VALÈNCIA. Uno de los grandes cuellos de botella de la administración valenciana en los últimos años ha sido la concesión de permisos para la conexión eléctrica de cerca de 15.000 expedientes en la Comunitat Valenciana, tanto de nuevos negocios industriales como de promociones residenciales. Un tapón que ha frenado la puesta en marcha de miles de proyectos, ya que sin ese permiso, aunque las obras estuvieran finalizadas, no podían entregarse, dejando en el limbo importantes inversiones. Un problema grave, especialmente en un momento de máxima emergencia habitacional en el mercado valenciano, y del que era plenamente consciente la Generalitat Valenciana, que llevaba tiempo estudiando medidas para desbloquear la situación.

Esta situación, derivada del exceso de expedientes pendientes de resolución en la Dirección General de Energía, ha generado importantes retrasos que han comprometido principalmente el desarrollo de proyectos industriales, logísticos y residenciales estratégicos para la Comunitat Valenciana. En concreto, en el caso de los proyectos residenciales, sin los puntos de conexión eléctrica y la autorización para los centros de transformación, aunque una promoción de viviendas estuviera terminada, no podía entregarse a sus propietarios. Y, para la industria, más de lo mismo: sin el permiso de explotación para centros de seccionamiento y líneas de media tensión no se podía iniciar la actividad.

Desde la Generalitat reconocían que el atasco suponía un freno al crecimiento económico y a la creación de empleo, así como un desincentivo a la inversión en la Comunitat Valenciana, lo que ha llevado al Consell a activar una vía excepcional para aligerar el embudo. Y, de momento, ya se han desatascado 8.000 expedientes de acceso al suministro eléctrico de nuevas viviendas y empresas en la provincia de Valencia, que permanecían acumulados desde 2020. De ese total, 2.667 corresponden a solicitudes de viviendas y 5.333 a negocios comerciales e industriales, según avanzó este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una visita a la central de Cofrentes.

En concreto, el Consell ha optado por la vía de la urgencia mediante una resolución de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorgan de forma conjunta la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción sin declaración de utilidad pública ni evaluación ambiental, a diferentes proyectos en la provincia de Valencia, según consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Eso sí, el texto delimita las solicitudes, que son las presentadas desde el 1/01/2020 hasta el 19/12/2025 y además, exige que "incorporen una lista detallada de documentación, como el proyecto técnico con memoria, planos, presupuesto, seguridad y salud, gestión de residuos, separatas e informes/justificantes de organismos afectados, planimetría, declaraciones responsables, o documentación específica si hay desmontajes o soterramientos. Cabe reseñar que las solicitudes presentadas no incluyen instalaciones sometidas a la normativa de evaluación de impacto ambiental.

Condiciones

Pero, además, la autorización de construcción se concede con condiciones de ejecución, como una especie de declaración responsable. Por tanto, las obras deberán ser conformes al proyecto y normativa, con respeto a condicionados de organismos, con la obligación de solicitar autorización de explotación al terminar y un plazo general de 24 meses para ejecutar la instalación. 

En cualquier caso, la Administración revocará el consentimiento en el momento en que observe "el incumplimiento de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada, y que ha determinado su otorgamiento, la no adecuación de la instalación ejecutada a la normativa vigente, u otra causa excepcional que lo justifique", remarca la resolución.

De este modo, este permiso se otorga "sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente", señala.

A este respecto, Pérez Llorca explicó este lunes que esta medida forma parte del segundo plan de simplificación administrativa que ha puesto en marcha la Generalitat con el objetivo de acelerar estos procedimientos para facilitar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la ciudadanía. "Estamos actuando con cercanía y rapidez para hacer una administración mucho más eficiente y eficaz", subrayó.