VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha entregado hoy a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, el último del conjunto de fiscalizaciones de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2024. La presidenta de las Corts, Llanos Massó, ha recibido en el Palau de Benicarló el Informe de manos del síndic major, Vicent Cucarella. Posteriormente, el síndic se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha compartido los resultados de la fiscalización con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en sustitución del presidente de la Generalitat, cuya agenda no le ha permitido estar presente.

El Informe, publicado al completo hoy en la web de la institución estatutaria, está formado por cinco volúmenes. Adicionalmente, la información contenida en las cuentas anuales se ha registrado en la Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano (BADESPAV, accesible en la web de la Sindicatura). Esta base de datos contiene toda la información de las cuentas anuales de todos los entes que forman la Generalitat Valenciana desde su creación hasta 2024, y se actualiza regularmente de acuerdo con la información suministrada por los cuentadantes. En general, las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas en los diferentes informes individuales.

Fiscalización de la Cuenta de la Administración

Respecto a la auditoría financiera de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura destaca los siguientes hechos:

A 31 de diciembre de 2024, existían 41 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobar; pero en el primer semestre de 2025, la Conselleria de Sanidad ha aprobado 35 liquidaciones de las cinco concesionarias, así como expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto que suponen 256,0 millones de euros a favor de la Generalitat. No obstante, no se ha podido concluir sobre la razonabilidad de los importes aprobados, por la limitación al alcance derivada de la alta litigiosidad, por las discrepancias sobre los criterios y condiciones contractuales y por la dificultad de obtención de la información que las soporta.

Las prórrogas tramitadas al Acuerdo de acción concertada suscrito el 6 de octubre de 2017, entre la Conselleria de Sanidad y la Fundación IVO, han afectado al objeto contractual y han producido interpretaciones controvertidas en su ejecución, por lo que deberían haber dado lugar a un nuevo acuerdo. Por todo ello, no se ha podido concluir sobre la razonabilidad del gasto reconocido en 2024 por la facturación de la Fundación IVO.

La Sindicatura no ha dispuesto de la información suficiente ni adecuada para poder estimar razonablemente las responsabilidades probables con cargo a la Administración de la Generalitat derivadas de reclamaciones y procedimientos judiciales en curso, cuyas provisiones en 2024 ascienden a 301,9 millones de euros. Se ha dotado una provisión por las consecuencias de la dana de 604,2 millones de euros a largo plazo, si bien deberían haberse registrado a corto plazo 370,6 millones de euros. No podemos estimar razonablemente esta provisión, dada la incertidumbre sobre los efectos de esta catástrofe.

Durante el ejercicio 2024, se ha aprobado un importe de 2.219,6 millones de euros en expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (88,5% de la Conselleria de Sanidad y el 7,2% de la Conselleria de Servicios Sociales). La Conselleria de Sanidad ha adquirido sin crédito y/o contrato un importe muy elevado de medicamentos, productos sanitarios y de laboratorio, y de prestaciones no concertadas. La imputación al presupuesto corriente de gastos de ejercicios anteriores absorbe un porcentaje muy elevado de los créditos presupuestarios del ejercicio en curso.

La cuenta 413 presenta un saldo de 1.791,6 millones de euros, que corresponde principalmente a la Conselleria de Sanidad, y debe incrementarse en 54,7 millones de euros por el ajuste detectado en los gastos de personal. El efecto neto en el ejercicio 2024 supondría una disminución del resultado presupuestario en 70,7 millones de euros y el remanente de tesorería del ejercicio 2024 sería más negativo en 1.846,3 millones de euros.

Los informes de control señalan incidencias significativas en la gestión económica, contable y del inventario en la revisión de una muestra representativa de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat.

Auditoría de cumplimiento de la legalidad

Respecto a la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura destaca los siguientes hechos:

El presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender todos los gastos ineludibles y previsibles, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia.

Los gastos incluidos en los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto son nulos de pleno derecho, por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Se produce un retraso muy significativo en la aprobación de las liquidaciones anuales de las concesiones sanitarias, lo que contraviene los contratos y, además, puede suponer un perjuicio económico para la Administración de la Generalitat, en el caso de saldos a su favor.

La Conselleria de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación IVO de pacientes asignados a las concesionarias, una situación señalada por la Sindicatura que ha supuesto la apertura de diligencias preprocesales por parte del Tribunal de Cuentas para determinar la existencia de responsabilidad contable. Al respecto, en 2025 la Conselleria ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos. Consideramos que corresponde tramitar un nuevo acuerdo por la Conselleria de Sanidad y la Fundación IVO que recoja las condiciones necesarias para su adecuada ejecución.

La Generalitat ha de incluir en sus presupuestos de transferencias a recibir del Estado únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener según el sistema de financiación autonómica.

Más del 78,4% de las 1.096.800 facturas pagadas en 2024 supera el plazo legal de pago. Se han pagado 32,5 millones de euros de intereses y 10,0 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago y quedan pendientes de imputación al presupuesto del ejercicio 97,5 millones de euros. El total más elevado de los últimos ejercicios.

En las devoluciones de ingresos indebidos en 2024 (40,0 millones de euros y 4,1 millones de euros de intereses de demora), el elevado tiempo medio de tramitación (178 días) supone una debilidad significativa de gestión y control, que ha empeorado respecto al ejercicio anterior.

En el nuevo sistema económico-financiero NEFIS todavía no se han llevado a cabo las acciones necesarias para alcanzar los requisitos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. En 2024 se ha incumplido la regla del gasto prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria, por lo que se ha tenido que tramitar en 2025 un plan económico-financiero.

