VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana aprobó a finales de diciembre el segundo Plan Simplifica, un decreto-ley con una nueva batería de medidas que pretenden agilizar el funcionamiento interno de la administración valenciana. Así, entre las numerosas modificaciones que incluye —incluso medidas fiscales que nada tienen que ver con la simplificación—, la norma recorta la participación en la tramitación de los decretos-leyes, y lo hace en contra del criterio del departamento de Transparencia.

El decreto-ley aprobado por el Consell de Juanfran Pérez Llorca, que este jueves fue ratificado en Les Corts Valencianes con los votos de PP y Vox y se convertirá en proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer enmiendas, recoge una modificación expresa de la normativa de participación ciudadana, aprobada en 2023 bajo el gobierno de Ximo Puig.

Así, elimina de un plumazo los trámites de consulta pública previa y audiencia ciudadana a los que obligaba la ley, con carácter general, en “los procedimientos de producción normativa” con el objetivo de garantizar “el acceso y la participación activa de la ciudadanía”. El texto anterior se mantiene tal cual, pero con el cambio se introduce una apostilla determinante: “Estos trámites no serán de aplicación en el caso de la tramitación de decretos-leyes”.

Según justifica el Consell, aunque la participación ciudadana es “un principio esencial de calidad democrática y de mejora de las políticas públicas”, esta debe “articularse de forma proporcionada”, sobre todo cuando esto “pueda comprometer la eficacia de los instrumentos habilitados para dar respuesta urgente a circunstancias sobrevenidas”. Así, el Gobierno valenciano se escuda en la “naturaleza excepcional” de los decretos-leyes, que buscan “hacer frente, con inmediatez, a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”. Un criterio que no comparten ni la Abogacía de la Generalitat ni la propia Dirección General de Transparencia y Participación.

El informe elaborado por los abogados de la administración autonómica señala que, aunque no se están vulnerando los derechos de participación, para aprobar una modificación así no basta con “invocar la naturaleza excepcional del decreto-ley”. Así, sostienen que la normativa ya permite saltarse los pasos de participación cuando concurran razones graves de interés público, por lo que suprimir de manera generalizada la audiencia ciudadana y la consulta previa para estas figuras jurídicas no estaría justificado alegando exclusivamente la agilización normativa.

Pero no solo eso, sino que la propia Dirección General de Transparencia y Participación, dirigida por José Tárrega, ya emitió un informe en noviembre “en sentido desfavorable a la modificación propuesta”, según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza. Sin embargo, la modificación se ha acabado aprobando.

El departamento sostiene, en otro informe de mediados de diciembre, que la ley de participación ciudadana ya incluye excepciones, no solo “cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen” sino también, por ejemplo, cuando la norma “no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a las personas destinatarias o regule aspectos parciales de una materia”. “Tales supuestos tratan de agotar los que justifican [...] el régimen de excepción, y a ellos pueden también acogerse los decretos-leyes cuando concurren en su regulación las concretas circunstancias previstas”, recoge el informe.

El documento también cita el criterio de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, en el que “no se aprecian las razones para excluir, con carácter general, los decretos-leyes”. Unas consideraciones que, sostiene el director general, “avalan la improcedencia de suprimir el trámite de consulta pública previa”.

En el debate sobre la ratificación del decreto de simplificación de este jueves en Les Corts Valencianes esta crítica acerca del recorte de participación fue señalada entre otras por la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro. La diputada se detuvo en distintos aspectos referenciados por el informe de la Abogacía de la Generalitat y recalcó que el decreto presentado por el Consell del PP no era "una simplificación", sino una "estafa".

Así, apuntó que el decreto incluye una decenas de modificaciones que, en otro momento, habrían sido incluidas en la Ley de Acompañamiento. "Pero como no hay presupuestos, nos lo han clavado aquí". En esta línea, consideró que la iniciativa era "precipitada" y estaba repleta de "carencias y deficiencias".