CASTELLÓ. Sólo un día después de que la Conselleria de Turismo reclamara al Gobierno central más coordinación y diálogo con las comunidades autónomas sobre la implantación del Registro Único de Viviendas de Uso Turístico, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el número de este tipo de alojamientos de corta estancia en la provincia de Castellón arrojan un desfase entre las cifras publicadas por este organismo y el registro que mantiene activo la Generalitat, que es el obligatorio para poder ejercer la actividad como vivienda de uso turístico (VUT) en la Comunitat Valenciana.
Los datos del INE, elaborados a partir de la información de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, cifran en 6.206 las viviendas turísticas activas en la provincia de Castellón en noviembre de 2025, lo que supondría un descenso del 14% interanual —el INE contabilizó 7.273 en noviembre de 2024— y que situaría la oferta de este tipo de alojamiento en un volumen muy inferior —menos de la mitad— al de las viviendas inscritas en el registro autonómico. Así, según el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, las VUT en alta en la provincia de Castellón se mantienen en el entorno de las 13.000 desde el pasado verano.
Cabe recordar que la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha llevado a cabo durante 2025 un proceso de depuración del registro de viviendas de uso turístico en aplicación del Decreto Ley 9/2024. En la provincia de Castellón, este cribado ha supuesto la retirada de 1.857 viviendas turísticas que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Pese a esta reducción, el número total de VUT apenas se ha visto alterado y se mantiene en torno a las 13.000 viviendas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. La razón es que el volumen de nuevas altas registradas a lo largo de 2025 ha compensado en gran medida las bajas derivadas del proceso de control administrativo.
La costa concentra el mayor volumen
Así, Castellón conserva desde el verano una cifra prácticamente estable de viviendas turísticas registradas, lo que confirma la consolidación de este tipo de alojamiento, especialmente en los municipios costeros con mayor atractivo vacacional. De hecho, sólo las viviendas registradas en cinco de los destinos de costa principales de la provincia ya alcanzan las 10.000: Oropesa del Mar (3.094), Peñíscola (2.882), Alcalà-Alcossebre (2.151), Vinaròs (974) y Benicàssim (964). Por volumen de pisos registrados destacan también la capital, Castelló de la Plana (621), Benicarló (402), Moncofa (312) o Sant Jordi (280).
Desde la Conselleria de Turismo recuerdan que el registro de la Generalitat es el único válido para poder ejercer como vivienda de uso turístico en la Comunitat y que, durante los próximos meses, tal y como anunció la consellera del ramo, Marián Cano, su departamento tiene previsto continuar con una nueva fase de depuración que podría suponer la revisión de otras 14.500 viviendas adicionales en toda la Comunitat, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los propios ayuntamientos.
Además, en estos días, la consellera ha reclamado al Gobierno de España que reconsidere el diseño y la implantación del registro único estatal de viviendas de uso turístico tras el pronunciamiento de la Comisión Europea, que cuestiona su encaje en el marco comunitario y advierte del riesgo de duplicidad administrativa e inseguridad jurídica.
Cano ha defendido que la Comunitat Valenciana ya dispone de un registro autonómico plenamente operativo y ha alertado de que la creación de un registro estatal adicional introduce cargas innecesarias y un conflicto competencial evitable. El Consell se suma así a otras comunidades autónomas que avisan de que el registro único podría resultar inaplicable si no se adapta al derecho europeo antes del 20 de mayo de 2026 y subraya que el debate sobre el acceso a la vivienda no debe trasladarse al ámbito turístico, reclamando diálogo, coordinación y una ventanilla única interoperable apoyada en los registros autonómicos, en línea con el modelo europeo.
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