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El Gobierno desbloquea inversiones de cogeneración en el azulejo con una subasta de 1.200 MW: el sector reclama el doble de potencia

La industria advierte que la capacidad prevista no alcanza la oferta de propuestas previstas

  • Visita a la planta de cogeneración de Tau durante una jornada de Ascer.
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CASTELLÓ.  El Consejo de Ministros ha avanzado este martes en la resolución de una de las demandas históricas del sector azulejero con la aprobación de un real decreto, solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que regula las convocatorias del régimen retributivo de las instalaciones de cogeneración, que irá acompañado de una orden ministerial de inminente publicación en el BOE. La cogeneración es una de las fuentes que garantizan la eficiencia energética en la industria de Castellón. Esta orden llega con una espera de cinco años y desbloquea inversiones previstas en plantas cogeneradoras y contempla una adjudicación de potencia de 1.200 MW, que se distribuirá en dos subastas: 600 MW en 2026 y otros 600 MW en 2027.

Una cifra que resulta insuficiente para la industria de la cogeneración, según se trasladó en una jornada celebrada la semana pasada en Ascer, donde se reclamaron 1.200 MW para 2026 y otros 1.800 MW para 2027. Con las condiciones planteadas por el Gobierno, una de cada seis iniciativas previstas en España quedará fuera.

Las subastas, según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, se centrarán en instalaciones de alta eficiencia que utilicen gas natural o, por primera vez dentro de este marco normativo, biomasa. Además, se exigirá a las plantas de gas que estén preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable.

El sector cogenerador venía reclamando esta regulación tras estimar una pérdida del 50% de su capacidad de cogeneración industrial a nivel nacional, pasando de aportar el 12% de la electricidad nacional al 6%. Asimismo, más de 300 plantas -unos 2.000 MW--se han visto abocadas al cierre al agotar su vida útil retributiva sin que llegara el marco regulatorio prometido para su renovación.

Castellón dispone actualmente de 42 equipos operativos con 234 MW de potencia instalada, unas cifras inferiores a las de 2021 debido al retraso en la publicación de las subastas. Estas se esperan desde ese año, lo que ha dejado sin actividad a algunas plantas tras finalizar su vida útil regulatoria. En 2025 concluyó el periodo regulatorio de un tercio de estas instalaciones de la provincia, que quedaron sin retribución.

La patronal reclama la prórroga de la vigencia de las plantas hasta 2031

Los 1.200 MW anunciados por el Gobierno permitirán movilizar 1.800 millones de euros de inversión industrial, a los que podrían optar entre 100 y 200 industrias, de las cuales unas 30 se encuentran en Castellón. Acogen estima que podrían presentarse el doble de ofertas en España que la potencia convocada en la subasta de 1.200 MW.

El nuevo marco incorpora mejoras técnicas valoradas positivamente por el sector: la ampliación del catálogo de inversiones elegibles -que incluirá biomasa, almacenamiento eléctrico y térmico, calderas eléctricas, bombas de calor, captura de CO₂ y soluciones de digitalización-; la eliminación del autoconsumo obligatorio, que dejaba fuera a numerosas actividades; y la aplicación de los criterios europeos de alta eficiencia energética.

No obstante, la patronal reclama la aplicación de medidas transitorias que permitan prorrogar la vigencia de las plantas hasta 2031

 

 

El pasado mes de enero, la Comisión Europea dio luz verde al plan español de ayudas públicas para apoyar la producción de electricidad en nuevas o modernizadas plantas de cogeneración de alta eficiencia, desbloqueando así el camino hacia estas subastas.

Las instalaciones de gas natural deberán emitir un máximo de 270 gCO₂/kWh, mientras que las de biomasa tendrán que cumplir los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones establecidos. El Ministerio estima que la incorporación de los 1.200 MW previstos evitará la emisión de 8,4 millones de toneladas de CO₂ durante la vida útil regulatoria de las plantas.

Respecto a las condiciones técnicas fijadas, las instalaciones no podrán superar una potencia máxima de 100 MW, límite que se reduce a 15 MW en el caso de los sistemas eléctricos no peninsulares.

Asimismo, deberán garantizar un ahorro de energía primaria superior al 10% para ser consideradas de alta eficiencia. La única excepción serán las centrales de menos de 1 MW, a las que únicamente se les exigirá acreditar algún nivel de ahorro energético.

Doce instalaciones tipo de referencia

Por otro lado, el marco regulatorio contempla un total de 12 Instalaciones Tipo de Referencia (ITR) para clasificar las distintas tipologías de plantas que aspiren a participar en los concursos.

El detalle de los cupos de potencia de cada subasta se publicará en las resoluciones de convocatoria, al igual que las fechas de celebración. Además, ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de más del 50% de la potencia subastada.

Las subastas se articularán mediante la modalidad de sobre cerrado y emplearán un sistema marginal descendente. Los promotores interesados deberán presentar una oferta consistente en un porcentaje de reducción sobre el valor estándar de la inversión inicial asignado a la ITR en la que se encuadre su instalación.

Para el cálculo final de la retribución, y siguiendo el sistema establecido en el Real Decreto 413/2014, se aplicará la rentabilidad razonable del 7,09% fijada para el periodo regulatorio 2026-2031.

En cuanto a los plazos de explotación, la normativa establece que las plantas de cogeneración que utilicen gas natural dispondrán de una vida útil regulatoria de 12 años, mientras que este periodo se ampliará hasta los 20 años para las instalaciones que operen con biomasa.

El Gobierno prevé un impacto económico netamente positivo para las industrias adjudicatarias, ya que facilitará la renovación e instalación de equipos industriales de gran relevancia para su actividad.

Finalmente, el Ejecutivo estima que el sobrecoste repercutido en el sistema eléctrico por la retribución regulada de estos 1.200 MW oscilará entre 414 y 582 millones de euros anuales. No obstante, estas cifras variarán en función de los precios reales de la energía, el funcionamiento efectivo de las centrales y las rebajas que se consigan mediante los descuentos ofertados en las propias subastas, cuya organización recaerá en el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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