VALÈNCIA. Tras cerrarse el año 2025, es hora de hacer balance a muchos niveles. También en el sector público. Laura Ballesteros lleva seis meses al frente de la secretaría de Administración Autonómica y Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià y tiene identificadas las principales reivindicaciones de los funcionarios valencianos: la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas y la mejora del decreto de teletrabajo, que según explica Ballesteros "no es funcional". La representante sindical denuncia que todas las Consellerias de la Generalitat Valenciana están "recortando los programas" de teletrabajo y que el Consell tiene "reticencias" a este modelo. "Parece que se tiene esa idea de que la presencialida viste más para un funcionario", lamenta la representante de UGT, quien recuerda que en la pandemia "muchos departamentos funcionarion y no solo eso, sino que redoblaron el trabajo" pese a que "no se tenía la experiencia que se tiene ahora".

Por otra parte, Ballesteros insiste en la urgencia de negociar la implantación de las 35 horas semanales en el sector público valenciano, una condición que está reconocida pero que todavía no se está apolicando. "Es verdad que la negociación va a ser importante porque, aunque en los puestos burocráticos es bastante sencillo acoplar las horas, también hay servicios que funcionan 24 horas y 7 días a la semana como residencias o centros de menores", señala, por lo que reconoce que ahí "va a ser más difícil su implementación". "Precisamente por eso creemos que hay que empezar a trabajar ya en la negociación para alcanzar un acuerdo y llegar a 2027 con todo preparado", insiste.

A ello se añaden otras preocupaciones como las modificaciones en la constitución de las bolsas de trabajo, donde, según denuncia, se va a dejar de tener en cuenta la experiencia y solo se atenderá a la nota de la oposición. "No contará la experiencia, ni el valenciano, ni las titulaciones ni los cursos selectivos, y eso genera una preocupación muy grande", explica. Y aunque admite que "tiene que entrar gente joven", recalca en que se ha de hacer "sin dejar atrás a quienes llevan años sosteniendo la administración". "Es gente que lleva muchos años aquí, hay mucha gente que estuvo trabajando durante la pandemia", defiende.

Sobre estas y otras cuestiones como el acuerdo de subida salarial a nivel estatal o la implementación progresiva de la Inteligencia Artificial en la administración, Ballesteros responde a las preguntas de Valencia Plaza en la sede de UGT-PV.

- Quería preguntarle, en primer lugar, en estos seis meses ¿cómo ha visto el sector público al llegar al cargo? ¿Cuál es la valoración general y cuáles son las principales preocupaciones que tiene en el sector?
- En el sector público, en concreto puedo hablar de la administración del Consell, que es la parte que más llevamos en autonómicas. Sí que vemos una preocupaciones que arrastramos desde hace tiempo, como la jornada de 35 horas. Sabemos que en la administración general del estado ya tienen la previsión de que se cumplirá en febrero, pero que aquí todavía no está aplicada. En nuestro caso, a nivel autonómico, la jornada de 35 horas stá recogida en el acuerdo de legislatura y estamos en plazo hasta 2026, pero es una inquietud importante para la gente.

También preocupa que haya un decreto de teletrabajo mejor y más flexible. Está igualmente en el acuerdo de legislatura y nos encontramos todavía en plazo, pues todavía queda todo 2026, pero creemos que son negociaciones que hay que abordar con tiempo porque son complejas y muy relevantes.

Ahora mismo, además, hay un tema candente: el cambio en las bolsas de trabajo con el nuevo decreto de selección y provisión que se está negociando. Supone un cambio muy importante respecto a cómo se ordenaban las bolsas hasta ahora, porque va a dejar de valorarse la experiencia. La experiencia de toda la gente que lleva años trabajando pasará a valer cero, y las bolsas se ordenarán solo por la nota del examen. No contará la experiencia, ni el valenciano, ni las titulaciones ni los cursos selectivos, y eso genera una preocupación muy grande.

- Esto también facilitará el acceso a personas que no forman parte de la administración, ¿no?
- Sí, sí, por supuesto. Porque tenemos una previsión de que en los próximos seis años va a haber más de 5.000 jubilaciones. En 2028 se jubilarán unas 800 personas al año y a partir de 2029 casi 1.000 al año. La plantilla está muy envejecida: más del 70 % tiene más de 50 años. Nosotros también apostamos por el talento joven, pero creemos que debe compensarse poniendo también en valor la experiencia de personas que no pudieron estabilizar su plaza en los procesos de estabilización porque no han funcionado todo lo bienm que deberían.

Es gente que lleva muchos años aquí, hay mucha gente que estuvo trabajando durante la pandemia. Y no se trata solo de trabajo a nivel burocrático sino también en servicios sociales, educación o sanidad. Hay gente que estuvo sosteniendo la administración desde los cimientos y que ahora su experiencia valga cero no nos parece correcto. Se podrían conjugar ambas cosas. Hay otras administraciones que conjugan ambos modelos. Por ejemplo, la Universitat de València combina oposición pura y concurso-oposición. Tiene que entrar gente joven pero sin dejar atrás a quienes llevan años sosteniendo la administración.

