El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha tenido una relación de amor y desamor con la educación pública a lo largo de sus años de gobierno. Aunque la capacidad presupuestaria de las arcas de la Generalitat siempre lo ha condicionado, los gobiernos de Zaplana y Camps sí hicieron grandes avances en la construcción de infraestructuras (otro debate es si el instrumento utilizado algunas veces, como la empresa Ciegsa, o el aumento del deuda pública, era el idóneo). E incluso con la contratación de profesores; y me atrevería a decir que con la política lingüística, con la extensión de las líneas en valenciano. Y le sacaban rentabilidad, como los resultados electorales demostraron en su día.
Pero las crisis económicas siempre han cuestionado ese modelo. Pasó a partir de 2009 y 2010, cuando los recursos comenzaron a escasear y la educación fue una de las grandes perdedoras en los presupuestos del Consell. Pero recuerdo que, pese a los ajustes que se tuvieron que hacer (en todas las autonomías), en esos tiempos, el PP hacía gala del esfuerzo inversor público, por cuestionado que fuera. Entonces, en su día, los cargos del PP se vanagloriaban de que subir la persiana de los colegios e institutos en la Comunitat Valenciana costaba 5.000 millones de euros al año.
Era otra época (no existía Vox, por ejemplo). Ahora, la educación pública también ha eclosionado. No se trata de una cuestión puntual. Como ya he comentado en alguna que otra ocasión, en el caso de la Comunitat, los responsables de la Generalitat estaban avisados, porque antes de esta huelga indefinida ya hubo toques de atención que los responsables de la Conselleria de Educación, entonces con José Antonio Rovira a la cabeza, obviaron. Algunas razones ya las sabemos: la falta de voluntad y de presupuesto (o viceversa). Otras son de clave ideológica: el PP surgido de las elecciones de 2023, con Carlos Mazón a la cabeza y con el respaldo de Vox, siempre entendió que había que acabar con el modelo de Compromís, aunque eso supusiera ir contra un cierto consenso pedagógico, ningunear el Plan Edificant (pese a que algunos ayuntamientos del PP lo aplaudían) o laminar la aceptación de ese modelo en partes del territorio. Tampoco el Botànic fue infalible en esta cuestión: el profesor de la UA Joan Borja, experto en la materia, lamenta muchos sábados, en esta tribuna, haber destruido el sólido sistema de líneas castellano/valenciano de los gobiernos del PP y los títulos de capacitación de valenciano.
Sea como fuere, la cuestión educativa sigue en el candelero porque el primer gobierno del PP de esta legislatura tenía unas preferencias que no eran ni las de los sindicatos ni las de una parte de los padres y madres, además de la cuestión lingüística; es decir, ni la construcción o reforma de nuevos colegios, ni un plan para combatir las altas temperaturas ni la contratación de más profesores. La Formación Profesional merece otro capítulo porque la escabechina de docentes en este ámbito es para hacérselo mirar.
La diferencia entre el primer gobierno del PP y el segundo es que el actual president, Juan Francisco Pérez Llorca, como alcalde que fue, sí le ha visto las orejas al lobo en el tema educativo. Y no solo en la cuestión lingüística. Más allá de los recursos económicos, que siguen siendo escasos o insuficientes por la infrafinanciación, Pérez Llorca sabe que el tema de la educación es trasversal, y más en los municipios medianos y pequeños. Tener una escuela en condiciones o un nuevo instituto cambia la vida de sus vecinos. No es lo mismo que los alumnos estudien en su propio pueblo o tengan que coger un autobús todos los días para ir al pueblo vecino; no es lo mismo que el colegio esté masificado que que no lo esté; no es lo mismo que el colegio sea de nueva construcción y, en teoría, tenga sistema de refrigeración, que no lo tenga. Y la educación no distingue votantes. En todo caso, por desgracia, es el nivel de renta quien distingue la educación. Pero aquel que tiene lo justo para llegar a final de mes sí que no tiene más remedio que acudir al colegio o instituto del municipio o del barrio, y lo que quiere es que esté en las mejores condiciones, que se cubran las bajas de los profesores, que tenga aire acondicionado o sombras en los patios, y que, si en clase son 22, mejor que 30. O que si elige valenciano, se le respete esa opción.
Creo que Pérez Llorca lo ha entendido. Y de ahí que este viernes anunciara mejoras en los centros educativos, más allá de los acuerdos entre su departamento de Educación y los sindicatos. Esto no es una cosa de partidos, aunque también. Es la realidad de muchos municipios, sobre todo del litoral de la Comunitat Valenciana, donde la población ha crecido en los últimos años y la mejora de los centros no lo ha hecho de forma paralela. Pérez Llorca eligió Torrevieja para decirlo, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y donde la saturación de los colegios es enorme. Y no solo por la inmigración que Vox quiere echar, sino por la cantidad de rusos, ucranianos, polacos o nórdicos que eligen el sur de la Comunitat Valenciana para vivir, por citar ese ejemplo. Pero el aumento de la población escolar es extrapolable a muchas comarcas; Educación tenía avisos de los alcaldes, de los del PP y de los de otros partidos, pero seguía intentando neutralizar el modelo del Botànic antes que buscar soluciones. Y Pérez Llorca se ha dado cuenta.
Es posible que muchos de los que se han manifestado estos días con la camiseta verde sean votantes del PSPV y de Compromís, o del PP, que también los hay. Algunos de ellos sí dejaron de votar a Compromís en 2023, entre otras razones, porque la conselleria de Marzà/Tamarit tampoco cumplió del todo con los profesores, como admiten los sindicatos. Creo que hay temor en un sector del PP a que ese abstencionista vuelva a ejercer su voto, y no lo haga por el PP. Ya saben que las elecciones no solo van de quién ejerce, sino también de quién deja de hacerlo. A veces, desmovilizar juega (y bastante).
Por eso, Pérez Llorca ha entendido el mensaje; es posible que en un mes tenga un presupuesto y pueda aplicar algunas medidas, pero los milagros, a Lourdes: en nueve meses no se puede solventar todo lo que has dejado de hacer en tres años. Si vale de consolación, por lo menos tiene un relato y seguro que exhibirá que él busca soluciones; otros quieren el conflicto. Los alcaldes siempre juegan al mensaje positivo. Como dice el president, "la educación no puede esperar". Y lo suscribo. La educación nunca debió esperar. Pero mucho me temo que sin más financiación, tendrá que esperar. Ahora, y mientra dure la soga del tacticismo político de los partidos.
