VALÈNCIA. Superada - con gran polémica - la negociación salarial, la Conselleria de Educación y los sindicatos vuelven a encallar en un nuevo punto: las ratios. El límite de alumnos por aula es, según una encuesta sindical, la mayor preocupación para los docentes valencianos. Y no es para menos, pues marca la capacidad de atención individualizada del profesorado, así como su carga laboral en la impartición de las clases y la corrección de exámenes.
Era, además, el punto que generaba una mayor expectación en las negociaciones de este martes. No obstante, la propuesta del departamento que encabeza Carmen Ortí ha desconcertado a las formaciones sindicales, pues la oferta resulta sustancialmente más baja que la presentada en anteriores ocasiones. De hecho, el límite de alumnado propuesto por el Ejecutivo valenciano se sitúa por encima del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de España y que está pendiente de ser debatido y votado en el Congreso.
Esta norma podría no salir adelante teniendo en cuenta la delicada aritmética parlamentaria en la Cámara Baja, por lo que el Consell ha planteado una oferta que plantea topes superiores a expensas de que, posteriormente, pueda estar obligado a aplicar las reglas del juego fijadas por el Ejecutivo central. En concreto, la propuesta plantea mantener en 25 el límite de alumnos en Primaria, salvo una pequeña bajada a 22 estudiantes en las aulas del primer curso de esta etapa en el ejercicio 30/31.
En Secundaria, por su parte, se plantea una reducción progresiva del tope de 30 estudiantes que existe en la actualidad. Con ello, en el curso 31/32 el límite sería el siguiente: 26 en 1º de ESO; 27 en 2º de ESO; 28 en 3º de ESO; y 29 en 4º de ESO. En Bachillerato, el límite de 35 alumnos terminaría siendo de 32 en primer curso y de 33 en segundo curso al inicio del ejercicio 31/32.
La propuesta incluye fijar en un máximo de 18 los escolares en la educación de 2 a 3 años. Por tanto, el documento deja fuera la etapa 0-2 años, la Formación Profesional o el número de estudiantes a los que equivale el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Se trata, por tanto, muy alejada de las pretensiones sindicales, que, en líneas generales, reclaman la aplicación de los nuevos máximos fijados por el Gobierno central: 22 estudiantes en Primaria y 25 en ESO, así como una reducción en Formación Profesional, las Escuelas Oficiales de Idiomas, o el cómputo doble o triple del alumnado NEAE. En cualquier caso, las pretensiones varían según cada sindicato, pero ninguno de los cinco presentes en la mesa de negociación - STEPV, Anpe, CSIF, CCOO y UGT - han realizado una valoración positiva de la nueva oferta de la Generalitat Valenciana.
El documento, eso sí, incluye la constitución de mesas posteriores para "seguir avanzando en la reducción progresiva de ratios", la aplicación de reducciones adicionales en zonas despobladas, un máximo de 8 alumnos en aulas específicas, o una regulación expresa de los centros con características singulares, entre otros aspectos. La aplicación del calendario, en todo caso, quedaría supeditada a que una norma estatal pueda mejorar las cifra y a que se cuente "con la dotación presupuestaria para cada ejercicio".
"Imposible" de cumplir con la norma estatal sin más fondos
Según han explicado los sindicatos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado que el anteproyecto de ley del Gobierno "es imposible de cumplir" sin un 'extra' de fondos. En este sentido, ha defendido que la propuesta planteada es el máximo al que pueden llegar con los fondos propios de la Generalitat. Con ello, ha lanzado un mensaje a los sindicatos de que esta bajada de ratios planteada genera "seguridad" ante una norma nacional que podría no aplicarse finalmente. Además, ha explicado que la FP y las EOI "son muy peculiares" para las ratios y ha emplazado a una negociación posterior.
Ante el desacuerdo sindical, la Conselleria de Educación ha pedido un día más en estas negociaciones. En este sentido, McEvoy ha reiterado que con fondos propios no se puede llegar a más, pero que este miércoles se presentará una nueva propuesta que, en un principio, mantendrá intacta las ratios del documento presentado este martes.
Lío por el IPC en la subida salarial
De manera previa a la negociación de las ratios, la reunión ha estado marcada por un importante choque entre todos los agentes implicados por la concreción del acuerdo retributivo firmado este lunes por la Generalitat y los sindicatos Anpe y CSIF. En un principio, el pacto supone un incremento salarial de 200 euros mensuales y seis días de libre disposición al año (3 lectivos y 3 no lectivos). La subida de sueldo se aplica en tres tandas: 75 euros en septiembre, 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028. Esta última subida, según explicaron sería revisada al alza en el momento de su entrada en vigor de acuerdo al IPC.
"El acuerdo recoge la mayor subida salarial propuesta a los docentes de toda España, 200 euros mensuales, junto con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que les sitúa entre los mejor pagados de España", señala el comunicado publicado por la Conselleria de Educación, lo que deja negro sobre blanco que la subida se había planteado sobre los últimos 50 euros. No obstante, posteriormente, CSIF afirmó que la revisión era de todo el complemento autonómico y no de la última entrega de la subida salarial.
Un extremo que ha llevado a los sindicatos no firmantes a pedir una aclaración al respecto. El secretario autonómico ha confirmado que la revisión al alza será para todo el complemento, lo que ha indignado a STEPV, CCOO y UGT, que consideran que se ha llevado a cabo un cambio de criterio entre lo que se propuso en la mesa y lo que finalmente se rubricó. Estos tres sindicatos han reclamado el acta del encuentro, mientras la Conselleria ha dado por cerrado el punto salarial y ha instado a las formaciones disconformes a firmar el documento, recurrirlo o simplemente dejar que siga su curso. "Hubo mala fe negociadora", consideran desde CCOO.
