CASTELLÓ. Quien avisa no es traidor dice el rico y siempre sabio refranero español. Y es que, si algo ha habido alrededor de la comunidad educativa desde el pasado 20 de noviembre, han sido reivindicaciones sobre su situación laboral, concentraciones demandando cambios y advertencias de lo que sucedería si la Conselleria y los sindicatos no llegaban a un acuerdo. De nada han servido meses de manifestaciones, pues al final se ha llegado a lo que nadie quería: una huelga indefinida, centros bajo mínimos y la incertidumbre de no saber cuándo reinará la normalidad para los 78.000 docentes implicados y los 800.000 alumnos afectados en toda la Comunitat Valenciana.
En Castellón, alrededor de 5.100 personas (según cifras aportadas por la Delegación del Gobierno) secundaron una concentración iniciada en la plaza de las Aulas y que recorrió sin incidentes las calles de la capital de la Plana durante la mañana del 11 de mayo. A nivel global, los sindicatos convocantes (STEPV, CSIF, CCOO y UGT) calificaron la jornada como "histórica" y dataron el seguimiento en el 90 %, mientras que Educación lo rebajó al 42 % a la vez que los centros educativos continuaron su actividad haciendo uso de los servicios mínimos.
Seis meses de reivindicaciones hasta la huelga y un acuerdo más lejos que cerca
Más de medio año han tardado los sindicatos en convocar una huelga que por el momento es indefinida. Se movilizaron y salieron en defensa de "una escuela pública de calidad" durante los dos últimos meses de 2025 y lo volvieron a hacer en 2026 en visos de llegar a un acuerdo que no ha llegado. Sus demandas a la Conselleria son varias y diversas, siendo la principal la recuperación del poder adquisitivo perdido y la inclusión de una cláusula de revisión salarial de acuerdo a los incrementos del IPC.
No solo eso, sino que otra de las reivindicaciones más destacadas es la de rebajar las ratios de alumnado para evitar la sobrecarga de trabajo y permitir una atención lo más individualizada posible. Además, la recuperación del profesorado recortado con la aplicación de la nueva orden de plantillas, la cobertura inmediata de todas las plazas vacantes y sustituciones, la recuperación de los 121 millones de euros reducidos en el Pla Edificant o la sustitución de la Ley de Libertad Educativa por otra que potencie el valenciano son otras de las peticiones que deberá atender el ejecutivo comandado por Carmen Ortí para desbloquear una situación enquistada y que no parece cerca de resolverse.
"Es un día muy triste para la educación pública valenciana. Llevamos desde que empezó el curso intentando negociar, pero no ha sido posible por ahora. Esto va mucho más allá de una reivindicación salarial y responde al deterioro progresivo que lleva sufriendo el sistema educativo público y la profesión docente en los últimos años. Esto no va contra las familias ni contra los estudiantes, pues lo que queremos son medidas que permitan recuperar la dignidad de la profesión docente y que fortalezcan el sistema público de enseñanza", explicaban los representantes sindicales a Castellón Plaza durante la concentración de este 11 de mayo.
Un decálogo de propuestas tildado de "inaceptable"
A la cuarta pudo ir la vencida, pero no. En marzo, a las puertas de una reunión entre las partes y en visos de evitar el póker de movilizaciones, la Conselleria remitió a los sindicatos un decálogo de propuestas que, según Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación, pretendía ser "un punto de partida sobre el que poder trabajar durante la Mesa Sectorial" y que estos calificaron como "inaceptables", "decepcionantes" y "una falta de respeto".
El primero de los puntos incluido en el documento apeló a la responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para "garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano, basando su actuación en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto a los límites presupuestarios reales". El segundo, señaló que todas las partes deben asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre las mejoras retributivas del personal docente. El tercero hacía referencia a la configuración de las plantillas de los centros educativos, que "deberán regirse siguiendo criterios de equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos".
En relación con las ratios, el texto elaborado por la Conselleria explicaba que "cualquier reducción establecida normativamente por el Estado deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno". Asimismo, se señalaba que el incremento de efectivos "deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará". El sexto punto hacía referencia a la adecuación de la oferta educativa, que "deberá ajustarse a la demanda real, con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado".
En cuanto a la escolarización sobrevenida, desde la Conselleria se apuntó que el incremento continuado de alumnado y profesorado en la Comunitat Valenciana "se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado". Por lo que respecta al absentismo y bajas laborales del profesorado, desde la Administración se señaló la necesidad de "implementar medidas conjuntas y coordinadas dirigidas a la mejora del bienestar y la salud laboral del personal docente".
El noveno punto hizo referencia a eventuales mejoras retributivas del personal, que "se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico". Finalmente, el último punto del documento indicó que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) "se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente".
Ortí quiere "llegar a acuerdos" y cuantifica las peticiones en 2.400 millones
Carmen Ortí, consellera de Educación, aseguró durante la mañana del 11 de mayo en declaraciones a À Punt que su departamento tiene elaboradas diferentes estrategias para abordar la huelga en función de su duración. En este sentido, afirmó que su área trabaja para abordar el problema "con responsabilidad y seriedad" y aseguró que "nuestra voluntad siempre ha sido la de llegar a acuerdos" y que "los canales de diálogo están abiertos".
Asimismo, Ortí, el pasado 4 de mayo en la Vila Joiosa, lugar en el que se celebró el Pleno del Consell, expuso que las propuestas de los sindicatos "superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación" y las cifró en "alrededor de 2.400 millones de euros al año". "Nosotros no nos estamos centrando solo en el tema de las retribuciones, sino también en todo el paquete de medidas que ellos reclaman y que además también estaban ya dentro de nuestros objetivos", sentenció la consellera antes de llegar a una huelga indefinida que, salvo giro de los acontecimientos, se prolongará durante los próximos días.
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