Hay momentos en los que Europa parece mirarse al espejo y no reconocerse. Como si el reflejo devolviera una imagen desgastada, erosionada por el miedo, la desconfianza y el avance de quienes han hecho del retroceso su proyecto político. Pero, de vez en cuando, ocurre algo distinto: un gesto democrático, un resultado electoral, una grieta en esa inercia que nos recuerda que la historia nunca está cerrada del todo.
Eso es lo que hoy simboliza Hungría. No porque allí haya vencido la socialdemocracia, ojalá. Sino porque Orbán ha sido derrotado tras dieciséis años de poder y porque se ha quebrado, por fin, la idea de que el autoritarismo iliberal era invencible en el corazón de Europa. Péter Magyar y Tisza han ganado con una mayoría amplia, suficiente para redibujar el tablero institucional, recomponer la relación con la Unión Europea e intentar revertir años de deterioro del Estado de derecho.
Conviene decirlo con precisión: lo de Hungría no es aún la Europa social que muchos deseamos, pero sí es una noticia esperanzadora para quienes seguimos creyendo en una Europa ilustrada, democrática, garantista y decente. Una Europa que no se resigna a ser arrastrada por los reaccionarios ni a contemplar en silencio cómo se normalizan el autoritarismo, la xenofobia o el desprecio a las libertades públicas. Lo ocurrido allí devuelve una certeza que nunca debimos perder: también se puede derrotar democráticamente a quienes parecían haber secuestrado las instituciones para ponerlas al servicio de su proyecto de poder.
En ese contexto, España tiene hoy una voz reconocible en el tablero geopolítico. Y la tiene, en buena medida, por el papel del presidente Pedro Sánchez. Se podrá discrepar, como es lógico en democracia, pero hay algo difícilmente discutible: en un tiempo convulso, marcado por guerras, tensiones internacionales y pulsos entre bloques, el Gobierno de España ha intentado sostener una posición propia, basada en el derecho internacional, el multilateralismo y una idea muy simple, pero muy exigente: decir no a la guerra sin peros.
Eso también merece ser subrayado. Porque frente a quienes convierten cada crisis internacional en una oportunidad para agitar banderas y alimentar bloques, el Gobierno de España ha optado por proteger a la ciudadanía. Medidas para contener los precios de la energía, ayudas directas, refuerzo de la protección social… decisiones que no solo amortiguan los golpes, sino que envían un mensaje claro: la política sirve para cuidar, para sostener, para no dejar a nadie atrás.
Ahí está la diferencia de fondo entre dos maneras de entender la política. Una, la que protege. Otra, la que especula. Mientras Pedro Sánchez sitúa a España como un faro de esperanza frente al desierto moral y político que representan la ultraderecha y sus imitadores, el Partido Popular continúa atrapado en una contradicción cada vez más visible: su pelea permanente para que Vox no le coma terreno le empuja a renunciar, una y otra vez, a principios democráticos que parecían intocables. Y cuando una derecha democrática empieza a parecerse demasiado a la extrema derecha a la que pretende frenar, deja de ser dique y empieza a ser correa de transmisión.
Ese problema no es abstracto. Tiene consecuencias concretas sobre el progreso, la igualdad y los derechos humanos y sociales. La ultraderecha no está más interesada en gestionar mejor la vida de la gente que en utilizar el poder como una palanca cultural contra avances que costaron décadas de lucha: los derechos de las mujeres, la diversidad, el pluralismo, la justicia social, el papel redistributivo del Estado. Por eso resulta tan grave que el PP haya preferido demasiadas veces mirar su hemorragia interna antes que poner pie en pared frente a ese populismo insaciable.
Y en la Comunitat Valenciana lo sabemos bien. Tras la quema política y moral que dejó Mazón, el continuismo de Pérez Llorca intenta sostener una escenografía de normalidad que no basta para recuperar la confianza perdida. Se puede vestir de diálogo social una estrategia de mera supervivencia, pero la mala copia hueca nunca sustituye a una convicción verdadera. Porque complementar de verdad un escudo social y económico exige creer en lo público, en la protección, en la anticipación y en la gestión; no limitarse a imitar el lenguaje mientras la acción de gobierno ordinaria queda lastrada por meses de parálisis y por el empeño de salvar a un proyecto agotado.
Y, sin embargo, frente a ese ruido político, la sociedad sigue mostrando otra cara. Ayer lunes, en Cullera, invitada por mi querido amigo y alcalde Jordi Mayor, pude celebrar Sant Vicent junto a su gente. Y junto a les bandes simfòniques llenando las calles y el bullicio de quienes participan en la fiesta, era inevitable pensar en las raíces profundas de nuestra cultura. Como muchas de nuestras tradiciones tienen un origen religioso, y lo que realmente perdura son los valores que transmiten: comunidad, solidaridad, cuidado mutuo.
Valores que conectan directamente con la esencia del socialismo democrático. Porque hablar de igualdad, de dignidad, de reparto justo de la riqueza o de no discriminación no es solo hacer política: es también recoger una tradición ética que forma parte de nuestra historia. Por eso resulta tan evidente la contradicción de quienes invocan el cristianismo mientras defienden prácticas que poco tienen que ver con sus principios.
En estos días hemos visto también hasta qué punto esa contradicción puede llegar al extremo. El Papa ha sido objeto de descalificaciones por parte de Donald Trump, que incluso ha difundido imágenes de sí mismo con atributos propios de una figura divina. Una deriva preocupante, que retrata una forma de entender el poder como espectáculo y como negocio, más cercana al ego que a la responsabilidad. Porque cuando la política se convierte en una herramienta para el beneficio propio y para jugar a ser imprescindible, o incluso a jugar a ser Dios, lo que se pone en riesgo no es solo la calidad democrática, sino la vida de miles de personas.
Conviene no perder la perspectiva. En ocasiones, en nuestras sociedades, reducimos el impacto de las guerras a sus consecuencias económicas: el precio del combustible, la inflación, las dificultades cotidianas. Y es legítimo preocuparse por ello. Pero resulta profundamente revelador que, mientras tanto, haya quienes estén perdiendo a sus hijos, sus hogares y su futuro. En ese espejo, nuestras preocupaciones adquieren otra dimensión. Y también nuestra coherencia moral.
Porque si en algo coincide tanto la tradición cristiana como los valores del socialismo democrático es que no hay justicia posible si no somos capaces de poner a las personas en el centro. De reconocer el sufrimiento ajeno como propio. De entender que la dignidad no se mide en términos de mercado, sino en términos de humanidad.
Europa se encuentra, una vez más, ante una decisión. Puede resignarse o puede avanzar. Puede mirar hacia otro lado o puede recuperar su papel como referente de derechos, de convivencia y de progreso. En estos últimos días se ha demostrado que el cambio es posible. España está demostrando que se puede gobernar protegiendo. Y la ciudadanía, como siempre, tendrá la última palabra.
Porque, en el fondo, todo se reduce a una elección colectiva: resignarse o avanzar. Aceptar el deterioro democrático como inevitable o defender, con firmeza, un modelo de sociedad basado en la justicia, la igualdad y la dignidad.
Hoy sabemos que no hay nada irreversible. Que incluso cuando el ruido es ensordecedor, la democracia puede abrirse paso. Que frente a quienes utilizan el poder para dividir, siempre habrá una mayoría que aspire a convivir. Y que frente a quienes anteponen el interés político a la vida de la gente, seguirá habiendo gobiernos que entienden que proteger no es una opción, sino una obligación.
Europa vuelve a tener una oportunidad. España ya ha decidido de qué lado está.
Y conviene no olvidarlo: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos.” (Gálatas 6:9)
