VALÈNCIA. El PP liderado por Alberto Núñez Feijóo va dando pasos de aproximación a Vox, la formación capitaneada por Santiago Abascal que se ha convertido en su principal competencia y, al mismo tiempo, socia obligada en varias comunidades autónomas y, probablemente, en un hipotético Gobierno de España.

Este jueves se alcanzaba entre ambos partidos, después de meses de bloqueo, un acuerdo en Extremadura para un gobierno conjunto en el que la formación ultraconservadora contará con una vicepresidencia y dos consejerías. Un pacto en el que se imponían diversas medidas solicitadas por Vox en materia de inmigración, un asunto que se viene instalando cada vez con un carácter más prioritario para el partido de Abascal y donde el PP de Feijóo está empezando a ceder.

Así, algunas de las medidas sobre esta materia acordadas son las siguientes: la oposición de la Junta de Extremadura "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad"; "trabajar activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen"; "ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes"; la "supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal"; o el cese del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, entre otras.

Una serie de puntos que en la Comunitat Valenciana resultan familiares. Por ejemplo, días atrás PPCV y Vox alcanzaron un acuerdo en Les Corts para instar al Consell -gobernado por los primeros- a adoptar medidas como impulsar un programa de retorno voluntario de migrantes, reforzar la seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados o ubicar estas instalaciones a las afueras de los centros urbanos. Una línea que sigue a lo marcado por el ahora expresidente Carlos Mazón cuando anunció su acuerdo presupuestario con Vox en marzo de 2025 y declaró que la Comunitat Valenciana tenía "un problema con la inmigración ilegal", para anunciar que no admitiría "más repartos" de los que anunciaba Pedro Sánchez y buscaría "fórmulas legales" para que los menores acompañados que llegaran a la Comunitat pudieran "volver con sus familias".

Este discurso se ha redoblado en los últimos días con la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, reiteró este viernes el rechazo del Gobierno valenciano a este decreto -que recurrirá- al considerar que supondrá una "tensión extraordinaria" para los servicios públicos de la Comunitat y un "efecto llamada". "Es una irresponsabilidad de tal magnitud que la UE ha augurado que los migrantes regularizados en España no podrán tener libertad de movimiento en la UE", aseguró, para reprochar que esta regularización se acomete "sin presupuesto para las comunidades autónomas". Según su estimación, la regularizacón de "100.000 personas" en la Comunitat supondrá una "presión" adicional para la sanidad, la educación y los servicios públicos valencianos, así como para la vivienda. Un argumento ante el que la oposición replica que ya se está dando cobertura a esas personas en el sistema público.

¿Allana los presupuestos?

Por otro lado, tanto el pacto con Extremadura como las concesiones en inmigración, podrían contribuir a que el Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca pudiera mejorar su posición para encontrar el apoyo de Vox de cara a aprobar nuevos presupuestos. 

No obstante, Barrachina, preguntado por esta cuestión, aseguró no disponer información nueva sobre las posibles negociaciones: "Nuestro deseo es negociarlo y aprobarlo, pero no formo parte ni estoy en la situación diaria de la negociación, si la hubiera".