Así cambian las reglas para recuperar el dinero estafado por vía bancaria tras la sentencia del TJUE

Comunitat Valenciana

El fraude mediante operaciones no autorizadas es la principal preocupación de las familias valencianas con importes que llegan a alcanzar los 40.000 euros en algunos casos, según indican diversas asociaciones de usuarios

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VALÈNCIA. Desde devoluciones millonarias para la banca a simplemente un impacto limitado y con matices. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre de 2026 que obliga a las entidades bancarias a devolver de inmediato los importes sustraídos sus usuarios mediante operaciones bancarias no autorizadas suscita análisis diversos e incluso contradictorios entre sí. Mientras que las asociaciones de usuarios de la banca ven este dictamen como una pequeña victoria, para las entidades financieras supone sólo un cambio en el proceso que no impactará de forma significativa sus cuentas. 

Pero, ¿qué supone realmente la sentencia? En un primer momento se traduce en un cambio en el procedimiento de las reclamaciones que, al menos, supone una mayor protección para los usuarios a la hora de recuperar el dinero sustraído de sus cuentas. El tribunal europeo ha aclarado que las entidades financieras no pueden retrasar ni rechazar la devolución de una operación de pago no autorizada bajo el argumento de que el cliente pudo actuar con negligencia grave. A partir de ahora, el procedimiento debe seguir un orden: los bancos deben primero devolver el dinero y, posteriormente, determinar en los tribunales quién debe asumir las pérdidas.

La resolución, dictada en el asunto C-70/25, responde al caso de una mujer polaca que intentaba vender un objeto por Internet. Un supuesto comprador le envió un enlace fraudulento que simulaba ser de su entidad bancaria y que permitió a los estafadores obtener sus credenciales y realizar operaciones de pago. El conflicto llegó a la justicia europea después de que se cuestionara la obligación de la entidad de reembolsar el dinero cuando existían indicios de una posible negligencia grave por parte de la clienta.

El fallo interpreta la Directiva europea de servicios de pago, incorporada a la legislación española mediante el Real Decreto-ley 19/2018. En concreto, el artículo 45 establece que, cuando se produce una operación no autorizada, el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe inmediatamente y, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil desde que tenga conocimiento de la operación o reciba la notificación del usuario.

La única excepción contemplada para suspender esa devolución inmediata es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente ha cometido un fraude. En ese supuesto, deberá comunicar por escrito esos motivos a la autoridad nacional competente. La mera sospecha de que el consumidor ha sido negligente no permite paralizar el reembolso.

La sentencia no elimina, sin embargo, la posibilidad de que el cliente tenga que asumir finalmente las pérdidas. El artículo 46 del mismo real decreto-ley contempla que el usuario pueda ser responsable cuando haya actuado fraudulentamente o haya incumplido deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones de seguridad. La diferencia es que esa responsabilidad ya no puede utilizarse como argumento para evitar la devolución inicial.

Así, el banco tendrá que reembolsar primero el importe y, si considera que el consumidor incurrió en negligencia grave, podrá reclamarle posteriormente el dinero por la vía correspondiente. La entidad deberá acreditar que concurren las circunstancias legales para atribuirle esa responsabilidad.

Qué debe hacer el consumidor cuando descubre una estafa

El cambio de procedimiento no significa que el usuario deba permanecer pasivo. Los expertos en consumo consultados por ValenciaPlaza recomiendan actuar con rapidez desde el momento en que se detecta una operación sospechosa, tanto para tratar de recuperar el dinero como para dejar constancia de lo ocurrido.

El primer paso es comunicar inmediatamente el fraude a la entidad bancaria y solicitar formalmente el reembolso de las operaciones que no hayan sido autorizadas. La comunicación debe realizarse sin demora injustificada desde que el titular tenga conocimiento de los movimientos.

También es recomendable presentar una denuncia ante la Policía y conservar todas las pruebas disponibles: mensajes de texto, correos electrónicos, números de teléfono desde los que se realizaron las llamadas, enlaces recibidos, justificantes de transferencias y comunicaciones con el banco. Esta documentación permitirá reconstruir cómo se produjo la estafa y respaldar la reclamación.

Julián Tio, director de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), considera que el nuevo escenario facilita la recuperación del dinero para los afectados, aunque insiste en la importancia de que sean proactivos. Recomienda denunciar los hechos ante la Policía y, posteriormente, reclamar ante la entidad financiera. Las asociaciones de consumidores también pueden ayudar a tramitar estas reclamaciones.

Si el banco incumple su obligación de reembolso, el consumidor puede acudir a la vía judicial. Antes deberá cumplir, cuando proceda, el requisito de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias (MASC).

No todas las estafas están cubiertas por la sentencia

Uno de los principales matices que debe tener en cuenta el consumidor es que la resolución europea no establece una obligación general de devolver cualquier cantidad perdida en una estafa. Su alcance se circunscribe a las operaciones de pago no autorizadas, por lo que resulta fundamental determinar cómo se ejecutó el movimiento de dinero.

No es lo mismo que un delincuente acceda a una cuenta y realice una transferencia sin consentimiento del titular que una operación que el propio cliente ordena, aunque lo haga engañado por un tercero. En este último supuesto, la consideración jurídica de la operación puede ser diferente y no cabe trasladar automáticamente la protección reconocida por el TJUE.

