CASTELLÓ. El megacontrato de vigilancia de la Diputación de Castellón capta el interés de las principales empresas nacionales del sector. Hasta cinco mercantiles aspiran a asumir el servicio por un importe de 9,6 millones de euros y una duración máxima de cinco años. Se trata de Prosegur Sis España, Fovasa Seguridad, Med Seguridad, Seguridad Integral Secoex y Casva Seguridad. En el caso de las dos primeras compañías concurren, además, formando una asociación con Esc Servicios Generales y Fullcontrol, respectivamente.
Una vez aceptadas todas las propuestas, previa revisión de la documentación, la Mesa de Contratación prevé resolver el concurso en próximas fechas. La actual concesión, a cargo de la citada Casva, prácticamente ha finalizado después de asumir el servicio en 2019.
División en cuatro lotes
La prestación consiste en garantizar la seguridad y mantenimiento de los sistemas de detección de intrusión y de videovigilancia de los diversos inmuebles de la institución supramunicipal. Ante el amplio listado de edificios, el expediente se divide en cuatro lotes. El primero se refiere al Palacio Provincial, el centro cultural Las Aulas y el museo Etnológico. El segundo incluye las nuevas dependencias y sus anexos y el recinto cocherón (imprenta y centro de energías). El tercero corresponde al complejo socio-educativo Penyeta Roja, mientras que el cuarto comprende el Castillo de Peñíscola.
El presupuesto por cada periodo natural alcanza los 1,93 millones de euros. Asimismo, el pliego de prescripciones técnicas y administrativas establece una serie de condiciones para participar en el proceso. Por ejemplo, la presentación de una memoria con la organización del servicio, operatividad, contenidos, control y supervisión, así como los recursos humanos y materiales tecnológicos disponibles.
Un error en el primer expediente
En un principio, la adjudicación tenía que haberse resuelto en junio. Sin embargo, la primera licitación impelida por la Diputación el 24 de mayo, tras el acuerdo plenario, tuvo que suspenderse poco después por un error en los criterios de calidad. El porcentaje asignado en la valoración de las ofertas (49%) incumplía el artículo 145.4 de la Ley de Contratos Públicos del Estado, que remarca que dicha proporción debe ser ligeramente superior. En concreto, del 51% para, así, garantizar una adecuada baremación de las propuestas.
El nuevo expediente apareció en la plataforma estatal el 25 de junio. El plazo de presentación de ofertas duró un mes, por lo que el 27 de julio se publicó el listado con las empresas interesadas. Al día siguiente se procedió a la apertura de la plica con la documentación. A la UTE Prosegur-Esc y a la mercantil Med Seguridad se les requirió información adicional para subsanar errores. Tras hacerlo, la Mesa de Contratación aceptó todas las propuestas formalizadas.
