CASTELLÓ. El Partido Popular y los partidos de la oposición (Compromís, PSPV y Vox) se han unido en el pleno de la Diputación de Castellón para exigir la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas. La moción, presentada por el PP, ha sido refrendada de forma unánime por el resto de grupos, todo para seguir adelante con el objetivo de proteger y blindar a los poblados costeros de la provincia.
David Guardiola, portavoz de Compromís, ha sido el primero en tomar la palabra y exponer que su coalición está de acuerdo con la modificación al estar la ley "desfasada". "Ni la Ley de Costas es de ahora ni los incumpluimientos son de ahora. Estamos tan de acuerdo que nos preguntamos por qué el PP de Aznar y Rajoy no propuso cambiarla nunca. No se ha hecho lo que se debía para proteger la costa con ningún Gobierno, ni con los del PSOE ni con los del PP, claro que tampoco han ayudado las ampliaciones del puerto sin una Declaración de Impacto Ambiental. Aprovechamos para exigir al puerto que de los 740 millones de euros que destinará a nuevas ampliaciones invierta un puñado en proteger la costa de municipios como Almassora", ha dicho.
Por parte del PSPV, María Jiménez ha achacado al Partido Popular que no hablara de la Ley de Costas "cuando gobernaban Aznar y Rajoy" y ha defendido que "quieren esconder que desde que gobierna Pedro Sánchez se han invertido más de 30 millones en la costa de Castellón". "Ahora, hay en marcha obras en Moncofa para la protección de su costa, obras a las que se han destinado más de 7 millones de euros. No son las únicas, pues ahí hay que añadir los 6 millones invertidos en Almenara-La Llosa, los 4,7 en Almassora o las actuaciones en Vinaròs o Xilxes. Os pedimos que paréis de hacer demagogia y no faltéis a la verdad", ha sentenciado.
En respuesta a ambos grupos, José María Andrés, diputado del PP, ha criticado que "Compromís lleve dos años paralizando la ley" y ha instado al PSPV a que "pida al Gobierno que acelere todas las acciones de regeneración pendientes, pues nuestro litoral está cada vez más deteriorado con el paso de todos los temporales". Así mismo, ha asegurado que "las medidas de regeneración de nuestras playas se aprobaron en el 2015, cuando gobernaba Rajoy, y ahora se dispone de financiación necesaria para llevarlas hacia adelante. De un total de 30 obras, solo se han ejecutado cinco, exigimos compromiso e inversión", ha declarado.
Por último, Luciano Ferrer, portavoz de Vox, ha justificado su voto favorable como una consecuencia de su "apoyo a la Ley de Costas Valenciana" y del compromiso del partido "con el sentido común, la protección de las playas y quienes las han habitado".
Lucha contra la exclusión bancaria y 15,2 millones para el Fondo de Cooperación
Este 20 de enero, no solo ha habido acuerdo entre los grupos para reclamar la reforma de la Ley de Costas, sino también para luchar contra la exclusión bancaria en los pueblos del interior de Castellón. Compromís, en una moción apoyada por el resto de partidos, ha denunciado mediante Guardiola que "el cierre de oficinas bancarias está dejando a miles de personas sin un acceso digno a servicios básicos como sacar dinero o recibir atención presencial", y el acuerdo alcanzado establece que la Diputación lidere la propuesta y que garantice, como mínimo, la presencia de cajeros automáticos modernos, accesibles y operativos así como una atención presencial adaptada a la realidad de los pueblos.
Además, con los votos a favor de PP, Compromís y Vox y la abstención del PSPV se ha aprobado una inyección de 15,2 millones de euros para dar liquidez a los municipios a través del Fondo de Cooperación Municipal. Samuel Falomir, portavoz socialista, ha argumentado que "cuando los costes suben, congelar es recortar en términos reales", a la vez que ha declarado que "si la Diputación recibe más, la obligación es responder mejor y con más recursos, pues la institución que está en primera línea de todo es el ayuntamiento".
Por último, Marta Barrachina, presidenta de la corporación, ha manifestado en una declaración institucional la "profunda preocupación" de PP, PSPV, Compromís y Vox ante el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur "tanto por el grave riesgo que supone para el sector agrario y ramadero, el medio ambiente y el equilibrio territorial de las comarcas de Castellón como por la forma antidemocrática mediante la que se ha impulsado su aplicación provisional".
No solo eso, sino que Barrachina ha sugerido al Gobierno de España que "exija a la Comisión Europea, además de las cláusulas de salvaguarda, inspecciones en origen, con el objetivo de que se cumplan las exigencias fitosanitarias y medioambientales que se exigen a la Unión Europea".
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