El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado dos indultos parciales. Uno para Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña, condenada por prevaricación y falsedad documental. Otro para Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde socialista de Linares, condenado por malversación de caudales públicos.
Los dos acuerdos pasaron por la misma mesa, pero no son el mismo caso.
Conviene empezar por una precisión jurídica, porque en estas cuestiones suele discutirse antes de aclarar las reglas. El indulto es perfectamente legal. Lo ha sido siempre. Nuestro ordenamiento no excluye de la medida de gracia los delitos de corrupción ni la malversación. La Constitución únicamente prohíbe el indulto al presidente del Gobierno y a los ministros por traición o por delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La cuestión, por tanto, no es si el Gobierno puede indultar. Puede.
La cuestión es por qué lo hace.
Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2021, la respuesta ya no puede limitarse a una fórmula ritual. El Gobierno debe justificar el indulto en razones de justicia, equidad o utilidad pública, y esa motivación puede ser revisada por los tribunales cuando resulte arbitraria o meramente aparente.
Ese es el criterio con el que conviene analizar ambos expedientes.
El caso de Linares presenta circunstancias singulares. Juan Fernández Gutiérrez fue condenado por percibir sobresueldos con cargo al grupo municipal socialista durante varios años. El dinero fue reintegrado. El tribunal sentenciador informó favorablemente sobre el indulto. También lo respaldaron el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, y distintos representantes de la ciudad.
Puede discutirse si esos elementos justifican o no la medida de gracia. Pero, al menos, son precisamente el tipo de circunstancias personales e institucionales que la jurisprudencia considera relevantes cuando exige que el indulto responda a razones propias del caso concreto.
El expediente de Laura Borràs ofrece un panorama muy distinto.
La Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña se opuso expresamente al indulto al no apreciar arrepentimiento ni circunstancias excepcionales que lo justificaran. Además, la decisión llega en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y Junts, cuando la estabilidad parlamentaria vuelve a depender de negociaciones permanentes con el independentismo catalán.
Naturalmente, esa coincidencia temporal no demuestra por sí sola que exista una motivación política. Pero sí desplaza inevitablemente el foco del debate. La discusión deja de centrarse en las circunstancias personales de la condenada para trasladarse al contexto parlamentario en el que se adopta la decisión.
Y ahí aparece el verdadero problema institucional.
La potestad de gracia existe precisamente para corregir situaciones excepcionales en las que la aplicación estricta de la ley conduce a un resultado materialmente injusto. Es una excepción al principio de ejecución de las sentencias. Como toda excepción, necesita una justificación especialmente sólida.
Cuando esa justificación resulta convincente, el indulto puede reforzar la idea de justicia.
Cuando la explicación más verosímil parece encontrarse fuera del expediente y dentro de la aritmética parlamentaria, ocurre exactamente lo contrario.
La institución no pierde legitimidad porque el Gobierno ejerza una competencia que la ley le reconoce. La pierde cuando el ciudadano tiene más facilidad para entender un indulto observando la composición del Congreso que leyendo la motivación del propio decreto.
No es una cuestión de ideologías. Tampoco de nombres propios.
Un indulto concedido para resolver una situación excepcional pertenece al ámbito de la justicia. Un indulto percibido como instrumento de estabilidad parlamentaria pertenece al ámbito de la política.
La frontera entre ambos puede ser jurídicamente difusa, pero la confianza de los ciudadanos en las instituciones resulta esencial para un sistema democrático.
