VALÈNCIA. El conflicto por las ayudas estatales a las salas de cine ha saltado por los aires y ha dejado de ser un problema circunscrito a los despachos de las comunidades autónomas. Tras la publicación en primicia de Culturplaza de esta situación, la noticia se ha extendido por el resto de territorios afectados (en total; seis). La Federación de Cines de España (FECE), que agrupa a más del 80% de las salas del país, reclama al Gobierno que busque una solución para que los 3,54 millones de euros que asignaron lleguen finalmente a los cines de Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Navarra.
Estas autonomías han quedado fuera de facto del reparto de los fondos correspondientes a 2026 por la interpretación de la Intervención Delegada sobre cómo debían haberse ejectuado las ayudas de 2025. Para refrescar: la Conferencia Sectorial de Cultura aprobó unas reglas para estos fondos que permitían a los gobiernos regionales convocar las subvenciones en 2025 pero poder pagarlas en 2026. Pero el Ministerio de Hacienda, a través Intervención, niega ahora esta posibilidad y obliga a que los fondos vuelvan al Tesoro Público con intereses.
Al final de todo este camino, las verdaderas afectadas, las salas, se enteraron de la situación en agosto, aunque no había trascendido a la prensa hasta esta semana. Una vez desatados los ríos de tinta, finalmente este miércoles las asociaciones han elevado la presión sobre el Ministerio de Cultura.
FECE señala la contradicción entre las instrucciones inicialmente trasladadas por el ICAA y el criterio aplicado posteriormente; mientras que sostiene que las consecuencias de esa discrepancia administrativa están recayendo ahora sobre las salas, que habían planificado sus proyectos contando con una nueva convocatoria en 2026.
La afectación alcanzaría los 280 recintos de exhibición y más de 3,5 millones de euros, el 41,7% de los fondos estatales que estaban previstos para distribuir este año. La federación reclama en su comunicado “que una discrepancia administrativa, o problemas de coordinación entre diferentes órganos de la administración pública, perjudiquen a los exhibidores”. La asociación también ha pedido al Ministerio la documentación relativa al procedimiento y a la motivación del cambio de criterio.
La organización asegura que solicitó esa información a través del Portal de Transparencia y que todavía no la ha recibido, después de que el Ministerio ampliara el plazo para entregarla. FECE anuncia que, una vez disponga de la documentación, estudiará las acciones que correspondan en defensa de los intereses de las salas.
La Generalitat ultima la vía jurídica
La reacción valenciana ha llegado de la mano de la Conselleria de Cultura. La Generalitat sostiene que el IVC publicó su convocatoria el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo establecido y siguiendo las indicaciones recibidas para su tramitación. La Comunitat tenía asignados 1.070.370,37 euros procedentes de la distribución territorial de estas ayudas.
La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, anunció ayer una estrategia jurídica y administrativa para intentar recuperar esa financiación. “Las salas de cine valencianas no son responsables de esta situación y no pueden resultar perjudicadas por cambio de criterio del Gobierno de España”, recoge una nota oficial.
El Consell prepara alegaciones, requerimientos y recursos en coordinación con las otras comunidades afectadas y con las organizaciones de exhibidores. Según ha podido saber este diario, Baleares o Andalucía ya habrían presentado sus respectivos recursos y la Comunitat Valenciana aún tiene cierto margen.
La Generalitat plantea, en el peor de los casos, un escenario alternativo: si el Gobierno central no ofrece una solución, se compromete a estudiar fórmulas presupuestarias para incrementar la consignación de las ayudas de 2027 y mantener el nivel de apoyo al sector.
- Taquillas de los cines MN4. -
- Foto: CINES MN4
Las salas valencianas pide recurrir los dos años
Pero estas promesas tienen matices importantes. Desde las salas valencianas, la preocupación se centra ahora no solo en recuperar los fondos cuya ejecución se cuestiona, sino en evitar que la solución que se adopte termine cerrando otras vías de reclamación.
Y es que la solución más fácil a este callejón es que las administraciones enmienden sus convocatorias para que las de 2025 sean, en realidad, las de 2026. De esta manera, el dinero que les había designado el Ministerio se lo pueden quedar y repartir conforme hayan establecido sus bases. El problema es que esto significaría la asunción de que es su convocatoria la que estaba mal formulada, y por tanto dejarían caer la de 2025. El dinero lo perderían igual, pero evitarían sumar más a la maraña burocrática y, posiblemente, judicial. El Ministerio de Cultura repitió ayer que esta situación no ha sido una decisión política suya y animó a las comunidades y asociaciones a presentar estos recursos.
Además, hay un segundo frente: las comunidaes que no cambien sus ayudas de 2025 y renuncien al lío de recursos, siguiendo el nuevo criterio, tendrían apenas tres meses y medio que restan al año 2026 para convocar, resolver y pagar las de este ejercicio. Algo a todas luces imposible, y que podría poner en peligro también esta nueva convocatoria.
Antonio Martí, presidente de Avecine, pide que la Comunitat proteja jurídicamente tanto las ayudas de 2025 como las correspondientes a 2026. A estas alturas, las salas valencianas ni siquiera han cobrado las correspondientes al año pasado, nueve meses después.
Desde Avecine incluso plantean que el IVC convoque las ayudas de 2026 de manera condicionada a la llegada de los fondos estatales, de forma que las salas puedan presentar sus solicitudes y quede constancia de la convocatoria mientras se resuelve el conflicto financiero. Es una de las fórmulas que el sector está planteando en sus conversaciones con el organismo autonómico.
