El Instituto de Estudios Económicos de Alicante viene realizado una labor impecable a la hora de fiscalizar las inversiones que vienen a la provincia de Alicante y por extensión en la Comunitat Valenciana. Lo hacen con todas las instituciones, pero especialmente con la inyección pública que recibe de las cuentas públicas, ya vengan de Madrid o de València. Y lo hacían con el Gobierno del Botànic, y lo han hecho de nuevo con el Gobierno de Mazón. Se puede considerar que este 2025 será excepcional, y es entendible: el foco está puesto en la recuperación de la comarca de l'Horta Sud tras la fatídica Dana. Pero si uno hurga un poco más allá, en la letra pequeña, está claro que estas cuentas que posiblemente se aprueben en mayo, hay otro elemento que clama al cielo: baja ejecución de las obras que estaban ya en marcha. No lo digo yo: lo dice el informe que este martes presentó en Ineca de la mano de CEV Alicante, con Salvador Navarro presente. "Los datos reflejan que solo se ejecuta el 60% de las inversiones previstas. Y muchas de las inversiones que deberían haberse realizado en 2024, no solo no se han ejecutado, sino que se han vuelto a incorporar en el presupuesto del 2025", es una de las conclusiones del diagnóstico. La prueba más es irrefutable es que "23 inversiones previstas en 2024 por la Generalitat en Alicante que no se ejecutaron y se renuevan en los presupuestos de 2025".
No quiero aburrirles con cifras. Ni lo que dice uno ni lo que dice el otro. Creo que Ineca tiene la suficiente credibilidad -porque así lo demuestran sus informes antes cualquier administración, sea del color que sea- para dar carta de naturaleza a sus críticas. Podríamos recurrir al argumento de la infrafinanciación, que también, que es crónica y que nos lastra como territorio competitivo, además de aumentar las cifras de esa conselleria de la deuda, que suma más que la de Educación o Sanidad.
También podríamos pasar el examen al Gobierno central, quizás con más ímpetu en inversor en los últimos meses, pero sin llegar a lo que correspondería. En otras cosas, como no hay presupuesto general del Estado, pues tampoco sabemos qué hay ejecutado y qué no. Solo tenemos certeza que hay un ministro, Óscar Puente, que se lo ha tomado más en serio lo de la Comunitat Valenciana, y que anuncia más obras y que posiblemente se ejecute algo más, pero estamos a ciegas y en el menor de los casos no llegamos alcanzar todos los déficits que la región acumula en materia de infraestructuras.
No quiero aburrirles con cifras. Ni lo que dice uno ni lo que dice el otro. Creo que Ineca tiene la suficiente credibilidad -porque así lo demuestran sus informes ante cualquier administración, sea del color que sea- para dar carta de naturaleza a sus críticas. Podríamos recurrir al argumento de la infrafinanciación, que también, que es crónica y que nos lastra como territorio competitivo, además de aumentar las cifras de esa conselleria de la deuda, que suma más que la de Educación o Sanidad.
También podríamos pasar el examen al Gobierno central, quizás con más ímpetu en inversor en los últimos meses, pero sin llegar a que correspondería. En otras cosas, como no hay presupuesto general del Estado, pues tampoco sabemos qué hay ejecutado y qué no. Solo tenemos certeza que hay un ministro, Óscar Puente, que se lo ha tomado más en serio lo de la Comunitat Valenciana, y que anuncia más obras y que posiblemente se ejecute algo más, pero estamos a ciegas y en el menor de los casos no llegamos alcanzar todos los déficits que la región acumula en materia de infraestructuras.
Pero volviendo a las cuentas de la Generalitat, me atrevo a decir que tampoco será del agrado del cargo público o militante de base del PP. Al menos en Alicante. Hay grandes feudos que los populares recuperaron en 2023 y ven como ahora la respuesta del Consell no es la deseada. En su día criticaron al Botànic, o al plan Edificant, y ahora comprueban cómo muchos proyectos no acaban de arrancan. O simplemente, se les da la patada para delante, como que suele hacer cualquier Gobierno cuando no puede satisfacer todas las necesidades. Ahí está el caso de la partida del tren Dénia-Gandia, que todos los años, cuando hay cuentas del Estado, tiene 50.000 ó 100.000 euros reflejados por secula seculorum. Como excepción podemos decir que las obras del tren Alcoy-Xàtiva han empezado en este 2025, cuando ya las pregonaba Juan Carlos Moragues como delegado del Gobierno en la Comunitat allá por 2017.
Sea como fuere, hay críticas para todo, y para todos. Sin embargo, hay obras, como centros de salud, colegios y residencias de la Tercera Edad que no avanzan, o lo hacen muy lentamente, o que simplemente dan tumbos dentro de los epígrafes del presupuesto. Sólo hay titulares y grandes anuncios por parte de los políticos del ramo. Y si no avanzan lo único que pueden generar es frustración.

Ejemplo. Esta semana, hemos visto como el Ayuntamiento de Elche ha tenido que desalojar a unos vecinos que vivían en viviendas del parque público ante el mal estado de la estructura del edificio. Afortunadamente, ha habido una rápida reacción para el realojo, pero la prueba de fuego vendrá si las administraciones (ayuntamiento, Generalitat y Gobierno) no dan una respuesta rápida a los afectados; es decir, si ejecutan rápido. En resumen, si no dan una muestra de lo que debería ser el buen funcionamiento de la administración. Podríamos entrar en las intenciones iniciales de cada uno, en las voluntades y quién tenía dinero para ello o no. Pero quedémonos en lo que espera el administrado: que el dinero se gaste; que las obras se hagan y a ser posible, en el menor tiempo posible. Y eso es lo que le ha dicho esta semana Ineca a la Generalitat: por lo menos, hagan pedagogía de la democracia, y ejecuten. Incluso lo necesario para revertir los efectos de la Dana. Lo contrario ya lo sabemos, y no es nada bueno.