VALÈNCIA. Cerca de 200 tractores y 2.000 agricultores valencianos han tomado la calle de la capital del Turia en una nueva protesta contra el tratado comercial con Mercosur en lo que se preveía como la gran manifestación del sector respecto a todas las celebradas hasta ahora por conseguir aglutinar a prácticamente todas las asociaciones agrarias. La marcha arrancó a las diez de la mañana frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y terminó frente a Delegación de Gobierno. Carteles que rezan "arroz con cosas prohibidas" dan buena cuenta del mensaje que pretenden trasladar los productores valencianos. Más allá de exigir a la UE que imponga las mismas reglas del juego a los países del Cono Sur a la hora de producir sus productos, el sector también reclamó un "Plan Marshall" que rescate a una profesión en proceso de "extinción" en la Comunitat Valenciana.

A pie de asfalto, el sentimiento que acaparaba la atmósfera era una mezcla de rabia y agotamiento. Luis, un agricultor jubilado de Tavernes de la Valldigna que sigue manteniendo sus tierras de cítricos, explicaba mientras la marcha avanzaba que el problema del acuerdo reside en la falta de igualdad de condiciones para producir. Para él, es una cuestión de supervivencia básica. "Aquí se prohíben productos que en otros países se usan libremente para luego exportar aquí", señala indignado lo que para todo el sector es una paradoja que les llevará "a la ruina", en alusión no solamente al pacto con Mercosur, sino a las políticas europeas implantadas en los últimos años. A su lado, Salvador Martí ponía el foco en la brecha interna que existe en el campo valenciano entre los grandes fondos de inversión, que a menudo tienen explotaciones en el extranjero y controlan el mercado, y los pequeños agricultores, que se sienten "ya extinguidos".

Ese desengaño es el que ha llevado a muchos a disfrazarse de vacas o naranjas y a portar máscaras con el rostro de Úrsula von der Leyen, a quien señalan como la responsable de una burocracia que les asfixia. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, lo resumía antes de iniciar la marcha hacia la Delegación del Gobierno: "Los agricultores están cansados de ser auxiliares administrativos". Fue el dirigente agrario el que reclamó un "Plan Marshall" para el sector valenciano, advirtiendo que el acuerdo con Mercosur es "la gota que colma el vaso", especialmente para el sector del arroz, que se enfrenta a una entrada masiva de producto que iguala toda la producción de la Comunitat Valenciana.

No obstante, según datos de la Union Europea las 60.000 toneladas de arroz previstas con el acuerdo equivalen al 2% del consumo europeo, aunque para el campo valenciano las garantías que lanza el mercado comunitario no son de fiar en base a lo experimentado con otros acuerdos comerciales. "Vemos cómo entran productos de fuera que no cumplen las garantías y cantidades que lastran los precios", señalan.

Desde Carlet llegó Bernardo, quien no dudó en calificar la situación como una "falta de respeto" por parte de la Unión Europea hacia su propio sector. Para él, el riesgo no es solo económico, sino de salud pública, al denunciar que se importan productos tratados con sustancias que en Europa están prohibidas. Bernardo advierte que si el campo valenciano deja de producir porque no es rentable, el "consumidor acabará pagando el doble por productos de fuera y de peor calidad", lo que, a sy vez, fulminará el escaso relevo generacional.

Al arranque de la jornada también se hizo mención a las secuelas de la Dana, agravadas por, según indicaron, la falta de presupuesto en infraestructuras que hubieran evitado que el daño alcanzara aquellos niveles catastróficos. Carles Peris, de La Unió, recordaba que muchas tierras siguen en un "limbo" administrativo tras las inundaciones, sumando incertidumbre a un sector que ya lidia con los recortes de la PAC. Entre pancartas que rezan "Paella de Mercosur, arroz con cosas prohibidas", los manifestantes han dejado claro que su protesta no es un evento aislado. 

Pagar por parcelas expropiadas y otras reivindicaciones

Además de AVA-ASAJA y La Unió, las dos organizaciones principales, participaron la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y otras entidades sociales y empresariales. Incluso, entre los participantes también se encontraban personas de Unaspi, una organización independiente que ya celebró su propia tractorada el pasado lunes.

Dos caravanas de tractores llegaron a Valencia desde La Ribera Baixa (la ruta tuvo paradas en Cullera, Sueca, Sollana, El Romaní, Silla y Sedaví) y L’Horta Nord (con punto de concentración en Meliana y atravesando Almàssera y Tavernes Blanques). Tanto los tractores como las personas confluyeron enfrente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la avenida Blasco Ibáñez, provocando problemas de tráfico en algunas de las principales entradas y vías de la ciudad. 

Los dirigentes agrarios exigieron ante la CHJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el pago de una indemnización justa y suficiente para compensar la usurpación de la propiedad de aquellas parcelas arrasadas por la Dana que van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH). También exigieron más recursos hídricos para garantizar una producción estable y de calidad, agilizar las obras de reconstrucción y poner en marcha las infraestructuras hidráulicas que esta riada ha evidenciado que son necesarias. 

Durante el recorrido, el sector escenificó con disfraces y pancartas los productos agrarios valencianos castigados por la competencia desleal del acuerdo con Mercosur: naranjas que criticaron "el zumo de Brasil recién exprimido desde 8.000 kilómetros", paquetes de arroz que denunciaron "las materias fitosanitarias que están prohibidas en la Albufera pero sí se permiten a los arroces de Uruguay", vacas europeas en contraposición con “vacas hormonadas de Argentina” y apicultores que alertaron de la entrada sin arancel de "mieles de menor calidad y bajo coste". 

En las Torres de Serranos, un agricultor, Gabriel Mateos, presidente de la comunidad de regantes del río Alcoy, pronunció en nombre del sector un discurso recreando la figura del Palleter "para declarar la guerra a la Comisión Europea, por atacar a los agricultores, imponer un Pacto Verde de espaldas al campo y poner en peligro nuestra soberanía alimentaria". 

La marcha finalizó a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes de CCPV-COAG, UPA-PV, LA UNIÓ y AVA-ASAJA lanzaron productos agrarios en crisis y dirigieron discursos contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea. 

En primer lugar, rechazaron la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, solicitaron revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica. 

El sector también se opuso a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22% del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.

Otra reivindicación reiterada fue la simplificación, seguridad jurídica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos. Al respecto, pidieron reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad, por una Ley de Restauración de la Agricultura. 

Entre las medidas solicitadas igualmente destacaron intensificar y armonizar los controles fitosanitarios de plagas y enfermedades en los puertos de entrada, inspecciones en origen, extensión y rigurosidad del tratamiento en frío y, en caso de excesivos incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la UE; una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.

Finalmente, las organizaciones agrarias coincidieron en pedir una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; actualizar los módulos del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos.