VALÈNCIA. La factura que dejan los concursos públicos que se declaran desiertos no dejan de crecer. Actualmente, 709 millones de euros permanecen sin ejecutar en las arcas públicas debido a la falta de ofertas. Esta cifra se deriva de 978 licitaciones de obra pública que se encuentran en el limbo ante la ausencia de empresas interesadas en los procesos de adjudicación.

A nivel nacional, se registraron 9.819 concursos públicos desiertos, lo que supone la paralización de 4.011 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 86,1% más que en 2021, según los datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas Intescia–Doubletrade. "La Administración se enfrenta a una situación sin precedentes debido al elevado volumen de partidas que se quedan paralizadas", explica la compañía.

La Comunitat es la segunda región autónoma con una mayor cuantía económica paralizada en concursos públicos que se han quedado desiertos. La licitación desierta de mayor importe fue la construcción de viviendas de protección pública con destino a alquiler en cuatro parcelas de propiedad municipal en el ayuntamiento de Valencia para el que se le había asignado más de 413,5 millones de euros.

Estos 709 millones correspondientes a 978 licitaciones desiertas no solo representan obras que no se hacen, sino un recurso presupuestario que queda inmovilizado, dificultando su reasignación a otras necesidades urgentes de la Generalitat.

Observando las diferentes provincias, destaca Valencia como la que más dinero acaba en licitaciones desiertas, con 543,8 millones de euros en 470 concursos. Le sigue Alicante, donde quedan “congelados” 142,8 millones de euro en 366 licitaciones desiertas; y Castellón, donde la cifra alcanzó los 22,5 millones de euros en 142 proyectos inacabados.

La incertidumbre política nacional, el bloqueo del estrecho de Ormuz, los vaivenes de Trump y la inflación han provocado una "situación insostenible" que ha afectado a la confianza de las compañías en la estabilidad de contratos a largo plazo de las ofertas públicas por temor a que queden infra pagadas en el desempeño de la obra o servicio.

Y es que a los constructores no les sale a cuenta adjudicarse proyectos públicos ante la imposibilidad de repercutir el encarecimiento de las materias primas. Esto recrudece la situación que vive la obra pública en la privincia de Valencia, donde la reconstrucción tras la Dana ha causado una inflación particular de los costes ante la cantidad de construcciones simultáneas que se deben acometer.

Por estos motivos, según el estudio, en 2025 han quedado más de 4.011 millones de euros "congelados" en licitaciones desiertas en toda España. Además, el importe medio por contrato sin ejecutarse en el último año supera los 408.506 euros, lo que revela que fallan tanto contratos menores, como proyectos de tamaño medio relevantes.

Además, el análisis de la contratación que queda desierta revela que las actividades no residenciales absorben cerca del 14,9% del total (1.731 millones de euros). Le siguen los servicios generales, con un 13,4% (1.558 millones), y los servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores, que representan un 9,2% (1.068 millones). También destacan los contratos relacionados con vehículos, transporte y mercancías, con un 8,9% (1.029 millones), y la recogida de basuras y limpieza viaria, que concentra un 5,9% (683 millones).

"Cabe destacar que muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención", explica Salvador Alarcón, director comercial de Intescia–Doubletrade España. Las licitaciones públicas analizadas incluyen tanto los contratos de obra como los de servicios ofertados por la Administración Pública.

La mayor licitación desierta ha sido en Valencia

Según revela el informe de Intescia–Doubletrade, la licitación con mayor presupuesto que se quedó "colgada" ha sido en Valencia, donde se preveía el aprovechamiento de cuatro parcelas de propiedad municipal, para la construcción de viviendas de protección pública con destino a alquiler, presupuestada en más de 413,5 millones de euros.

La segunda licitación desierta de mayor importe fue la concesión de obras para la construcción, conservación y explotación del Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT); para el que se le había asignado más de 366,7 millones de euros. El pódium lo cierra el suministro de energía eléctrica para la ampliación del Polígono Industrial 'Las Viñas I', en Castilla y León, con 186,6 millones de euros asignados.

Otros concursos cuantiosos que se quedaron sin distribuir fueron el servicio de mantenimiento de algunos trenes comerciales de Renfe (136,2 millones de euros); el servicio de transporte urbano de Guadalajara (63,2 millones de euros); o la concesión de obras para la construcción de edificio de aparcamientos y su posterior explotación en Ronda, Málaga (56,7 millones de euros).

Trazando un mapa del presupuesto que se ha quedado congelado en licitaciones desiertas en 2025, destaca la Comunidad de Madrid, con 787,1 millones de euros. Seguido por la Comunidad Valenciana (709,1 millones) y Andalucía, con 458 millones de euros.

Desajuste de precios, encarecimiento de materias primas y costes

"El elevado número de licitaciones que han quedado desiertas en 2025 apunta, en primer lugar, a un desajuste creciente entre los precios fijados por la administración y las condiciones reales del mercado", explica Alarcón, que agrega que diversos sectores alertan que los presupuestos base de licitación no siempre incorporan el impacto de la inflación, el encarecimiento de materias primas o el aumento de los costes laborales, lo que reduce el interés de las empresas en concurrir.

A ello se suma, en muchos casos, la rigidez de los pliegos y la complejidad administrativa, factores que incrementan los costes indirectos de participación y desincentivan especialmente a pymes y proveedores locales, según indica Alarcón, que reconoce cómo se han disparado las empresas que buscan herramientas de inteligencia comercial para concursas en licitaciones públicas.