CASTELLÓ. El campo valenciano sigue teniendo en el crédito bancario y en las ayudas públicas sus principales vías para financiar las inversiones, mientras las nuevas fórmulas de financiación alternativa que empiezan a ganar terreno en la agricultura española todavía no encuentran un encaje claro en buena parte del tejido productivo de la Comunitat. El reducido tamaño de las explotaciones y el predominio de los cítricos dibujan un escenario diferente al de los grandes proyectos de cultivos leñosos que están captando capital a través de plataformas reguladas de inversión.
La dimensión de las ayudas públicas da una idea del peso que mantienen estas vías tradicionales. El sector primario valenciano —agricultura, ganadería y pesca— recibió 343,3 millones de euros en subvenciones en 2025, un 3,9% más que un año antes, según el Informe del Sector Agrario Valenciano de la Conselleria de Agricultura. La Unión Europea, a través de la PAC, continúa siendo la principal fuente de estos recursos, mientras la aportación de la Generalitat creció un 25,7%, hasta 90,5 millones de euros. El Estado aportó otros 49,4 millones.
El apoyo público también está reforzándose en las líneas directamente vinculadas a la inversión. La Generalitat tiene actualmente convocados o previstos cerca de 150 millones de euros para modernizar explotaciones, recuperar su potencial productivo, facilitar el relevo generacional y mejorar la competitividad del campo.
El recurso a estas vías tiene también una explicación estructural. La agricultura valenciana está mucho más atomizada que la de buena parte de España. Según los datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2023, la Comunitat contaba con 78.821 explotaciones agrarias, de las que cerca de 60.000 (76%) tenían menos de cinco hectáreas.
La superficie media de una explotación agraria valenciana era de apenas 5,9 hectáreas, frente a las 26,1 hectáreas de media nacional. Solo Canarias y Galicia presentaban entonces un tamaño medio inferior.
Y el principal cultivo de la Comunitat tampoco responde al perfil que actualmente busca buena parte de la financiación alternativa. De las 585.642 hectáreas de tierras de cultivo contabilizadas por la Conselleria en 2025, 151.698 correspondían a cítricos, por delante de los frutales no cítricos, con 122.052 hectáreas. Dentro de estos últimos, el almendro ocupaba 85.823 hectáreas. El olivar sumaba 90.788 hectáreas y el viñedo, 60.197.
Esta estructura ayuda a explicar por qué las nuevas plataformas de financiación no tienen todavía presencia significativa en la Comunitat. Fellow Funders, una de las plataformas de financiación participativa que está canalizando capital hacia proyectos agrarios, confirma que actualmente no cuenta con ningún proyecto en la Comunitat Valenciana.
Su modelo está orientándose principalmente a plantaciones nuevas o explotaciones próximas a entrar en producción, con proyectos de gran dimensión y necesidades de inversión que parten aproximadamente de los dos millones de euros. Entre los cultivos que concentran actualmente el interés de este tipo de financiación están el aguacate, el almendro y el pistacho.
Los cítricos, en cambio, presentan características que dificultan su encaje en estos modelos. La volatilidad y rango de los precios y las particularidades de su rentabilidad hacen que no sean, de momento, el tipo de activo que estas plataformas buscan para inversiones a medio y largo plazo.
El capital alternativo sí entra, pero por otra puerta
Eso no significa que el capital privado haya permanecido al margen del campo valenciano y que no muestre interés por invertir en el sector agro de la Comunitat. Desde AVA-Asaja señalan que los fondos de inversión y los grandes operadores comerciales sí están entrando en el sector agrario de la Comunitat, pero fundamentalmente a través de empresas de mayor dimensión y explotaciones de mayor tamaño.
La diferencia está, por tanto, en la escala. El productor medio valenciano continúa recurriendo al banco y a las ayudas públicas, mientras los proyectos con una mayor capacidad de inversión empiezan a tener acceso a otras fuentes de capital.
Esta realidad se hace especialmente visible en la renovación de las plantaciones de cítricos. La apuesta por nuevas variedades protegidas requiere una inversión inicial importante no solo para adquirir la planta, sino también para asumir los derechos asociados a las variedades. De ahí que las organizaciones agrarias lleven años reclamando planes específicos de reconversión varietal, además de ayudas para los planes de mejora y para la incorporación de jóvenes agricultores.
