A nivel humano me alegro que el desahucio de Mari Carmen (Mari Ceuta como dice Federico) haya concluido tan estupendamente para ella aunque esto suponga un quebranto al derecho de propiedad y una merma de nuestra libertad y autonomía. También quiero manifestar mi enfado por la trompetería mediática que se le ha dado al caso. Vergonzosa la presencia interesada de activistas millonarios a la hora del telediario, de la “acampada” ilegal en Sol, de las manifestaciones rabiosas de políticos y activistas porque ¿dónde estaban cuando se producían los más de 200.000 desahucios que llevamos desde que este Gobierno social comunista, woke, lleva en el poder? Alguno de ellos haciendo valer su condición de eurodiputada frente a la autoridad, recuerdan aquel antiguo y casposo ¿usted sabe con quién está hablando?, o ¿usted sabe quién soy yo?
Convendría recordarles a estos activistas millonarios, a los “acampados” en Sol y a muchos españoles ciertas nociones sobre la propiedad así que diré que creo firmemente en que el derecho a la propiedad nos mejora y protege a todos y tiene un valor intrínseco como elemento vital esencial de la libertad y la autonomía de las personas. Según la RAE propiedad es el derecho y poder jurídico que tiene una persona para usar, disfrutar y disponer de un bien de manera exclusiva, sin más limitaciones que las que marca la ley.
Pero resulta que en los últimos años se han menospreciado y desdeñado los derechos de propiedad y se ha legislado para limitarlos severamente con el supuesto objetivo, woke, de proteger los intereses de los pobres y desfavorecidos sin entender que precisamente serían los desfavorecidos los que más se beneficiarían de una mayor protección de los derechos de propiedad ya que elevarían su nivel de vida y el de la sociedad en su conjunto.
Podríamos decir que la propiedad privada es el guardián de todos los demás derechos ya que la propiedad es esencial para la libertad puesto que la mayoría de las actividades humanas requieren del uso de la propiedad. Implican el uso de la tierra, de la vivienda o la mayoría de los trabajos; también de otros tipos de bienes materiales ya que no podríamos vestirnos ni alimentarnos sin derechos de propiedad sobre los objetos. También de los bienes inmateriales, como los derechos de autor, o de imagen, etc.
Pero la libertad no depende únicamente de la mera propiedad legal, también depende del derecho a usarla para los fines que el propietario decida ya que no me sirve de nada tener un ordenador si no puedo usarlo para publicar mis textos o una iglesia si no me dejan celebrar servicios religiosos en ella. El socialismo insiste en que un sistema de propiedad privada solo beneficia a los ricos y desde aquí voy a demostrar, humildemente, que no es así, que es una falacia y además que el social comunismo subestima las múltiples maneras en que la propiedad privada garantiza la libertad de todos.
Por ejemplo, si existe una demanda de mercado los propietarios tienen un incentivo para utilizar sus propiedades y satisfacer la demanda. Si algunos no desean atender ese nicho de mercado específico por miedo a la inseguridad jurídica, sus propiedades quedarán fuera del mercado haciendo que éste descuente este riesgo en los precios de los alquileres de los propietarios que sí asumen el riesgo, encareciendo los precios, pero todos coinciden en una cosa, cobrar religiosamente sus alquileres.
Sin embargo, si el Estado impone una única norma para este mercado de alquileres, destruye las opciones que generan el pluralismo y la competencia. Si mediante expropiaciones y confiscaciones el gobierno posee y es el propietario de los bienes en cuestión está destruyendo el pluralismo y la libertad, como ya vimos en los casos de la URSS, Venezuela chavista y resto de sistemas socialistas. Y esto es cierto independientemente de si las normas del gobierno socialista reflejan las opiniones de la mayoría de la población, cosa que no ocurre, o de un grupo selecto de “expertos” o de grupos de interés reducidos que logran controlar el proceso político.
Lo que es una evidencia irrefutable, y como prueba la situación actual del mercado inmobiliario en España, es que el debilitamiento o supresión de los derechos de propiedad perjudica a los más pobres y desfavorecidos y encarece los precios. Fortalecer y reintegrar estos derechos contribuirá significativamente a ampliar la libertad y las oportunidades de los menos favorecidos, así como impulsará el crecimiento económico y la innovación en la sociedad en general. Queda claro que la precariedad de los derechos de propiedad reducen la inversión y el desarrollo a largo plazo.
Conviene dejar claro y reconocer que los derechos de propiedad son de una importancia fundamental para la libertad. Permitir a los propietarios su libertad para utilizar sus propiedades como les parezca, siempre que no vayan contra la Ley, es una muestra de buena salud democrática.
Pero en el punto crítico en el que se encuentra España, la intención de los políticos de izquierdas de promover topes a los alquileres, expropiaciones y confiscaciones no demuestra sino una comprensión inmadura de la realidad a la vez que una enorme ignorancia económica disimulada por la ideología y una militancia adornada por una preocupante estupidez.
Algún lector se preguntará: bueno, pero si algunos de estos, que han estudiado y deberían saber estas cosas y las negativas consecuencias de ponerlas en práctica, ¿por qué hacen lo que hacen? Probablemente la repuesta esté en que pretenden abrir las puertas del infierno otra vez. Ahora resulta más vigente que nunca el testamento que nos legó aquel general que gobernó España durante años: “No olvidéis que los enemigos de España están alerta”.
Cuando escribo estas líneas me acabo de enterar de que el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos ley que serán votados de urgencia el próximo viernes, cuyo contenido confirma mis temores y nos presagian unas consecuencias nefastas para nuestra economía, autonomía y libertad. También para nuestra democracia. Recuerdo ahora el consejo que he dado a muchos empresarios y emprendedores: hay que medir el progreso, no solo las aspiraciones e intenciones.
Ricardo Romero es especialista en estrategia de impacto y gestión empresarial
