VALÈNCIA. El escándalo por las anomalías detectadas en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, anteriormente conocidas como viviendas de protección oficial (VPO), ha puesto en el punto de mira esta tipología de vivienda, destinada a familias y personas con ingresos limitados y que cuenta con precios más asequibles a los del mercado libre. El caso reviste de mayor gravedad si se tiene en cuenta que esta promoción era la primera en décadas en Alicante, evidenciando el escaso peso que este tipo de inmuebles tenía en la construcción anual del parque residencial valenciano. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la situación era muy distinta y se rozaban las 16.000 unidades con esta calificación en un año. No obstante, hoy en día esos niveles quedan muy lejos. Tanto es así que en los últimos cinco años se han levantado apenas 2.443 viviendas protegidas en la región, con ejercicios completos que apenas alcanzan un centenar de unidades.

La serie histórica en la Comunitat Valenciana dibuja un panorama que va de una expansión sostenida en los años noventa, con cifras que superaban las 10.000 viviendas anuales; a una etapa de resistencia durante la primera mitad de los 2000; y un desplome tras la crisis inmobiliaria, del que no se ha logrado despegar, según los datos del Ministerio de Vivienda consultados por este diario. Este panorama de escasa construcción de VPO contribuye también a explicar cómo se ha llegado a la emergencia habitacional actual. Y es que la reducción drástica de la oferta pública y asequible, unida a la falta de suelo, su encarecimiento y la presión del mercado libre ha provocado que muchas familias se queden sin alternativa para acceder a una vivienda digna.

Los datos sobre la evolución de la vivienda protegida en las últimas tres décadas en la autonomía valenciana son dramáticos y contundentes, aunque cierto es que el frenazo es extensible a gran parte del territorio nacional. En España se levantaron 21.286 viviendas protegidas públicas entre 2014 y 2024, mientras que solo en 1997 fueron más de 85.000 unidades, según los mismos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Fue precisamente en la época de los noventa cuando, a nivel general, se rozó el volumen más grande de calificaciones definitivas, es decir, el documento oficial final que acredita que una vivienda cumple con los requisitos legales para tener esta consideración. 

En el caso valenciano, de acuerdo con la serie histórica del Ministerio, en 1991 se calificaron como protegidas de forma definitiva 7.445 viviendas y, tras pequeñas oscilaciones, la cifra inició una escalada que culminó en 1996 con 15.798 unidades, el máximo de toda la serie, seguido de las 15.244 de 1997. Entre 1994 y 2001, la Comunitat encadenó ocho ejercicios por encima de las 10.000 VPO anuales, consolidando la vivienda protegida como una parte importante de la actividad promotora.

No obstante, a partir de 2002 comenzó un cierto ajuste, ya que ese año se registraron 9.208 viviendas, cifra que descendió hasta las 6.955 unidades en 2004 y repuntó puntualmente en 2005 (8.044). Sin embargo, la tendencia de fondo ya era descendente. En 2007, antes del estallido definitivo de la burbuja inmobiliaria, la producción había bajado a 5.317 viviendas, menos de la mitad que en los años de máximos.

Con la crisis financiera, el retroceso se acentuó y en 2008 se contabilizaron 4.879 VPO, mientras que en 2009 fueron 3.662 inmuebles con esta calificación. Aunque en 2010 y 2011 todavía se superaron ligeramente las 3.700 unidades, el mercado entró después en su fase más crítica. En 2012 la cifra cayó a 2.755 viviendas y en 2013 se desplomó hasta las 575.

El punto más bajo de la serie se alcanzó en 2015, con apenas 29 viviendas calificadas en todo el ejercicio, un dato que evidencia el parón casi total de la promoción protegida. Entre 2016 y 2019 la actividad se movió en cifras muy reducidas, entre las 126, 250, 110 y 191 viviendas respectivamente, consolidando el descenso. 

El ascenso se recuperó en 2020, cuando se se inició cierta reactivación, aunque todavía muy lejos de los niveles previos a la crisis. Así, en 2020 se registraron 306 VPO, cifra que aumentó a 485 en 2021 y 636 en 2022. Sin embargo, 2023 volvió a mostrar debilidad, con 274 viviendas. El dato de 2024, con 742 unidades, apunta a un repunte más sólido, aunque sigue situándose a enorme distancia de las más de 15.000 viviendas anuales que se construían a mediados de los noventa.

El sector privado tira de la promoción de VPO

Para entender esta situación conviene recordar que en los años noventa el grueso de la vivienda protegida estaba impulsado desde el Estado. Solo en la Comunitat en esa década se desarrollaron 110.860 viviendas con esta categoría, tanto de promoción pública como privada. Y es que la vivienda era un pilar en las políticas públicas, permitiendo alcanzar cifras récord de construcción. Sin embargo, ese impulso se fue diluyendo con el paso del tiempo y, tras la crisis financiera, la vivienda pública prácticamente desapareció del mapa.

El principal escollo para la Administración son los recursos económicos. Tas la crisis económica, sus arcas quedaron tan mermadas que fue necesario ajustar el gasto, de la mayoría de administraciones y obligó a ajustar el gasto, relegando la promoción. Y esa limitación se ha venido arrastrando desde entonces, lo que ha propiciado que la poca vivienda protegida que se ha levantado haya partido del sector privado.

Tanto es así que en los últimos diez años el sector público tan solo ha ejecutado 26 viviendas protegidas en la autonomía, frente a más de 3.400 promovidas por el sector privado. La parálisis ha sido tal que entre 2014 y 2021 la administración no promovió ninguna vivienda protegida en la región, según los datos del Ministerio. También 2023 cerró en blanco en cuanto a promoción pública, mientras que en 2022 se construyeron únicamente cuatro unidades y en 2024 un total de 22, según los datos del Ministerio de Vivienda.

En contraste, la iniciativa privada ha actuado como motor de la escasa vivienda protegida desarrollada en la Comunitat en los últimos años. De esta forma, en 2014, el sector ejecutó un total 309 viviendas VPO en la región; mientras que en 2015 fueron 29; en 2016, 126; en 2017, 250; en 2018, 110; y en 2019, un total de 191. Ya en 2020, se animó la construcción privada con 306 unidades, pero un año después fueron 485; en 2022 se llegó a las 632 unidades VPO; en 2023 a las 274 y 2024 se cerró con 720 viviendas con esta calificación, de acuerdo con los datos del Ministerio.

Unos datos que confirman la necesidad de elevar la oferta asequible en un contexto marcado por emergencia en el mercado. Y es que, según los expertos, aumentar de forma progresiva la promoción de VPO permitiría, a su vez, rebajar los precios del mercado libre, dando solución a una parte de la población.