Control interno

Respecto a la revisión del control interno, la Sindicatura destaca las siguientes conclusiones:

Se han identificado deficiencias significativas en determinados controles generales de tecnología de la información (CGTI) relacionados con NEFIS que deben ser prontamente subsanadas. Existen informes anuales de control interno pendientes de aprobar por la IGG a causa de falta de medios personales. Se han detectado incidencias en la tesorería de la Generalitat con respecto a cuentas de formalización y transitorias de pagos y cobros que deberían encontrarse saldadas.

Otros aspectos relevantes

Las graves consecuencias de la dana sufrida en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 y la incertidumbre sobre sus efectos

Además de la tragedia de pérdidas de vidas humanas, las inundaciones provocaron daños materiales muy graves, que perdurarán un largo periodo de tiempo en la sociedad y en las actividades económicas, y afectarán de manera significativa a las Administraciones públicas en cuanto al cumplimiento de sus fines y objetivos, la adopción de medidas en todos sus ámbitos, la recuperación de las infraestructuras públicas y las ayudas a las personas y entidades damnificadas, entre otras actuaciones públicas imprescindibles. A este respecto, la Sindicatura ha incluido varios trabajos de auditoría relacionados con este desastre en los programas de actuación de 2025 y 2026.

La persistencia de la situación de grave desequilibrio económico-patrimonial, financiero y de liquidez, que empeora en 2024

Las cuentas anuales del ejercicio 2024 muestran un grave desequilibrio. El patrimonio neto es negativo, por 53.883,3 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos en ejercicios anteriores por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento.

La deuda financiera del balance asciende a 63.176,2 millones de euros. De este importe, 54.562,0 millones de euros corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 42,3 millones de euros y una variación neta de activos pasivos y pasivos financieros por 2.515,0 millones de euros. Además, el remanente de tesorería no afectado presenta un saldo negativo de 5.338,9 millones de euros y el fondo de maniobra es negativo por 13.215,7 millones de euros.

No obstante, en 2024 ha continuado la evolución positiva de los ingresos de los capítulos 1 a 8, con un aumento del 13,0% con respecto a 2023; mientras que el aumento del gasto ha sido de un 6,7%.

Insuficiencia de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica

Los ingresos por el sistema de financiación autonómica resultan inferiores a los que corresponderían a un sistema equitativo. Además, destacamos que la financiación estatal de las ayudas a la dependencia no alcanza el 50% previsto y, por otra parte, la falta de compensación de los gastos sanitarios de desplazados en la Comunitat Valenciana. Consideramos urgente la modificación de estos sistemas.

Preocupación por la evolución de los gastos e ingresos públicos

Se observa un crecimiento constante del gasto público, que en determinadas partidas es muy superior al del PIB y difícil de reducir, debido a la generalizada expansión del gasto en sanidad y en dependencia, a una dinámica específica en el gasto educativo valenciano y a una gran distancia a cubrir en el resto de servicios para acercarse a los niveles medios del resto de comunidades autónomas. Todo ello implicará una fuerte tensión a medio plazo, que requerirá un aumento considerable de ingresos, que puede proceder de la mejora en el sistema de financiación autonómica, del aumento de bases imponibles por la expansión económica o del incremento de la presión y el esfuerzo fiscal.

Resulta preocupante, por tanto, el escaso margen de maniobra del gasto público autonómico valenciano, no solo en el presente, sino también teniendo en cuenta la dinámica prevista de los servicios públicos fundamentales, que puede resultar especialmente alarmante cuando se quiebre el comportamiento económico expansivo experimentado durante los últimos años.

A este respecto, la Sindicatura recuerda de nuevo las advertencias de la comunidad científica sobre los impactos del cambio climático y de la escasez de recursos básicos, con el fin de alertar al gobierno para que anticipe con suficiente margen de tiempo sus políticas sociales, de infraestructuras y económicas ante dichos retos y sus efectos sobre el crecimiento económico y los recursos públicos. La evolución reciente observada en diversos países occidentales, las actuales tensiones bélicas y arancelarias, y las advertencias de diversos organismos internacionales apuntan hacia dificultades en un futuro próximo.

Transformación digital de la Generalitat y riesgos tecnológicos

El proceso de transformación digital de una entidad como la Generalitat, con numerosas unidades administrativas y con muchas, complejas y anticuadas aplicaciones informáticas, supone un gran reto y una inversión presupuestaria importante y, por su naturaleza, es un proceso de alto riesgo.

En relación con la ciberseguridad, aunque la Generalitat tiene establecido un sólido sistema de ciberseguridad, apunta la Sindicatura que se deben adoptar las medidas necesarias para obtener la correspondiente certificación del Esquema Nacional de Seguridad para los principales sistemas. A su vez, también es necesario que la Generalitat establezca un sistema de gobernanza de la ciberseguridad efectivo y proactivo para el conjunto de su sector público instrumental.

Por la importancia y su impacto en las distintas fiscalizaciones que realiza la Sindicatura, la institución estatutaria ha realizado una auditoría cuyo objetivo ha consistido en analizar y evaluar la situación de una selección de los controles de seguridad de NEFIS, el nuevo sistema de gestión económico-financiera. En la auditoría se ha verificado que los controles existen, pero su eficacia está condicionada por diversas deficiencias significativas que deben ser prontamente subsanadas. También se han señalado diversas áreas de mejora en los procesos de gestión de la aplicación.