- ¿En qué punto están estas exigencias? ¿La Conselleria ha tomado en consideración estas reivindicaciones?
- Se ha negociado un decreto de selección y provisión, pero para los cuatro sindicatos más representativos esta cuestión es una línea roja. Se ha intentado negociar pero no hemos conseguido eliminarla. Teníamos prevista una concentración el 16 de diciembre, pero se canceló por la alerta roja y luego naranja, y con toda seguridad la retomemos en enero por este tema.

- Sobre el nuevo conseller de Administración Pública, José Antonio Rovira, exconseller de Educación hasta hace poco, ¿cómo lo valoran?
- Personalmente todavía no he tenido ocasión de conocerlo, pero sí que es verdad que tenemos cierta información de los compañeros de la Conselleria de Educación, donde no ha cumplido todo lo que se esperaba. Ha habido conflictos en temas de personal y condiciones de trabajo, y de hecho ha habido concentraciones y se llegó a una huelga muy importante. Por tanto, estamos expectantes para ver cómo funciona con esta nueva conselleria. Esperamos que se la tome en serio y que haya aprendido un poquito de la mala gestión y de los errores que parece que ha cometido en Educación para ir a mejor. Allí las negociaciones fueron infructuosas, y ya te digo, para llegar a una huelga... Esta parte de Función Pública, nosotros, también participamos con nuestro personal de Educación, fue una huelga bastante concurrida, la plaza de la Vírgen estaba llena y la gente estaba realmente enfadada.

- Comentaba que todavía no se había aplicado la jornada de 35 horas en la Generalitat Valenciana, ¿se prevé que se aplique en 2026?
- En el acuerdo de legislatura estaba prevista su negociación en 2025-2026. La administración dice en la página web que está en plazo y que se espera negociar y llegar a un acuerdo. Nosotros también queremos que se empiece a negociar ya y llegar a un acuerdo pero no se ha empezado todavía, es algo que llevamos esperando mucho tiempo. En nuestro decreto de condiciones de trabajo ya tenemos implementadas las 35 horas y contamos con el visto bueno del Estado, no hace falta negociar mucho más aquí. Pero es verdad que la negociación va a ser importante porque, aunque en los puestos burocráticos es bastante sencillo acoplar las horas, también hay servicios que funcionan 24 horas y 7 días a la semana como residencias o centros de menores. Ahí va a ser más difícil su implementación porque seguramente hará falta reforzar el personal. En un inicio, probablemente tenga que ser personal interino porque los turnos se van moviendo y se necesitará más personal y, por tanto, más inversión. Precisamente por eso creemos que hay que empezar a trabajar ya en la negociación para alcanzar un acuerdo y llegar a 2027 con todo preparado.

- Sobre el teletrabajo, hablaba de la necesidad de contar con un decreto mejor y más ágil, ¿qué disfunciones tiene el decreto actual?
- En un principio, nosotros apoyamos el decreto, aunque con alguna que otra reticencia, pero ahora estamos viendo que no es funcional. Es un decreto muy rígido y estanco, que requiere mucha iniciativa de las subsecretarías, de manera que no se está aplicando en todos los servicios, ni muchísimo menos. De hecho, en vez de ir a más, va a menos. En Labora, por ejemplo, se empezó con tres días de teletrabajo y ahora se ha reducido a uno.

Además, los programas son muy estancos. La persona que está trabajando en un servicio en el momento en que se crea el programa puede acogerse a él, pero si esa misma persona se mueve de sitio, aunque sea al sitio de al lado, ya ha salido del programa de teletrabajo.

- De hecho, como publicamos, el Defensor del Pueblo ya advirtió sobre estas disfunciones
- Es que con los procesos de estabilidad, tenemos comisiones de servicios, cooncurso de traslados, movilidad, eso en estos dos últimos años está sioendo tremendo. Entonces, al final, muchas personas que comenzaron teletrabajando ya no lo están haciendo hasta que no se haga un nuevo programa. Y eso requiere una burocracia muy importante. La administración también es conocedora de eso y sabe que no está funcionando. Necesitamos un decreto ágil, que permita realmente teletrabajar y sobre todo que no recorte derechos. Hay que creer en el teletrabajo como una forma de trabajo distinta, a distancia, pero igual de eficaz.

- ¿Opina que el Consell cree realmente en el teletrabajo o hay reticencias?
- Creemos que hay reticencias. No decimos que no se crea en absoluto, pero sí que existen, y se nota porque los programas se están reduciendo.

- ¿Por qué?
- No sabemos exactamente por qué, pero parece que es una política que viene dada a todas las Consellerias porque están recortando todos los programas. No sé si decirte que puede ser que de cara a la galería la presencialidad en el puesto de trabajo de los funcionarios quede mejor. Es cierto que que hay puestos que no son susceptibles del teletrabajo como aquellos que implican atención directa, muchos puestos en institutos, centros de salud o residencias que no van a poder teletrabajar nunca, pero hay otros que no tienen atención directa, que están dentro de la administración y que la gente nunca ve, puedes hacer el trabajo perfectamente a distancia porque de hecho en la pandemia no se tenía la experiencia que se tiene ahora y muchos departamentos funcionarion y no solo eso, sino que redoblaron el trabajo, se trabajó muchísimo. Ahora mismo también se está trabajando mucho desde casa pero parece que se tiene esa idea de que la presencialidad viste más para un funcionario.

