VALÈNCIA. Más de 16.000 proyectos de vivienda e industria están bloqueados pese a tenerlo todo listo para operar como consecuencia de los retrasos administrativos y la saturación de la red eléctrica. Si parte de la actual crisis habitacional es consecuencia del encarecimiento de los costes de la construcción, los problemas con la mano de obra o la falta de suelo disponible, ahora también debe afrontar la dificultad de acceso a puntos de conexión. Así, en este momento hay miles de inmuebles terminados en la Comunitat Valenciana que no pueden completarse y entregarse a sus dueños porque no disponen de los permisos para el suministro eléctricos. Una parálisis que está ralentizando la llegada de nueva oferta al mercado residencial en un momento de máxima necesidad.

No obstante, este bloqueo no es exclusivo de la vivienda. También existen numerosos proyectos empresariales e inversiones industriales pendientes de autorización. La complejidad administrativa que acompaña tradicionalmente la tramitación de este tipo de iniciativas ha generado importantes cuellos de botella en los últimos años que llegaron a provocar un tapón de hasta 25.000 expedientes en toda la Comunitat Valenciana, según datos de la Generalitat Valenciana. Un atasco que se ha ido aliviando, pero que sigue siendo importante: 16.500 proyectos pendientes de resolver, de los que 5.500 son inmuebles y los 11.000 restantes otro tipo de negocios industriales o comerciales.

El problema radica en que sin la correspondiente conexión eléctrica, las unidades residenciales no pueden ser ocupadas ni entregadas a sus propietarios, una circunstancia que también afecta a establecimientos comerciales, instalaciones logísticas y proyectos industriales. Ante esta situación, tanto el sector de la construcción como el tejido empresarial vienen reclamando medidas urgentes que permitan agilizar la tramitación y reducir la acumulación de expedientes.

"La realidad es que no hay potencia disponible para los consumidores y eso genera un problema en muchos sitios de España sobre todo en Castellón y Valencia. Aquí lo que procede es un enfoque global del problema; tenemos que invertir más en redes y planificación para la futura regulación", señala Pedro Fresco, director de la patronal de energía renovable en la Comunitat Avaesen. En ese sentido, destaca la necesidad de cambiar la fórmula en la que se demanda la potencia. "También estamos a la espera de que las baterías se puedan transformar en demanda flexible, lo que abrirá el acceso a la red a más actividades", agrega.

Para aliviar esta situación, el Consell aprobó por la vía de la urgencia una norma para agilizar la salida de expedientes. Se trató de una resolución por la cual se concedió la autorización administrativa previa y de construcción para determinados proyectos de la provincia de Valencia, sin necesidad de declaración de utilidad pública ni de evaluación ambiental. La medida estaba pensada para las solicitudes presentadas entre el 1 de enero de 2020 y el 19 de diciembre de 2025, siempre que incorporaran toda la documentación exigida como la memoria, planos, presupuesto, estudios de seguridad y salud y gestión de residuos. Eso sí, quedaban excluidas las instalaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental.

8.500 expedientes desbloqueados

Esta medida permitió aliviar la situación y desde su aprobación en enero se han desbloqueado 8.500 expedientes, según datos de la Conselleria. Sin embargo la situación era de tal gravedad que la congestión sigue activa, ya que a los proyectos por resolver se suman los que se van presentando. No obstante, la Generalitat prevé que se dé otro empujón a los proyectos en los próximos meses ahora que las denominadas Entidades Colaboradoras de Certificación (ECUV) ya pueden tramitar expedientes después de que la Generalitat activara hace tan sólo dos semanas la plataforma necesaria para ello, la cual llevaba esperando el sector más de un año.

A este colapso administrativo se suma la saturación en la red. De hecho, como ha venido contando este diario, el problema es mayúsculo. Según los mapas de capacidad de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), publicados en abril de 2026, la situación de la red de distribución es de clara saturación: Castellón presenta un 100% de nudos sin capacidad disponible, Valencia un 88% y Alicante un 80%. Esta congestión ha provocado ya que en tan sólo dos meses se hayan rechazado 132,5 megavatios (MW) de potencia de seis proyectos que contaban con una inversión de mínimo 130 millones de euros. 

Esta situación supone, por tanto, un freno directo al inicio de nuevos proyectos residenciales y empresariales, ya que la falta de capacidad disponible impide que iniciativas que cuentan con suelo, inversión y planificación puedan avanzar hasta obtener la autorización de conexión al suministro. De este modo, la saturación de la red se convierte en un nuevo cuello de botella para el desarrollo de inversiones, un problema especialmente relevante en el caso de la vivienda por la actual tensión del mercado inmobiliario.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) dan buena cuenta a este diario del interés creciente por parte de promotores de diversos proyectos por instalarse en la región valenciana. "En esta fase inicial ya estamos recibiendo un número relevante de solicitudes, lo que nos permite constatar que existe un interés creciente por parte del tejido empresarial y profesional en utilizar este nuevo servicio de Entidad Colaboradora de Certificación en materia de energía", indican.

En concreto, los proyectos que están llegando al COIICV son, principalmente, actuaciones vinculadas a infraestructuras eléctricas de alta tensión. Según explican, aproximadamente un 56% corresponden a líneas eléctricas de alta tensión y un 44% a instalaciones eléctricas de alta tensión, fundamentalmente centros de transformación y centros de seccionamiento.

Es una distribución bastante equilibrada y coherente con la realidad técnica de este tipo de expedientes, ya que cada centro suele llevar asociada, al menos, una línea eléctrica. "Esto refleja que estamos hablando de proyectos necesarios para el desarrollo industrial, energético y empresarial de la Comunitat Valenciana, especialmente en un momento en el que la electrificación, la capacidad de conexión y la agilidad administrativa son factores clave para atraer inversión y desbloquear iniciativas", agregan desde el colegio profesional. 

El COIICV ya venía desarrollando funciones similares en el ámbito de la Autorización Ambiental Integrada, por lo que ahora, como entidad colaboradora, puede intervenir en la revisión técnica previa de la documentación, detectar errores u omisiones antes de que el expediente llegue a la Administración y contribuir así a reducir plazos de forma muy significativa. "Esto es especialmente importante en un contexto en el que las empresas, los profesionales y los promotores necesitan respuestas ágiles para poder sacar adelante proyectos industriales, energéticos y de inversión. La simplificación administrativa no significa rebajar exigencias, sino hacer que los procedimientos sean más eficientes, más claros y más útiles para la actividad económica", puntualizan desde el colegio.

Pese a su optimismo respecto al papel de las entidades colaboradoras, el colegio quiere mostrarse prudente respecto a su alcance. "Todavía es pronto para hacer una valoración definitiva de sus resultados, porque los procedimientos necesitan un tiempo razonable para desplegarse, consolidarse y demostrar todo su potencial", añaden.