También habrá que analizar las circunstancias concretas cuando el consumidor haya facilitado sus credenciales, códigos de confirmación o acceso remoto a su dispositivo. La entrega de estos datos no permite por sí sola al banco eludir la devolución inicial si se trata de una operación no autorizada, aunque sí puede ser relevante para determinar posteriormente si existió negligencia grave.

Stella Maris López, mediadora oficial en España de Adicae y técnica en consumo, considera que la sentencia introduce un cambio relevante en la posición del consumidor. Hasta ahora, en los casos en los que el banco alegaba negligencia grave, el afectado podía verse obligado a acudir a los tribunales para demostrar su derecho al reembolso. Con el nuevo criterio, la entidad deberá devolver primero el dinero y será ella la que tenga que reclamar después si considera que el cliente incumplió sus obligaciones de seguridad.

La experta advierte, además, de que no todos los casos son iguales. En determinadas estafas, el usuario puede haber facilitado el acceso a su ordenador o haber seguido las instrucciones de un supuesto asesor financiero. En estas situaciones habrá que estudiar si existió realmente negligencia grave o si el consumidor actuó bajo un engaño que condicionó su consentimiento. "Vemos con frecuencia muchas estafas de 4.000 euros, pero también nos llegan casos de cifras muy superiores. Hace poco hemos recibido uno de 40.000 euros", explica a este periódico.

El artículo 69 de la normativa europea establece que los usuarios deben utilizar los instrumentos de pago conforme a sus condiciones y proteger sus credenciales de seguridad personalizadas. También deben comunicar sin demora indebida el extravío, robo o uso no autorizado del instrumento cuando tengan conocimiento de ello. No obstante, el incumplimiento de estas obligaciones no permite al banco suspender automáticamente el reembolso.

Las estafas son cada vez más difíciles de detectar

La evolución de los métodos utilizados por los delincuentes añade complejidad a la hora de determinar la responsabilidad del consumidor. Los fraudes han dejado de limitarse a correos electrónicos con errores ortográficos o enlaces sospechosos. Ahora recurren a técnicas de suplantación cada vez más elaboradas, que reproducen incluso los canales habituales de comunicación de las entidades financieras.

Uno de los mecanismos que más preocupan a las asociaciones de consumidores es la suplantación telefónica. Los estafadores clonan el número de atención al cliente de un banco y llaman a sus víctimas haciéndose pasar por empleados de la entidad. En ocasiones conocen sus apellidos, datos personales e incluso los productos financieros que tienen contratados, lo que refuerza la apariencia de legitimidad.

El engaño suele comenzar con una supuesta alerta sobre un movimiento sospechoso en la cuenta. A partir de ahí, los delincuentes apelan a la urgencia y al miedo a perder el dinero para conseguir que la víctima siga sus instrucciones, facilite códigos o acceda a enlaces fraudulentos.

Otra modalidad consiste en enviar mensajes SMS que aparecen en la misma cadena de comunicaciones en la que el usuario recibe habitualmente las notificaciones legítimas de su banco. En ellos se advierte de una transferencia de elevado importe y se invita al destinatario a pulsar un enlace si no reconoce la operación.

Julián Tio recomienda interrumpir cualquier comunicación de este tipo y contactar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales para comprobar si realmente ha sido el banco quien ha intentado ponerse en contacto con el cliente. También advierte de que estas prácticas ya no afectan únicamente a personas mayores, puesto que la calidad de los mensajes y las técnicas de suplantación hacen cada vez más difícil detectar el fraude.

Desde Adicae, López apunta también a la importancia de analizar el consentimiento del usuario en cada caso. A su juicio, no siempre es sencillo determinar si ha existido imprudencia cuando la víctima ha sido sometida a un engaño elaborado y ha actuado convencida de que estaba siguiendo las instrucciones de su entidad financiera.

Más de 1.000 reclamaciones por fraude bancario en la Comunitat

La nueva interpretación europea tiene especial relevancia en un contexto de aumento de las estafas digitales y de las reclamaciones relacionadas con operaciones bancarias no consentidas. En la Comunitat Valenciana se registraron 55.109 denuncias por ciberestafas durante 2025. Más del 80% correspondieron a estafas informáticas, lo que supone al menos 44.087 denuncias por delitos de esta naturaleza, entre los que figuran las compras fraudulentas, la suplantación de identidad, los Bizum no autorizados y los fraudes bancarios.

Por su parte, la Memoria de Reclamaciones del Banco de España correspondiente a 2025 recoge 3.233 quejas presentadas desde la Comunitat Valenciana, un 35,9% menos que el año anterior. El fraude bancario fue el principal motivo de reclamación, con 1.001 expedientes, aproximadamente un tercio del total autonómico.

Valencia concentró 570 de estas reclamaciones, seguida de Alicante, con 347, y Castellón, con 87. La Comunitat representó el 10,5% de las quejas registradas en toda España, aunque el Banco de España solo admitió a trámite el 56%. Entre los motivos de inadmisión figuran cuestiones relacionadas con la falta de competencias del organismo y los casos en los que el usuario no había reclamado previamente ante su entidad financiera.

En este contexto, la sentencia del TJUE modifica el punto de partida de las reclamaciones por operaciones no autorizadas: el consumidor ya no tendrá que esperar a que se resuelva la discusión sobre su posible negligencia para recibir el dinero. La entidad deberá cumplir primero con la obligación de reembolso y, si considera que el cliente debe asumir las pérdidas, tendrá que acreditar posteriormente su responsabilidad.

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