Más herramientas que hace 20 años
El diagnóstico no es, sin embargo, el de un sector sin alternativas. Para Carlos Lledó, fundador de Veganic, una empresa especializada en soluciones biológicas para la agricultura ecológica, el agro dispone actualmente de muchas más herramientas de financiación que hace dos décadas.
Desde su experiencia empresarial, señala la importancia de las ayudas autonómicas, estatales y europeas, pero también de instrumentos como las deducciones fiscales por I+D+i, los proyectos europeos y las líneas del Instituto Valenciano de Finanzas. En su caso, estas vías han contribuido a financiar el desarrollo de una empresa vinculada a la innovación agroalimentaria.
Lledó considera que este conjunto de instrumentos es relevante para evitar que España y la Comunitat Valenciana pierdan competitividad y entiende que las distintas fórmulas pueden ser complementarias. La financiación bancaria sigue teniendo un papel importante, mientras las ayudas públicas y los incentivos a la innovación permiten abordar proyectos que requieren una inversión específica.
El principal problema que identifica no está tanto en la ausencia de instrumentos como en la burocracia asociada a algunas ayudas públicas.
A la financiación tradicional y pública se suma además el movimiento corporativo. El proceso de concentración empresarial, las operaciones de compraventa y la entrada de fondos de inversión están inyectando capital en compañías agroalimentarias de mayor tamaño.
- Campo de cultivos agroalimentarios en el campo de la Vega Baja. Foto: AP
Cuando el problema no es solo el dinero
El caso de Ecologicval muestra, además, que las necesidades financieras del campo no siempre se resuelven simplemente con una mayor oferta de crédito o ayudas. La empresa, dedicada a la producción ecológica y a la recuperación de terrenos agrícolas abandonados en el entorno de València, comenzó trabajando sobre unas diez hectáreas y llegó a alcanzar las 50, aunque actualmente gestiona unas 30, tal y como explica su fundadora, Pepa Torres.
Su modelo se basa en arrendar terrenos que no están en producción y devolverlos a la actividad, pero el hecho de no ser propietaria de las parcelas puede dificultar el acceso a determinadas ayudas. A ello se ha sumado otro límite al crecimiento: la falta de mano de obra.
La empresa ha tenido que adaptar su dimensión a esa realidad, de modo que en su caso el freno a la expansión no está únicamente relacionado con el acceso a financiación.
La situación resume buena parte de los retos que afronta el campo valenciano: hay más instrumentos financieros que en el pasado, pero el acceso a ellos y su utilidad dependen del tamaño de la explotación, del cultivo, de la capacidad de inversión y hasta del régimen de tenencia de la tierra.
El crédito bancario continúa siendo también una pieza esencial. En España, el volumen de crédito destinado a agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca alcanzó 20.616 millones de euros en el primer trimestre de 2026, según los datos del Banco de España. La cifra supera en 379 millones el cierre de 2025, aunque todavía se encuentra un 7,5% por debajo de los 22.285 millones registrados en el primer trimestre de 2020.
También creció con fuerza la financiación canalizada a través del ICO. La agricultura española recibió 212,3 millones de euros en 2024 mediante las líneas ICO, un 47% más que en 2023, repartidos en 2.856 operaciones. La línea ICO-Garantía SGR/SAECA concentró 179,1 millones.
La Comunitat Valenciana captó 14,97 millones de euros a través de las líneas de intermediación del ICO dirigidas a los CNAE agroalimentarios y pesqueros. La cifra queda muy lejos de los casi 200 millones de Aragón y de los volúmenes alcanzados por Galicia, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.
El Instituto Valenciano de Finanzas también ofrece líneas específicas de apoyo al sector agrario. En colaboración con la Conselleria, la línea de financiación bonificada ha movilizado 8,5 millones de euros mediante 23 operaciones aprobadas a empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, una de ellas la castellonense Clasol. Además, este año el IVF ha lanzado una nueva línea anticrisis para el sector agrario con el fin de mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio, que podría alcanzar hasta 30 millones de euros en financiación.
Mientras las plataformas alternativas buscan grandes proyectos de almendro, pistacho o aguacate con inversiones millonarias y horizontes de retorno largos, la mayoría de las explotaciones valencianas continúa moviéndose en otra escala. Para ellas, el banco, las ayudas de la PAC y las líneas autonómicas y estatales siguen siendo, por ahora, las herramientas que sostienen la inversión y la continuidad de la actividad.
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