CASTELLÓ. La Conselleria de Sanidad mantiene bloqueado desde hace dos años el proceso de adjudicación de la nueva oficina de farmacia que le corresponde a Almassora, pese a la situación de colapso que arrastra la atención primaria en el municipio.
La Administración autonómica autorizó el 19 de febrero de 2024 la apertura de una nueva botica, que se sumaría a las nueve ya existentes, pero desde entonces no ha activado el procedimiento para adjudicarla. Y, según auguran fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, tampoco lo hará a corto plazo. El motivo es la revisión del Decreto 149/2001, de 5 de octubre, norma que hasta ahora regulaba el procedimiento para adjudicar nuevas oficinas de farmacia. "Recientemente se inició un trámite de consulta pública previa para la elaboración de un futuro decreto del Consell que establecerá los nuevos criterios de selección de oficinas", explican desde el colegio profesional. Este proceso, añaden, "retrasa aún más el arranque" de la adjudicación en Almassora. Una vez entre en vigor el nuevo decreto que regulará los criterios aplicables a los procedimientos de autorización, la concesión de la farmacia pendiente "dependerá de la convocatoria oficial de la Conselleria de Sanidad".
La Ley 6/1998 de ordenación farmacéutica de la Comunitat Valenciana establece un módulo básico general de 2.800 habitantes censados para abrir la primera farmacia y, a partir de ahí, autoriza una botica adicional por cada 2.000 vecinos empadronados. En Almassora, las dos últimas farmacias de las nueve actuales abrieron en 2015, cuando el municipio contaba con 25.488 habitantes. Desde entonces, el censo ha crecido en más de 3.000 personas, pero la nueva oficina sigue sin materializarse.
La insuficiente red de farmacias guarda relación directa con la masificación que padecen los dos centros de salud de la localidad. El de Sant Pere tenía asignados 13.800 pacientes en junio del año pasado, lo que provocaba el colapso diario del servicio de Urgencias al demorarse más de 10 días la cita con el médico de cabecera. Una situación muy similar se registraba en el Centro de Salud Integrado de Pío XII, que además alberga las especialidades.
En este contexto, el Ayuntamiento culminó el pasado mes de enero la cesión a la Generalitat de la parcela municipal de 2.439 metros cuadrados donde se construirá el nuevo Centro de Salud Sant Pere. La alcaldesa, María Tormo, confía en que la Generalitat haga uso de la partida económica de 50.000 euros consignada en el presupuesto del año pasado para redactar el proyecto constructivo, una vez ya han finalizado los trámites de la mutación demanial externa. "El pueblo de Almassora necesita un centro de salud acorde a su población, por eso en 2023 se iniciaron los trámites para la cesión de la parcela. Ahora hay que construirlo para que tengamos un mejor servicio sanitario", subrayó en el pleno de enero.
En la actualidad, los vecinos adscritos al Centro de Salud Sant Pere reciben atención en un edificio levantado en 1986 que ha quedado obsoleto. La Generalitat ha acometido algunas obras para eliminar goteras y mejorar la zona de Urgencias, pero el plan pasa por derribar el inmueble y construir uno nuevo a escasos metros, en el aparcamiento que da a la calle de la Vila-roja.
La edificación del nuevo centro y la ampliación de la oferta asistencial para reducir el número de cartillas por facultativo concitan un respaldo unánime en la corporación municipal. El pleno aprobó por unanimidad el pasado mes de diciembre una moción presentada por Compromís en esa línea.
