VALÈNCIA. Los más de seis años que lleva Ángel Luna como síndic de Greuges han dado para abordar miles de quejas. No obstante, hay algunas temáticas que predominan por encima del resto en la actividad de la institución radicada en Alicante. La hemeroteca pone negro sobre blanco que los servicios sociales han acaparado buena parte de la actividad de este ente en los últimos años, independientemente del responsable político que haya estado al frente de estas competencias a nivel autonómico. "Desde 2019 venimos siendo muy críticos con los servicios sociales de esta Comunitat", reconoció Luna este martes antes de enfatizar que se trata de un sistema "burocratizado al máximo".
A este aspecto se suman las áreas de transparencia y vivienda como aquellas en las que el número de quejas no ha parado de subir mientras la situación estructural ha seguido sin resolverse. "Son temas que venimos denunciando desde el principio y que están enquistados", remarcó el síndic, cuyo mandato concluirá a finales de este ejercicio. Luna abogó por "hablar directamente con los representantes de los ciudadanos para explicar cómo está la situación" y ver qué cuestiones podrían mejorarse. Mientras tanto, la cifra total de quejas ciudadanas va in crescendo año tras año: en 2025 se registraron un total de 5.006, un 5% más que durante el anterior ejercicio. La previsión para este 2026 es que el número vuelva a ser mayor: "Llevamos 200 quejas más que el mismo día del año pasado, es un crecimiento importante", subrayó Luna.
Estas reclamaciones se suman a las 23.137 consultas ciudadanas y las 12 investigaciones de oficio que el síndic llevó a cabo a lo largo del pasado ejercicio. El ámbito de servicios sociales volvieron a ser el que registró mayor número de quejas ciudadanas, rozando las 2.000, con un incremento del 4%. Respecto al grado de colaboración de las administraciones con el síndic, la ya extinta Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda colaboró en el 64,2% de las 2.298 quejas presentadas, mientras que en la actual Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia este grado alcanzó el 100% de las 131 quejas presentadas desde la última remodelación del gobierno autonómico.
Por provincias, el 63,9% de los ayuntamientos de la provincia de Valencia cumplieron con las 751 quejas ciudadanas presentadas en 2025. En los de Alicante este grado fue del 61,8% de las 802 quejas presentadas y en los de Castellón del 59,2% de las 157 quejas presentadas. Por lugar de residencia, un total de 2.354 quejas ciudadanas fueron presentadas en 2025 en la provincia de Valencia, 2.154 en la de Alicante y 354 en la de Castellón.
Servicios sociales, un entramado pendiente de simplificar
Sobre los servicios sociales, el informe explica que es el ámbito que concentra “con enorme diferencia” la mayoría de quejas, sobre todo relacionadas con el reconocimiento y las ayudas de la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad. A pesar de que durante 2025 las quejas sobre la dependencia experimentaron un ligero descenso, continúan como el principal foco de reclamaciones del Síndic y representan cerca del 65% del total de las presentadas en esta materia y algo más del 30% de la totalidad de las admitidas a trámite en la institución.
Luna señala que, desde su primer informe anual en 2020, ha venido advirtiendo de los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales valencianos, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos municipales y de los de la Conselleria: “No se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”. Además, durante 2025 volvió a comprobar la problemática que se genera cada vez que llegan a su fin los contratos programa suscritos, ahora por periodos cuatrienales, entre Conselleria y ayuntamientos. Se debe, según indica, a que las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables porque la contratación de personal está sujeta a que reciban la subvención.
La transparencia, un problema de "voluntad política"
Seguidamente, las quejas por falta de transparencia y acceso a la información pública se consolidan como las segundas más numerosas, a pesar de que en 2025 registraron un ligero descenso de 432 a 412. El Síndic señala que se debe a "una falta de voluntad política que compromete la calidad democrática". Como consecuencia, advierte que "se deteriora la rendición de cuentas, se dificulta la participación política y crece la desafección ciudadana”, con lo que “las administraciones corren el riesgo de actuar al servicio de intereses particulares". De hecho, el 90% de las quejas que la ciudadanía presenta ante el Síndic denuncia, en primer lugar, la falta de respuesta a sus solicitudes y reclamaciones por parte de las administraciones, lo que "no solo genera indefensión, sino que abre la puerta a la arbitrariedad, los errores y los abusos de poder".
"La Dana ha desnudado el sistema de vivienda"
En materia de vivienda, el síndic puso de relieve que la Dana "ha desnudado el sistema de vivienda de la Comunitat Valenciana de manera dramática". "Los ciudadanos lo viven y nosotros venimos denunciando los problemas que ha habido. La situación se agrava", apuntó Luna. Además, puso de relieve la "desagradable sorpresa" que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025 eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar. Este procedimiento estuvo vigente durante los ejercicios 2023 y 2024 y se eliminó "de forma incomprensible", algo que el Síndic ha advertido a Conselleria.
También se recoge que el porcentaje de quejas relacionadas con la vivienda se ha duplicado "con creces" en los últimos cinco años. "Si antes de la dana de 2024 la situación de la vivienda ya era precaria, ahora las administraciones públicas tendrán que realizar enormes esfuerzos para, más allá de recomponer, mejorar una situación dramática”, manifiesta Luna, quien recuerda que la vivienda constituye un elemento básico sin el que es imposible acceder a otros derechos fundamentales.
