, se encuentra en el número 36 de la calle Toledo y está tasado en 183.126 euros.

En Vinaròs, la EVHA ha incluido en la licitación una parcela de 304 metros cuadrados en el número 28 de la calle Fray Pere Gonell, valorada en 237.789 euros, así como otra de 188 metros cuadrados situada en el número 2 de la calle de les Camaraes, tasada en 206.352 euros.

Las empresas que resulten adjudicatarias deberán ejecutar la promoción de viviendas de protección pública en un plazo máximo de tres años y entregar a la Generalitat los inmuebles resultantes cuyo valor equivalga a la tasación de los solares para destinarlos a alquiler asequible o a venta con precios regulados. El resto de las viviendas podrá comercializarlas la promotora privada.

Estas dos enajenaciones son las primeras que se licitan en la provincia, fuera de la capital castellonense, bajo esta nueva fórmula público-privada.

La fallida intención en Burriana

No todas las operaciones de este tipo han prosperado en los últimos meses. En Burriana, en marzo del año pasado, la EVHA revertió a la propia Generalitat el solar situado en el número 2 de la calle Thomas Alba Edison que había recibido, al no cumplirse la condición impuesta en su día cuando lo cedió gratuitamente. La fallida intención era construir un bloque de vivienda pública en un lateral de la plaza que actualmente funciona como aparcamiento improvisado, justo enfrente del colegio Francisco Roca i Alcayde.

La Generalitat no es la única administración que trata de impulsar vivienda pública a cuentagotas en el actual contexto de mercado inmobiliario pensionado, con precios disparados tanto en compra como, especialmente, en alquiler. En Vilafamés, ya están ocupadas dos de las cinco viviendas sociales habilitadas por el consistorio en el edificio municipal del número 2 de la plaza del Ayuntamiento. “Optamos por destinarlas a personas empadronadas aquí desde hace más de un año que hayan sido desahuciadas, hayan entregado su vivienda habitual como dación en pago o sean víctimas de violencia machista y, por suerte, solo se han entregado dos en alquiler ya que eso significa que no tenemos en Vilafamés a más personas en esa delicada situación”, explica el segundo teniente de alcalde, Raül Forcadell.

El Ayuntamiento invirtió 344.850 euros a finales de 2022 para rehabilitar el inmueble, de 312 metros cuadrados, con el objetivo de destinarlo a este uso durante 50 años. La ordenanza municipal establece como requisitos para acceder a una de estas cinco viviendas haber residido en Vilafamés al menos un año, haber entregado la vivienda habitual al banco como dación en pago, haberla perdido por un siniestro o una declaración de ruina, haber sido desahuciado en los seis meses anteriores a la solicitud o contar ya con fecha de lanzamiento.

La estancia máxima en la vivienda municipal es de un año y medio. Se prioriza a las familias monoparentales frente a las numerosas y también a personas con discapacidad o en situación de dependencia, víctimas de violencia machista y aquellas con un bajo nivel de renta.

Otras iniciativas municipales en la Vall y Almenara

Más al sur, en La Vall d’Uixó, la última iniciativa municipal para movilizar vivienda pública no ha tenido el resultado esperado. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento declaró desierto, por falta de empresas interesadas, el contrato para construir un edificio residencial de tres viviendas municipales en el solar ubicado en la esquina de las calles Andalucía y San Jacinto.

El proyecto consistía en el derribo de la antigua vivienda de 1960, hoy deshabitada y en estado de abandono, para levantar un edificio plurifamiliar destinado a alquiler social. La inversión prevista ascendía a 437.611 euros y debía ser sufragada por la Generalitat. Cada una de las tres viviendas iba a tener tres dormitorios. El consistorio deberá reformular ahora el contrato para hacerlo más atractivo si quiere retomarlo y captar constructoras interesadas.

La Vall d’Uixó dispone, además, desde julio de 2021, de una oficina municipal de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana integrada en la Xarxa Xaloc. El Ayuntamiento aporta el personal de entre su plantilla, mientras que la Generalitat financia los gastos con 65.900 euros anuales.

Por último, en Almenara, el pleno aprobó en junio del año pasado una moción de Compromís para crear una Bolsa Pública de Alquiler Municipal que permita a los propietarios de viviendas vacías ofrecerlas a la ciudadanía a precios asequibles. El consistorio también aprobó en junio de 2024 una enmienda del PSPV a una moción del PP para ceder a la EVHA una parcela municipal de 7.471 metros cuadrados situada en el Sector 1, pero no ha llegado a realizar la tramitación.

Más allá de estas declaraciones de intenciones sin consecuencias reales, el consistorio sí ha concedido ayudas directas al alquiler de entre 400 y 650 euros mensuales, además de hasta 200 euros al mes para gastos básicos de mantenimiento.

El encarecimiento del alquiler en Almenara se enmarca en una tendencia alcista que también se ha visto influida por la inminente implantación de la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto, que ha incrementado la demanda de vivienda en la zona.

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