VALÈNCIA. El PSOE liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atraviesa horas muy bajas. La semana que queda atrás ha dejado una serie de sucesos e hitos informativos que han profundizado en el desgaste de las siglas socialistas, lo que ha avivado el debate en la opinión pública sobre un posible adelanto electoral.

No es para menos. El ejecutivo central se encamina a su tercer año sin aprobar Presupuestos, la problemática para lograr mayorías parlamentarias que permitan adelante sacar las iniciativas del gobierno compuesto por PSOE y Sumar son constantes y, a todo ello, hay que sumar los casos de presunto corrupción y los escándalos de acoso sexual que vienen asolando a la formación socialista.

Un cóctel que, en los últimos días, se ha agitado con especial virulencia hasta generar la sensación de fin de ciclo entre muchos cargos del partido, que empiezan a admitir en privado la necesidad de encontrar una salida digna a esta etapa sin que ello signifique regalar el gobierno a PP y Vox.

No resulta extraña esta reflexión en las filas socialistas, tras unos días que han generado un fuerte clima de enfado y desazón. La semana comenzó con la publicación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia contra el ya exfiscal general Álvaro García Ortiz, donde reprochaban la comisión de un delito con el objetivo de desmentir una información falsa. Un caso este que ha perjudicado notablemente la imagen de Pedro Sánchez, quien había restado importancia al caso de forma reiterada y había asegurado que García Ortiz saldría absuelto.

El miércoles se produjeron dos situaciones dispares y delicadas para el PSOE. Por un lado, se produjo la detención de la exmilitante socialista Leire Díaz, y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, quien pasó posteriormente por Servinabar, empresa situada en el centro del 'caso Cerdán'. Además, al hilo de este caso, se conocía la investigación de la UCO sobre tres empresas públicas más: Sepides, Mercasa y Enusa. Respecto a esta última, se hacía público además que el expresidente de la misma, José Vicente Berlanga, valenciano y próximo al exministro José Luis Ábalos, se encontraba entre los investigados.

Por otra parte, esa misma jornada se conoció la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir seis denuncias de compañeras y excompañeras del partido por acoso sexual que el dirigente asegura son "falsas". Apenas 24 horas después, el senador por Valladolid Javier Izquierdo anunciaba que dejaba su acta en la Cámara Alta y su puesto en la ejecutiva federal del PSOE con el objetivo de "afrontar otras tareas profesionales"; una salida que varios medios han vinculado a nuevas denuncias de acoso. Sobre esto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, informó este viernes de la apertura de expediente informativo por el caso de Izquierdo pero subrayó que no le constaba ninguna denuncia.

Precisamente la comparecencia de la dirigente valenciana versaba por otra de las cuestiones que ha agitado la formación socialista en las últimas semanas: el denominado 'caso Salazar'. El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso del exdirigente Francisco Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, por posible encubrimiento, pero no llevará los casos a la Fiscalía.

Un conjunto de sucesos que, en apenas cinco días, han acentuado la crisis del PSOE de Sánchez, que se enfrenta además el próximo domingo a unas elecciones autonómicas en Extremadura con previsiones poco halagüeñas para la formación del puño y la rosa, que además tendrá pocas semanas después, en febrero, otra cita difícil en los comicios de Aragón, donde se visitarán las urnas el próximo 8 de febrero.