MADRID (EFE). La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cree que el cierre del parque nuclear no disparará los precios energéticos ni pondrá en riesgo la seguridad de suministro, e insiste en que las empresas propietarias de las centrales "no han presentado ninguna propuesta" de modificar el calendario.

"Creo que es una forma de generar muchísimo ruido y, hasta el momento, no hemos visto una propuesta", recalca Aagesen en una entrevista con EFE, y recuerda que este mes se ha reunido con "más de 55 asociaciones" de todos los ecosistemas energéticos y de la industria, y "nadie" habló de ello.

Durante la charla, la ministra responde al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que en recientes declaraciones al Financial Times ha alertado de un incremento repentino de los precios energéticos de más de un 25 % si España repite el "gran error" cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares.

"Nosotros no tenemos esa preocupación", dice Aagesen, que explica que cuando el Gobierno realizó el análisis de la planificación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) también estudió cómo el nuevo escenario iba a impactar en los precios.

"Son precios muy competitivos, inferiores a 40 euros/ megavatio hora (MWh) incluso con el cierre del parque nuclear", prosigue. Por tanto, "ese no es el riesgo para los ciudadanos", como "tampoco lo es la seguridad de suministro".

En opinión de la vicepresidenta tercera, "lo que es un riesgo es pensar que los ciudadanos vamos a pagar la gestión de los residuos radiactivos".

"Muchísimo ruido" pero sin propuestas

En los últimos meses, la discusión acerca de si se debe o no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares en España se ha intensificado, tanto en el Congreso, donde se ha debatido una propuesta del PP para mantenerlas en operación, como en la esfera pública.

También se han pronunciado al respecto sindicatos como UGT, cuyo secretario general, Pepe Álvarez, ha abogado por prolongar el plazo pues, a su modo de ver, al margen de no existir "razones objetivas" para no hacerlo, España aún está lejos de poder dar respuesta a las necesidades energéticas con las renovables.

El calendario actual prevé que el cierre nuclear se realice de forma escalonada entre 2027 y 2035, una hoja de ruta que fue acordada por Enresa (la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) y las empresas propietarias de las plantas en 2019.

Este apagón comenzará con la central de Almaraz (Cáceres). Para su primer reactor, que empezó a funcionar en 1981, está fijado en 2027, mientras que para el segundo, en 2028.

Por ahora, el mercado continúa sin saber, a ciencia cierta, qué solicitarán -o no- las empresas, aunque desde la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' verían "muy positiva" una posible miniprórroga de tres años en un momento en el que Europa se está replanteando su estrategia nuclear.

A la pregunta de si el Ejecutivo central está preparando una reunión con Iberdrola, Endesa y Naturgy, las dueñas de Almaraz, para negociar su vida útil, Aagesen contesta: "Las empresas nos pidieron diálogo y es lo que están teniendo, nada más concreto que diálogo y hasta ahí puedo llegar, no hay ninguna novedad". 

Antin

Aagesen celebra además que Bruselas haya declarado ilegal el laudo arbitral que ordenaba a España compensar a Antin por retirar ayudas a las renovables en 2013, y confía en que cualquier posible recurso "no tenga ningún tipo de recorrido" en la Justicia europea.

Durante la conversación, Aagesen valora que la Comisión Europea (CE) haya rechazado que España desembolse 101 millones de euros a la firma luxemburguesa Antin en concepto de la compensación fijada por un laudo de 2018, al considerar que sería una ayuda de Estado ilegal.

También se pronuncia sobre las dudas de los inversores afectados por dicha decisión, que avanzaron que estudiarían llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), preocupados por "la intervención" que haya podido tener la exministra española y ahora comisaria Teresa Ribera.

Su sucesora recuerda que Ribera se recusó en diciembre de los casos en los que podía haber conflicto de intereses de su etapa como vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ella firmó una carta de abstención. Es una práctica habitual en la CE", sostiene Aagesen, que insiste en que el Ejecutivo español "tiene imagen de proteger el interés general", mientras que los "fondos buitre" tienen otra. "La palabra 'buitre' ya dice bastante", añade.

De este modo, aunque es consciente de que los fondos "no deben estar muy contentos", está segura de que sus reclamaciones no tendrán "ningún tipo de recorrido".

"Paso a paso" en temas de fiscalidad

Coincidiendo con la presentación del Plan de Acción para una Energía Asequible, la CE instó a los países a aplicar el tipo mínimo del 5 % en el IVA de la electricidad para reducir las facturas, si bien reconoció que es una decisión compleja que corresponde a las autoridades nacionales.

"La fiscalidad ambiental hay que hacerla paso a paso y que consolide", señala la ministra española, que en transición ecológica tiene claro que lo primero sería equiparar el tipo impositivo del diésel al de la gasolina.

Luego, dentro del margen fiscal que exista, verán si se puede impulsar la reducción del IVA. Pero "paso a paso", reitera.

El criterio de renta en el bono social es "afortunado"

Esta semana, el Congreso ha debatido una proposición no de ley en la que el PNV instaba al Ejecutivo a reformar el acceso al bono social eléctrico y a reformular los criterios para que las familias numerosas puedan beneficiarse, introduciendo sistemas de estandarización de renta para un trato "más equitativo".

Lo último lleva sobre la mesa desde hace dos años, después de que se trascendiera públicamente que políticos de distinto signo recibían el bono social térmico -del que se benefician, sin realizar trámites, quienes ya reciben el eléctrico- sólo por tener la tarjeta de familia numerosa.

Por lo pronto, el Gobierno ha lanzado una consulta pública previa sobre la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en la que quieren ver cómo conseguir que "todas y cada una" de las familias con derecho al bono queden efectivamente cubiertas.

"Nuestro objetivo es que perciba la ayuda el que realmente lo necesite", subraya la vicepresidenta tercera, que considera que introducir un criterio de renta para las familias numerosas es "afortunado", pues muchas son vulnerables.

La clave está en "medir bien" en qué consistirá y cuál es el multiplicador del Iprem (índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas) que hay que utilizar "para no dejar a ninguna familia fuera".

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio, a fecha del pasado 28 de febrero había 1,67 millones de unidades de convivencia beneficiarias. Un 25,7 % de ellas eran familias numerosas.

El Moves, sin fecha

Otro frente pendiente son las ayudas del Plan Moves III al vehículo eléctrico y su infraestructura de recarga, cuya prórroga decayó el pasado enero tras la falta de apoyo del Congreso al decreto 'omnibus'.

"No puedo decir ninguna fecha. Espero que sea muy pronto porque necesitamos esa certidumbre", relata Aagesen, que aclara que el texto será "exactamente lo que había a 31 de diciembre de 2024", es decir, una prórroga de seis meses desde este 1 de enero y con carácter retroactivo.

Tampoco está claro cuando comenzará a funcionar la reestablecida Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en la etapa de gobierno del PP quedó integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Me gustaría tenerlo antes de verano", indica Aagesen, que vaticina un respaldo mayoritario del arco parlamentario a este regulador energético "más necesario que nunca".

No obstante, dada la fecha, "va a ser bastante complicado", admite.