VALÈNCIA. La falta de suelo es uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de vivienda en España. El sector inmobiliario lleva años alertando de esta situación crítica, que impide dar respuesta a una demanda creciente, especialmente en ciudades como València, donde el aumento poblacional ha tensado aún más el mercado residencial. No obstante, lejos de corregirse, la escasez de superficies finalistas se agrava, agudizando una crisis habitacional que está expulsando progresivamente a amplias capas de la población del acceso a una vivienda.

Ante este escenario, los promotores vuelven a alzar la voz y reclaman medidas urgentes: políticas que agilicen, simplifiquen y activen de forma efectiva la puesta en carga de nuevas bolsas que den respuesta a las necesidades alojativas. Una reivindicación que ya no plantean como una petición sectorial, sino como una respuesta necesaria ante lo que califican, sin matices, como una "emergencia nacional".

Así lo exigieron en una mesa redonda de expertos, en el marco del Encuentro Inmobiliario 2025, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) junto a Cuatrecasas. En este coloquio participaron Pedro Rodríguez, director de negocio de LandCo, promotora de suelo del Banco Santander; Pilar Salvador, gerente de suelo en la zona de Levante de Metrovacesa; y Agustín Pérez, responsable del área de inmobiliario de Atitlan.

Una jornada en la que los profesionales coincidieron en señalar en la grave situación del mercado de suelo en España y, en consecuencia, de la vivienda. Una cuestión que no es baladí, ya que se trata de la materia prima para poder levantar nuevos hogares. "El sector inmobiliario es cíclico y la crisis de 2008 provocó una parálisis casi total en el desarrollo de suelo que se prolongó durante años, entre 2008 y 2016, cuando hemos tenido muy poca actividad", expresó Salvador. Un déficit que todavía persiste. 

Pero, además, el sector se enfrenta a largos y farragosos procesos administrativos para la transformación y producción de nuevos desarrollos urbanos debido a la rigidez normativa en la que, además, participan numerosos actores como administraciones, técnicos y operadores privados, lo que dilata aún más los tiempos. Un cóctel que está tensionando un mercado que, según apuntó Pérez, "no está siendo capaz de generar suelo finalista al ritmo que requieren las ciudades".

De hecho, estos últimos años se ha vivido a costa de los planes que quedaron pendientes de ejecutar en la crisis y ese stock está prácticamente absorbido sin que se haya planificado a futuro, aseguraron. Y todo ello mientras crece la población, principalmente por la llegada de extranjeros. "Si no se actúa con urgencia, esta tensión puede pasar de ser temporal a convertirse en un problema estructural que expulsará a una parte creciente de la población del acceso a una vivienda", remarcó el responsable de inmobiliario de Atitlan.

En este sentido, según un reciente informe de Cámara Valencia, de persistir este contexto, solo en la provincia de Valencia se arrastrará un déficit de 133.340 viviendas hasta 2030 para dar respuesta a la demanda actual. A nivel estatal, expresó Rodríguez, el crecimiento demográfico postpandemia ha supuesto un incremento de entre 40.000 y 50.000 habitantes al año, mientras que la producción de vivienda está estancada porque en 2024 se solicitaron 120.000 viviendas y solo se entregaron 92.000, según datos del INE.

Agilidad, claridad normativa y nuevos modelos de gestión

Por ello, los expertos incidieron en la urgencia de dar una respuesta a la actual coyuntura. Cierto es que destacaron que las administraciones ya han tomado conciencia de la problemática y están sacando medidas, pero exigieron un paso más allá y planificar con más visión de futuro. Especialmente, en materia de urbanismo, con planemaientos y desarrollos que tardan actualmente entre 15 y 20 años en completarse. En ese tiempo, pasan varios ciclos económicos y cambian los gobiernos, lo que frena o diluye muchos procesos, de ahí que se insistiera en la necesidad de hacer un Pacto de Estado.

También, Rodríguez incidió en la importancia de agilizar expedientes, simplificar y ofrecer seguridad jurídica. "Se están haciendo cosas y hay esperanzas", sostuvo, pero recordó que la tramitación actual es lenta y está sujeta a una gran dispersión normativa entre comunidades autónomas. De igual modo, se instó a mejorar la claridad normativa para evitar interpretaciones, avanzar en la digitalización, ampliar el uso de las declaraciones responsables y reforzar la colaboración con las entidades colaboradoras para aligerar la carga de trabajo en las administraciones. Y todo ello con el objetivo de rebajar una crisis habitacional sin freno que es ya "una emergencia de estado".