- A nivel estatal, se llegó a una cuerdo de subida salarial pero es cierto que la Generalitat aún no lo ha aplicado. ¿Qué saben?
- Todavía no se ha aplicado. En la mesa general de negociación que tuvimos nos dijeron que probablemente se haga efectivo en la nómina de febrero y, si no, en marzo. Además, nosotros hemos pedido otra mesa para hablar específicamente de este tema. Como tarde, será en marzo, pero esperemos que más de ahí no se vaya porque hay ayuntamientos que ya lo han cobrado este mes de diciembre y en alguna otra comunidad autónoma ya han cobrado. Sabemos que es un trabajo importante pero si se quiere, se puede.

Somos conscientes de que no se recuperará todo el poder adquisitivo perdido respecto a los recortes que hubo en su momento, pero el acuerdo es importante y hay muchos avances. En ocho años se alcanzará una subida acumulada cercana al 20% más en 13 meses. Ahora mismo vamos a tener un acuerdo del 9% que llegará a un 9,3% con el raastre, y cuando finalice en 2028 será un 11% que se puede convertir en un 11,4%. Entonces, no vamos a recuperar el poder adquisitivo que teníamos pero sí vamos por  buen camino.

- A veces se critica que estas subidas contrastan con el sector privado.
- Para 2025 y 2026 la subida será del 4 % en total, con un 2 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, más un 0,5 % ligado al IPC. No son subidas especialmente elevadas. En 2027 sí habrá una subida del 4,5%, es probablemente la subida más impoortante

- El año que viene, cuando es año electoral.
- Sí, coincide en año electoral pero es verdad que hasta ahora había un techo de gasto que era el 4%. Puede ser que coincida con año electoral pero es que es el primer año en el que se podía subir ese techo de gasto.

- Este acuerdo también habla de eliminar la tasa de reposición.
- Sí, ese es uno de los puntos más importantes. Tenemos que ver si se puede cumplir, porque esto ya va un poco ligado a los presupuestos generales del Estado pero sí que van a poner algún mecanismo para que esto se pueda cumplir en todas las administraciones.Es un avance muy importante, porque hay veces que, como te comentaba, por ejemplo, con las jubilaciones, hay más jubilaciones y hay más déficit de plazas del que realmente se pueden convocar. Al final esto merma el servicio público porque tienes menos gente trabajando de la que pudieras. Este punto lo llevamos reivindicando años y años y cuando se produzca la verdad es que va a ser muy beneficioso para la activación y el rejuvenecimiento de las plantillas públicas.

- Luego cada administración decidirá si hace uso de ello.
- Claro, pero la mayoría querrá hacerlo, porque muchas están bajo mínimos y hasta ahora no podían por las limitaciones de la tasa de reposición.

- También se está hablando mucho de la inteligencia artificial. ¿Les genera dudas?
- Sí. Este acuerdo también pretende una formación muy importante en competencias digitales e inteligencia artificial. Sí que es verdad que nosotros por el momento lo tenemos en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, la Administración lo tiene previsto. Creemos que es muy importante, o sea, la Administración no puede quedarse atrás en los tiempos. El mundo avanza con la inteligencia artificial, la Administración también. Eso sí, a nosotros no nos gustaría que la inteligencia artificial sustituya a los empleados públicos, pero sí que puede ser una herramienta muy útil a la hora de trabajar, como en cualquier ámbito. Ahora mismo utilizamos la inteligencia artificial regulada controlada por supuesto pero sí que puede ser importante y avanzamos conforme avance los tiempos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías competencias digitales justamente te quería

- En otros países ya se han detectado sesgos en el uso de la inteligencia artificial.
- Exacto. Por eso hemos pedido la creación de una comisión específica de control cuando se implanten estos programas, para evitar sesgos machistas, xenófobos o racistas. Es fundamental que siempre haya una persona supervisando los procesos.

- ¿La administración autonómica ya la está aplicando?
- En algunos procesos internos sí, pero no se ha abordado con los sindicatos. En Sanidad, por ejemplo, ya se utiliza en pruebas diagnósticas. Precisamente por eso es tan importante que no sustituya a las personas y que haya control humano.

- ¿Hay algo más del acuerdo marco que te parezca relevante?
- Sí. Se establece que los procesos selectivos duren un máximo de un año, algo que en la administración del Consell ya se está cumpliendo y en lo que vamos por delante de otros ámbitos donde duran hasta tres años. También se refuerza la promoción interna, con modelos más ágiles y diferenciados del turno libre, y se consolida la obligatoriedad de planes de igualdad. Aquí ya estamos en el tercer plan y llevamos ventaja.

- ¿Cómo podría mejorarse la carrera horizontal en la administración autonómica?
- En cuanto a la carrera profesional, está plenamente implantada hasta el cuarto grado. Nos gustaría llegar a un quinto, porque hay personas que llevan muchos años estancadas, pero de momento no está sobre la mesa.