VALÈNCIA. La Ley de Costas valenciana se enreda en el Tribunal Constitucional. El pleno del órgano acordó este miércoles la admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España sobre los puntos más sensibles de esta norma, que afectan a los deslindes y la protección de viviendas y núcleos tradicionales en primera línea de playa. El desacuerdo entre el Ejecutivo central y el Consell se mantuvo a lo largo de varios meses y llevó al Gobierno a presentar un recurso a finales de febrero cuya admisión este miércoles ha provocado la suspensión de la vigencia y aplicación de los artículos polémicos.
En concreto, el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez mostró su disconformidad sobre el artículo 17 y de la disposición final primera de la norma autonómica, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que respecta a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales. El Ejecutivo cree que se trata de una "ley de caso único" y de una vulneración de los principios constitucionales de arbitrariedad de los poderes públicos y de la separación de poderes.
Por otro lado, el Ejecutivo también observó inconstitucionalidad en la disposición adicional cuarta, cuyo motivo de impugnación es el inventario de bienes que pertenecen al Estado. El Gobierno señala que la Generalitat podría solicitar al Estado la modificación en el status jurídico de los terrenos que integran el dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la normativa estatal.
Cabe recordar que el Gobierno y el Consell abrieron hace seis meses una comisión bilateral que permitió llegar a un acuerdo sobre la mayoría de discrepancias entre ambas administraciones sobre esta norma, pero no sobre los citados artículos lo que supone, en la práctica, que cuestiones clave como los puertos de interés general quedan fuera del alcance autonómico; que espacios protegidos como la Red Natura 2000 seguirán rigiéndose por la legislación estatal y que el régimen sancionador de la Generalitat operará solo en su ámbito, sin invadir las facultades del Estado en materia de costas.
En esos artículos se sustenta la figura de los núcleos costeros con valor etnológico, una herramienta diseñada por la Generalitat para proteger conjuntos tradicionales frente a posibles derribos derivados de la delimitación del dominio público. Ahí entran ejemplos muy concretos y reconocibles del litoral valenciano, como pueden ser las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche, Torre la Sal en Cabanes o la zona de Babilonia en Guardamar. Espacios que no solo son viviendas, sino parte de una identidad colectiva ligada al mar y que, con la normativa estatal actual, pueden quedar dentro del dominio público marítimo-terrestre. Una cuestión que el Gobierno interpretó como una invasión de sus competencias y, sobre la que no ha habido acuerdo posible antes de llegar al Constitucional.
Una ley para responder a un problema real
En este punto, cabe observar cierto paralelismo con lo ocurrido en Galicia, autonomía en la que el Ejecutivo estatal también impugnó una ley autonómica de litoral por invasión de competencias. El conflicto terminó en el Constitucional, que avaló parcialmente la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar su costa, lo que facilitó a posteriori el traspaso efectivo de competencias.
No es el mismo caso, pero sí un espejo en el que se mira la Generalitat. Por tanto, la lectura que extrae el Consell es que, si Galicia pudo ampliar su margen de competencias sobre el litoral, la Comunitat Valenciana puede aspirar a lo mismo. En cualquier caso, el trasfondo del conflicto tiene que ver con un problema que se extiende a lo largo de toda la costa valenciana: miles de viviendas afectadas por los deslindes, la regresión del litoral y una creciente sensación de inseguridad jurídica entre los vecinos.
Más de medio centenar de asociaciones se han agrupado en plataformas como SOMOS Mediterrània para denunciar esta situación y reclamar soluciones que no pasen por los derribos de viviendas. La ley valenciana nace, en buena medida, como respuesta a esa presión social. El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ya defendió la semana pasada en un encuentro ante los medios que la norma es una herramienta "clave" para proteger viviendas, derechos de los propietarios y patrimonio cultural.
En ese sentido, el conseller insistió en que no basta con ajustes reglamentarios y reclamó una normativa estatal "más realista" y adaptada a la situación de la costa valenciana, así como agilizar proyectos de regeneración que llevan años pendientes. Pese a que la ley avanza, lo hace con una grieta estructural. El acuerdo con el Gobierno central ha permitido salvar su armazón, pero ha dejado intacto el conflicto que da sentido a la norma, de manera que el Constitucional tendrá la última palabra al respecto, de la misma manera que ocurrió con el precedente gallego.
