VALÈNCIA. España se ha consolidado como uno de los destinos europeos con mayor atractivo para la implantación de centros de datos gracias a factores como la disponibilidad de suelo, el desarrollo de energías renovables, la red de fibra o la capacidad de sus empresas de infraestructuras. Sin embargo, para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el debate ya no debería centrarse en cuántos proyectos consigue atraer el país, sino en qué obtiene a cambio de ellos. Esa es la principal conclusión de su último informe, que plantea un cambio de enfoque en la política de atracción de estas inversiones y defiende que su autorización esté ligada a compromisos concretos en materia industrial, laboral, tecnológica, medioambiental y fiscal.

El estudio, elaborado por la investigadora Judith Arnal, sostiene que los centros de datos "pueden aportar infraestructura crítica, actividad industrial, talento técnico y una mejor posición en la economía digital europea", aunque advierte de que ese potencial solo se materializará "si la contrapartida que exigen, suelo, energía, agua, fibra y capacidad de red, se traduce en captura efectiva de valor en el territorio". En caso contrario, alerta de que estas instalaciones pueden terminar consumiendo recursos estratégicos con un retorno local reducido.

La autora resume la tesis principal del informe al señalar que "la pregunta relevante no es cuántos CPD puede atraer España, sino bajo qué condiciones debe hacerlo". A su juicio, la respuesta no pasa por aceptar cualquier proyecto ni por rechazar estas inversiones, sino por vincularlas a beneficios concretos para los territorios que las acogen.

Un acuerdo para que los centros de datos dejen valor

Fedea considera que comunidades autónomas y ayuntamientos no deberían limitarse a agilizar licencias o facilitar suelo e infraestructuras, sino negociar con los promotores un conjunto de compromisos que aseguren un impacto económico duradero. El informe denomina a esta estrategia "acuerdo ecosistémico" y propone que la rapidez administrativa y la disponibilidad de recursos escasos se vinculen a obligaciones verificables relacionadas con el desarrollo industrial, la formación y el empleo, la innovación tecnológica, las infraestructuras y el retorno fiscal para el territorio.

El documento sostiene además que el criterio para valorar un proyecto "no debería ser la magnitud del proyecto, sino la calidad de su respuesta en esos cinco planos", e incluso plantea que las administraciones puedan no facilitar aquellas inversiones que no aporten una contrapartida suficiente.

Entre las medidas propuestas figura favorecer la participación de empresas españolas en la construcción y operación de los centros de datos, impulsar programas específicos de formación profesional y universitaria, facilitar el acceso de universidades y pymes a recursos de computación e inteligencia artificial y destinar parte del retorno económico generado por estas instalaciones a inversiones visibles en los municipios donde se implantan, como vivienda, digitalización, infraestructuras o servicios públicos.

El mayor valor económico sigue fuera del territorio

Uno de los principales argumentos del informe es que la construcción del edificio representa solo una parte de la cadena de valor. Las actividades que generan un mayor valor añadido -como el diseño de chips, el equipamiento de cómputo o los servicios de computación en la nube e inteligencia artificial- continúan concentradas en grandes compañías internacionales, por lo que instalar un centro de datos no garantiza, por sí mismo, que esa riqueza permanezca en el territorio.

En cambio, las actividades vinculadas a la ingeniería, la construcción, la instalación, el mantenimiento o la operación sí pueden generar tejido empresarial y empleo local. Por ello, Fedea considera que el objetivo debe ser convertir esas inversiones en una oportunidad para desarrollar proveedores especializados, formar talento técnico, impulsar la adopción de servicios cloud e inteligencia artificial por parte de las empresas españolas y reforzar la posición del país en la economía digital europea. El informe concluye que atraer centros de datos solo tiene pleno sentido económico cuando el consumo de suelo, energía, agua y capacidad de red se traduce en una captura efectiva de valor para el territorio.

Por eso, el objetivo no debe limitarse a participar en la obra civil de los centros de datos, sino conseguir que las empresas españolas ganen presencia en las fases de mayor especialización, como las instalaciones eléctricas críticas, los sistemas de refrigeración, la ingeniería o el mantenimiento. De esta forma, sostiene Fedea, el conocimiento adquirido podría convertirse en una nueva capacidad exportadora, del mismo modo que ocurrió con la industria auxiliar del automóvil.

Pide reglas más claras para repartir la capacidad eléctrica

El informe también analiza la reciente reforma del acceso a la red eléctrica, un aspecto clave para el desarrollo de nuevos centros de datos, ya que estas instalaciones necesitan grandes cantidades de potencia y la capacidad disponible es limitada. Aunque Fedea considera positivo que se endurezcan las normas para evitar que empresas reserven capacidad eléctrica sin llegar después a desarrollar los proyectos, advierte de que el nuevo sistema introduce elementos que pueden generar inseguridad jurídica.

En concreto, cuestiona que determinados proyectos puedan acceder a una vía preferente mediante la declaración de "proyecto estratégico", al entender que esta figura deja un amplio margen de discrecionalidad a la Administración. También critica que los centros de datos deban cumplir requisitos adicionales de sostenibilidad para obtener acceso a la red eléctrica, mientras otros grandes consumidores de electricidad, como acerías o cementeras, no están sujetos a esas mismas condiciones.

Por ello, el documento defiende que la capacidad eléctrica disponible se asigne mediante criterios objetivos y transparentes, como el grado de madurez de cada proyecto o su viabilidad técnica, en lugar de depender de decisiones discrecionales. A juicio de Fedea, las exigencias relacionadas con la eficiencia energética deberían comprobarse posteriormente, una vez concedido el acceso a la red y durante el desarrollo del proyecto

Fedea recuerda que la capacidad de conexión a la red eléctrica se ha convertido en uno de los recursos más escasos para el desarrollo de nuevos centros de datos. Por ello, sostiene que cada proyecto debe evaluarse también en función del coste de oportunidad que supone destinar esa capacidad a una instalación de este tipo frente a otros posibles usos, como la electrificación de la industria, el transporte o el desarrollo de nuevas áreas residenciales. A juicio de la fundación, este recurso no se asigna mediante un precio de mercado, sino a través de autorizaciones administrativas, por lo que las administraciones deben asegurarse de que el beneficio económico y social que genera cada inversión compensa el consumo de un recurso limitado.