VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad encara la disolución de los consorcios hospitalarios vía enmiendas con el fin de integrar los departamentos del Hospital General de València y el Hospital Provincial de Castellón en la red de hospitales de la Generalitat. Así se desprende de una enmienda presentada por el Partido Popular a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2025, donde pide añadir una disposición adicional para abordar la integración de entidades del sector instrumental adscrito a Sanidad. Un paso que permitiría la estatutarización del personal de los consorcios sanitarios, que lleva varias legislaturas planeando sin terminar de acometerse.
"Las entidades del Sector Público Instrumental que se encuentren adscritas a la Conselleria competente en materia de sanidad podrán extinguirse, además de por las causas legal o estatutariamente previstas, mediante Acuerdo del Consell", señala la disposición, donde concreta que en el caso de ser consorcios se podrá acordar la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos de éste. Una posibilidad que, según señalan desde Sanidad, también abarcaría las fundaciones -fórmula empleada para los institutos de investigación-.
La integración de los departamentos gestionados por consorcios en la Generalitat ya fue planteada por la exconsellera Carmen Montón, que no ejecutó dada las dificultades para mantener la financiación del Estado. Los consorcios están participados por la Generalitat y la Diputación de Valencia, quien transfiere alrededor de 100 millones de euros al ser un hospital consorciado. Por este motivo, el Gobierno del Botànic, en 2017, abordó una homologación de los puestos con los de trabajadores de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, nunca llegó a darse la total integración, algo que mantuvo las limitaciones de movilidad que provoca esta situación y no permite al personal de este departamento moverse al resto. Según señalan fuentes de la administración valenciana, la conselleria liderada por Marciano Gómez habría llegado a un acuerdo para poder disolver el ente, realizar la integración y no perder esa financiación estatal, según señalan fuentes populares.
Se planteó en los presupuestos de 2024
Gómez ha mencionado en numerosas ocasiones su objetivo de desarrollar un marco normativo homologable en el régimen jurídico del personal y calificaba de "imprescindible" la integración de todos los hospitales en la red sanitaria. Ya en los presupuestos de 2024, se apuntaba como medida para salvaguardar la asistencia sanitaria la mencionada integración. De hecho, también estuvo sobre la mesa un borrador de decreto en el que se planteaba ésta misma de carácter voluntario para el personal laboral fijo y funcionario de carrera adscrito a los mismos, así como para el personal funcionario interino. En el caso de los puestos vacantes de interinos, se convertirían directamente en estatutarios.
"El acuerdo de extinción regulará el régimen de liquidación de bienes y derechos, asi como el régimen jurídico aplicable al personal y al patrimonio de la entidad tras su extinción", recoge la enmienda. En ésta se especifica que la entidad del sector público que mantenga la continuación de la actividad del ente que se extingue, se subrogará en la condición de empleador respecto del personal que se encontraba al servicio de dicha entidad extinta. "El personal que tuviera la condición de empleado público mantendrá su condición de tal y aquel que no lo fuera podrá, en su caso, adquirir la condición de empleado público mediante la superación de los procesos normativamente establecidos al efecto, respetando los principios constitucionales y legales aplicables", recoge.

- Marciano Gómez en les Corts Valencianes -
- Foto José Cuélla/Corts Valencianes
A pesar de que el General de València y el Provincial de Castellón caminan hacia el mismo modelo, son importantes las diferencias existentes entre las dos áreas de salud. En el primer departamento, más del 80% de los trabajadores son laborales a los que en 2017 se les homologó sus puestos con los de la administración valenciana. Por este motivo, una integración supondría una mayor facilidad de contratación para el departamento y una movilidad al completo de los trabajadores por la red pública. Mientras, en el Provincial de Castellón, la mayoría son funcionarios de la Diputación que se rigen por otras condiciones.
En busca de homogeneizar el personal
El pasado mes de marzo, también se aprobaba en la Comisión de Sanidad un enmienda de aproximación, suscrita por el PP y Vox al Proyecto de ley de la Generalitat por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para dar respuesta a la recuperación tras la Dana. En ésta se añadía una disposición adicional a la Ley de Salud sobre medidas relativas al personal de los consorcios que establece que "al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal que presta servicios en el Sistema Valenciano de Salud, se podrán establecer procedimientos para integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equivalente, de quienes presten servicio en los consorcios sanitarios adscritos a la Generalitat con funcionario de carrera o en virtud de contrato laboral fijo".
Una medida en la línea de la también anunciada estatutarización del personal subrogado de las concesiones sanitarias, donde en esta misma enmienda planteaba que la conselleria pueda articular un proceso selectivo "único y extraordinario" para que el personal subrogado de los cuatro departamentos de salud revertidos pase a ser personal estatutario fijo, lo que supondrá que más de 7.000 trabajadores puedan dejar su condición de personal a extinguir y pasen a ser ‘funcionarios’ de la sanidad pública valenciana. Una acción que pretende llevarse a cabo con el fin de homogeneizar los diferentes regímenes de personal sanitario para homologar condiciones. Sin embargo, no se han anunciado acciones sobre el personal subrogado de las resonancias magnéticas o la farmacia socio sanitaria.