CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló trabaja contra reloj para fijar un marco legal que regule las multas de las videocámaras. Ante la voluntad de reactivar el servicio de fiscalización a partir del 1 de noviembre, los servicios jurídicos buscan con urgencia la fórmula que normalice las sanciones, sin tener que recurrir a una norma superior, como ocurría hasta ahora con la Dirección General de Tráfico (DGT), que suponía imponer recargos "desorbitados" (de 200 euros), como en su día calificó el portavoz del gobierno municipal, José Luis López.
El objetivo estriba en recoger las tarifas (y los distintos supuestos) en una ordenanza municipal, mediante la modificación de alguna de las existentes (de Movilidad Sostenible, por ejemplo) o a través de la aprobación de una nueva. La opción que al final consideren los funcionarios como la mejor debe ser aprobada en tiempo récord. Al menos, si la pretensión del equipo de gobierno pasa verdaderamente por reanudar el control de acceso al centro dentro 15 días después de prorrogar el primer plazo del 1 de octubre.
En este sentido, según fuentes municipales, la normalización de las sanciones obliga a elevar una propuesta al pleno. El más cercano es el del jueves 28, el ordinario del mes, por lo que el margen resulta escaso, apenas dos semanas.
Por otro lado, tampoco ha trascendido cuándo comenzará la campaña comunicativa, más allá de la simulación de sanciones que se envían en la actualidad a los conductores que circulan sin autorización por el casco antiguo. Del mismo modo, se ignora la fecha de activación de la página web diseñada y contratada ex profeso, en la que los usuarios no solo podrán recibir información en tiempo real sobre el estado de las videocámaras, sino que también podrán formular quejas, solicitar tarjetas y realizar todas aquellas gestiones relacionadas con el servicio.
La lectura de matrículas con videocámaras entró en funcionamiento el 16 de febrero tras un periodo de prueba de mes y medio. Ante el creciente malestar de comerciantes, vecinos y transportistas, el Ayuntamiento interrumpió el servicio el 15 de abril. Aunque el equipo de gobierno nunca llegó a aclarar la cantidad exacta de multas impuestas, el decreto de suspensión recogió una cifra próxima a las 7.000 por un importe total de 1,4 millones de euros.
Recientemente, el PP denunció que en realidad la cifra podría acercarse hasta las 16.000 sanciones, lo que implicaría una recaudación de 3.2 millones de euros. Según explicó la concejala popular, Begoña Carrasco, en una nota de prensa, habría residentes con una acumulación de recargos por valor de más de 4.000 euros en apenas 20 días, "por el simple hecho de acceder al garaje de su domicilio como siempre lo habían hecho".
Este jueves, en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados por la Junta de Gobierno Local, el portavoz municipal, José Luis López, aseguró desconocer la cuantía precisa de multas, pero reiteró el deseo del ejecutivo local de devolver la totalidad de las sanciones. No obstante, como ha sucedido en anteriores comparecencias, evitó entrar en más detalles sobre el procedimiento o los plazos. Eso sí, dejó claro que la reactivación de las cámaras se producirá a partir del 1 de noviembre. "A día de hoy se regulará el servicio en esa fecha", subrayó.