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INFORME

El primer estudio sobre el cortometraje español confirma los problemas estructurales que empujan a su precariedad

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VALÈNCIA. El cortometraje español va insistiendo en problemas estructurales y recurrentes: dificultades para financiarse, una dependencia casi absoluta de los festivales, escasas ventanas de exhibición y falta de oportunidades para generar retorno económico. Ahora, por primera vez, esas reivindicaciones tienen respaldo estadístico.

La Coordinadora del Cortometraje Español ha presentado este viernes, en el marco de Cinema Jove, El cortometraje español en 50 datos, el primer estudio dedicado exclusivamente a radiografiar este ámbito de la industria audiovisual, una publicación que aspira a repetirse anualmente y que pone cifras a unas carencias que el sector considera estructurales.

"Sabíamos qué era lo que no funcionaba en el sector, pero no teníamos pruebas. Ahora ya tenemos datos reales de qué es lo que está fallando y qué se puede mejorar", explica a este diario Alicia Albares, vocal de la Coordinadora del Cortometraje Español.

El informe analiza los 643 cortometrajes calificados por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) durante 2025, además de información procedente de festivales, ayudas públicas, plataformas, academias y asociaciones profesionales. El objetivo, explica Albares, no era descubrir problemas desconocidos, sino "corroborar con datos cosas que ya intuíamos".

Y los números apuntan directamente a esas debilidades históricas. La producción es muy vasta —solo en 2025 se calificaron 643 cortometrajes—, pero la financiación continúa siendo frágil y muy dependiente de las ayudas públicas. El coste medio reconocido por proyecto alcanza los 86.369 euros, aunque existen diferencias importantes entre la animación (122.827 euros), la ficción (69.435 euros) y el documental (32.576 euros). Al mismo tiempo, la internacionalización sigue siendo reducida: únicamente 18 de las obras analizadas fueron coproducciones internacionales, apenas un 2,8 % del total.

Para Albares, el estudio también evidencia la enorme diferencia entre toda la producción existente y aquella que consigue profesionalizarse: "A cualquier festival español llegan fácilmente entre mil y tres mil cortometrajes, pero los que finalmente están calificados en el Ministerio de Cultura en todo un año han sido solo 643. Ahí ya hay un primer problema".

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Festivales imprescindibles, pero insuficientes

Si existe un dato que resume la situación del cortometraje es el papel que desempeñan los festivales. El informe los identifica como la principal —y prácticamente única— ventana de exhibición del formato actualmente, ante la escasa presencia en salas comerciales, televisiones y plataformas.

Sin embargo, esa dependencia convive con unas condiciones económicas muy limitadas. El estudio revela que solo el 14 % de los festivales calificadores para los Premios Goya pagan un fee por selección a los productores, una reivindicación histórica del sector. "Hay festivales en los que ni siquiera te pagan el viaje para recoger un premio. Al final, el dinero del premio acaba destinándose a poder asistir a la gala", lamenta Albares. Y añade: "Queremos que la selección en un festival tenga una remuneración, igual que ocurre con los largometrajes".

La Coordinadora considera que esta medida ayudaría a construir un circuito económicamente más sostenible: "Si cada selección aportara aunque fueran 30, 50 o 100 euros, los productores podrían recuperar parte de la inversión y generar una industria más sólida".

Más allá de los festivales, el informe vuelve a señalar las carencias de otras vías de exhibición. Las plataformas mantienen una presencia testimonial y las salas comerciales apenas programan cortometrajes de manera excepcional. Desde la Coordinadora defienden incluso recuperar la práctica, habitual décadas atrás, de proyectar un corto antes de los largometrajes, una fórmula que, además de aumentar la visibilidad, generaría ingresos para sus productores.

La Comunitat Valenciana, entre los territorios con un ecosistema más completo

Las diferencias territoriales aparecen también reflejadas en el análisis. Aunque el informe no establece un ranking de comunidades, sí constata que las políticas públicas autonómicas condicionan directamente la capacidad para producir cortometrajes.

La Comunitat Valenciana figura entre los territorios que cuentan con un ecosistema más desarrollado gracias a la combinación de ayudas públicas, una red consolidada de festivales y herramientas específicas como el catálogo Curts. El propio informe identifica a la Comunitat Valenciana como una de las autonomías con mayor presencia de festivales calificadores para los Premios Goya y con una actividad sostenida en el ámbito del cortometraje.

"Las comunidades que tienen ayudas producen más cortometrajes y pueden hacerlos con más medios. Lo habitual es construir primero la financiación en tu comunidad autónoma y después acudir a las ayudas estatales. Si ya llegas con financiación previa, tienes muchas más posibilidades de conseguirlas", desgrana Albares.

A su juicio, esa desigualdad provoca que los proyectos nazcan en condiciones muy distintas según el territorio. "Lo ideal sería que todas las comunidades tuvieran líneas estables de ayudas para que los proyectos pudieran competir en igualdad de condiciones, pero eso no ocurre", concluye.

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La preocupación por la retirada de Movistar Plus+

La presentación del estudio ha coincidido además con la convulsión que ha generado la decisión de Movistar Plus+ de dejar de impulsar una de las principales vías de apoyo al cortometraje en fase de proyecto, Proyecto Corto, con presencia en varios festivales, entre ellos Cinema Jove.

La noticia, adelantada por Audiovisual 451, supone el cierre de una era de tres décadas de la iniciativa, que ha contado con algunos de los mejores directores de la actualidad del cine español. "Movistar era una de las pocas empresas privadas que apostaban por proyectos de cortometraje desde el principio. Que desaparezca una iniciativa así demuestra hasta qué punto el sector sigue dependiendo de muy pocos agentes para poder financiarse", opina Albares.

Una circunstancia que, precisamente, el nuevo informe pone negro sobre blanco: "Lo que falta ahora es que toda esa industria pueda trabajar en condiciones dignas y dejar de depender únicamente de la vocación de quienes la sostienen", concluye.

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