VALÈNCIA. "Hay puestos sin cubrir, disculpen las molestias". Algunos juzgados ya han empezado a colgar carteles anunciando la falta de personal a causa de la trastabillada reforma de los servicios judiciales. La gran reestructuración que ha de acometer la Conselleria de Justicia, obligada por la nueva Ley de eficiencia impulsada por el ministerio de Félix Bolaños, no está siendo nada fácil. Como era de prever, el paso de un sistema basado en los juzgados a otro con grandes servicios comunes y tribunales de instancia está suponiendo más de un quebradero de cabeza para la administración.

La reforma que incluye la nueva normativa es, a la postre, una 'revolución' interna que ha afectado a todos los partidos judiciales, si bien se ha ido aplicando de manera progresiva. La tercera y última fase de este proceso que lleva en marcha un año debía materializarse a partir del 1 de enero y afecta a más de 3.000 empleados públicos de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. Un auténtico reto que, en la transición, está revelando disfunciones, como por ejemplo los problemas para cubrir algunas plazas.

"En esta plaza nº 10 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Valencia había 3 puestos sin cubrir por parte de la Dirección General de Justicia. Dos de ellos desde el 30 de diciembre y el otro desde finales de enero. Actualmente, seguimos con dos personas menos. Disculpen los retrasos y molestias que de ello puedan derivarse". Es un mensaje colgado por los propios funcionarios y que se ha podido leer en la última semana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Pero no es el único.

Los sindicatos estiman en cerca de 150 de vacantes, un tercio en uno de los grandes servicios comunes, el de ejecución, donde más del 15% de las plazas no tendrían todavía un funcionario asignado. Varios empleados de la Ciudad de la Justicia de Valencia consideran que el proceso de acoplamiento está siendo un "caos" a nivel organizativo donde, más allá de los pocos nombramientos que se están produciendo, muchas veces los interinos que llegan lo hacen "desorientados" y sin saber bien "a dónde tienen que ir, ni si hay alguien que les está esperando".

Todas las fuentes consultadas apuntan a la responsabilidad de la dirección general de Justicia, dirigida por María José Adalid. En la Conselleria, que encabeza Nuria Martínez, admiten que el proceso de acoplamiento "no es homogéneo" y se "ha realizado en distintas fases". Y que "habida cuenta de las dificultades del proceso, que entraña gran complejidad, se ha advertido una situación en la que algunas plazas son más complicadas de cubrir". Con todo, señalan que desde la Dirección General de Justicia "se está haciendo todo lo posible por revertir cuanto antes esta situación".

En este cambio, las plazas de muchos funcionarios se transforman para adaptarse a la nueva organización, en la que los juzgados unipersonales se integrarán en tribunales de instancia colegiados y se crearán las nuevas oficinas judiciales que prestarán el servicio administrativo a los jueces mediante tres servicios comunes. Una transición que lleva haciéndose un año pero que en esta tercera fase afecta los partidos judiciales de mayor volumen organizativo y carga operativa: Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Gandia, Denia, Benidorm, Villena, Torrevieja y Orihuela.

Por ejemplo, sólo en la demarcación de València capital cerca de 1.600 funcionarios pasarán de estar en más de 120 departamentos diferentes a formar parte de los tres servicios comunes de la oficina judicial. Un cambio sustancial y en el que el destino de cada empleado se puede elegir primero de manera voluntaria, antigüedad y otros criterios. El problema es que "el funcionario se acostó el 31 de diciembre sabiendo lo que hacía, pero se levantó el 1 de enero sin saber dónde trabajaba, ni para quién, ni de quién dependía", explica en conversación con Valencia Plaza el presidente de CSIF Justicia Comunidad Valenciana, Bruno Antuña.

El representante sindical señala que desde el 26 de diciembre se han producido más de un centenar de ceses y "desde esa fecha hasta ahora mismo no se han cubierto". "No se ha producido ningún nombramiento para cubrir plazas ni jubilaciones porque estaban pendientes del acoplamiento definitivo", explica Antuña, según el cual las razonas que ha dado la Conselleria de Justicia es que Hacienda no permitía contrataciones en plazas que todavía no estaban numeradas.

Antuña lamenta que estos problemas se suman al de las jubilaciones sobrevenidas. "Pilla en una época donde precisamente, por este cambio de modelo, está habiendo muchas jubilaciones", explica el representante. Unos movimientos que se están produciendo desde octubre para evitar precisamente tener que hacer frente a la gran reestructuración organizativa. Aunque el presidente de CSIF admite que es una reestructuración obligada por la normativa estatal, afea a la Conselleria que no haya pedido una prórroga de plazos como pidió Asturias.

La propia Conselleria aseguró en su momento que la adaptación al nuevo modelo organizativo "ha supuesto un esfuerzo mayúsculo, no sólo en términos económicos" puesto que se ha tenido que hacer "sin la necesaria coordinación por parte del Gobierno de España, con unos plazos ajustadísimos, y sin dotarnos a las comunidades autónomas de los recursos extraordinarios necesarios para acometer estas reformas". El Ministerio dio la semana pasada un plazo "hasta marzo para la adaptación progresiva".

"Hay un problema, que esperemos que se resuelva en las próximas semanas, porque durante dos meses no ha habido nombramientos de interinos porque no se había hecho el acoplamiento", lamenta la representante de CCOO, Marian Rubí, quien denuncia que hay "muchos huecos vacíos en los juzgados" al sumarse los ceses con las jubilaciones y otras bajas. "Está generando un trastorno tremendo, en un momento en el que la información que se ha dado al personal ha sido mínima", asegura al respecto, para añadir que los problemas para los empleados no son solo la nueva organización y "la incertidumbre que les genera" o la "pérdida de derechos de movilidad" sino que tampoco "se les está dando ninguna orden ni saben cómo van a trabajar".

A todo ello se suman los inconvenientes de la implantación definitiva del nuevo sistema de gestión procesal, el programa Justa, que según la representante sindical es "un programa nefasto" tras dos años de implantación y está provocando "quizá el mayor número de jubilaciones". Aunque "ha mejorado" a base de inversión y de "un sobrecoste", explica Rubí, sostiene que en algunos casos "requiere mucho más tiempo para hacer lo mismo".

A finales de febrero, los sindicatos STAJ, CSIF, Intersindical, CCOO y UGT se concentraron en la Ciudad de Justicia precisamente para exigir "más medios, infraestructuras y personal" para poder aplicar los cambios previstos en el nuevo modelo, con proclamas como "está siendo un desastre". El portavoz del STAJ, José Vicente del Cabo, denunció que para aplicar esta reforma judicial "tratan de correr 200 años en seis meses y además a coste cero", por lo que ha advertido del riesgo de que "colapse" una Justicia "ya saturada".