CASTELLÓ. "Houston, tenemos un problema". La célebre frase que pronunció el astronauta del Apolo 13 Jack Swigert en 1970, y que se ha popularizado para expresar una situación de dificultad ante un imprevisto, adquiere la plenitud de su significado con la cruz de Ribalta. El giro de los acontecimientos con la retirada preocupa cada vez más al Acord de Fadrell. El actual estancamiento, sin que la adjudicataria, Solaris Purgaret, tenga la mínima intención de ejecutar el contrato, hace temer que resulte harto complicado trasladar el monumento en esta legislatura.
En el seno del equipo de gobierno, compuesto por el PSPV, Compromís y Podem-EUPV, se da por hecho que eliminar el vestigio franquista en el último trimestre de 2022 supone misión (casi) imposible por los plazos. Incluso, existen serias dudas de que la actuación se pueda acometer antes de mayo de 2023, mes marcado en el calendario con motivo de los comicios municipales.
El escepticismo del tripartito está justificado por las distintas variables que rodean el proyecto de retirada de la cruz. Primero, se desconoce qué estrategia judicial piensa adoptar la empresa en el caso de ser sancionada por incumplimiento, una decisión que el ejecutivo local tiene prácticamente tomada en vista de que la mercantil sigue sin iniciar los trabajos pese a restar tan solo dos semanas para que venza el plazo estipulado. Segundo, la imagen transmitida con el fallido intento de suprimir el lábaro, además de la polémica, puede
los tiempos que determina la Ley de Contratos Públicos para los procedimientos abiertos simplificados (como es el caso) son los que son, es decir
5. En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en el presente artículo, no se producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119.
6. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:
a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.
b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación.
Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
e) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
f) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
g) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento abierto simplificado prevista en este artículo.
