VALÈNCIA. El Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig y compuesto por PSPV, Compromís y Unides Podem se enfrenta estos días a una nueva crisis en este caso provocada por los incendios forestales. Si la legislatura ya está siendo especialmente dura con la pandemia y la inflación derivada de la guerra en Ucrania, la tragedia medioambiental acaecida este mes de agosto ha vuelto a aumentar la presión en Ejecutivo del Botànic.
Las llamas preocupan y mucho. Los incendios forestales son sucesos que impactan en la sociedad y avivan debates generalmente enterrados a lo largo del año como el estado de los montes, los sistemas de prevención, los medios para la reacción rápida, la organización y efectividad en la extinción, las medidas para paliar los daños sufridos... Toda una prueba de fuego para los políticos que queda en la retina de la opinión pública.
¿Hasta qué punto puede afectar una tragedia de estas características a un gobierno? Resulta difícil establecer una causa-efecto entre una catástrofe natural y una consecuencia negativa para un gobierno en las urnas, pero también se antoja más complicado aún pensar que el ejecutivo de turno pueda sumar puntos de la misma.
Dos precedentes señalan en esa dirección: los cambios de signo político en los gobiernos valencianos siempre han venido precedidos de dos veranos negros en los bosques de la Comunitat. Así, el socialista Joan Lerma y el popular Alberto Fabra, perdieron su puesto en la Generalitat tras haber sufrido sendas crisis de estas características: el primero, de forma más inmediata, puesto que su pérdida de mayoría en las urnas se produjo sólo meses después de la tragedia, mientras el segundo vivió este azote al año de ser presidente de la Generalitat. En ambos casos, existieron un conjunto de factores que conllevaron el cambio de ciclo político, pero estos sucesos podrían haber contribuido de forma simbólica como una señal de decadencia del partido al frente de la gestión en la Generalitat.
Así, en 1994, el socialista Lerma llevaba casi 12 años al frente de la Generalitat cuando, de forma consecutiva, varios incendios asolaron la Comunitat Valenciana durante el mes de julio. Primero se desencadenó un fuego en Millares (la Canal de Navarrés) que calcinó más de 25.420 hectáreas, y un día después se decretaba otro en Requena que acabaría con más de 24.000 hectáreas. Ese mismo mes, en Fontanars dels Alforins (la Vall d’Albaida) arderían más de 18.400 hectáreas por una quema de basuras que acabó descontrolada. En total, se perdieron entonces 138.405 hectáreas, cuatro veces más que lo destruido en lo que llevamos de año y, más grave aún, 13 personas fallecieron en labores de extinción.
La oposición liderada por Eduardo Zaplana (PP) no dudó en atacar la gestión del gobierno socialista ante estos incendios encadenados aunque es cierto que otros factores como la decadencia del 'felipismo' -paro elevado, estallido del caso Roldán y de los GAL-, el retraso de la A-3 con batalla incluida con Castilla La Mancha o la agitación contra el catalanismo impulsada por el PP, pudieron contribuir a la sensación de final de ciclo que terminó con los socialistas fuera del Palau.
En el caso de Alberto Fabra, sucesor de Francisco Camps tras su ganar las elecciones de 2011, la tragedia sobrevino en el verano siguiente. Entonces, entre el 28 de junio y el 16 de julio un incendio asoló Cortes de Pallás hasta borrar 28.879 hectáreas, por lo que aún hoy es uno de los peores del último medio siglo en España. Poco antes, en junio, se calcinaron 20.065 hectáreas tras un fuego con origen en Andilla y que afectó a una veintena de poblaciones, entre las que se encontraban Montroi, Catadau, Yátova, Turís, Macastre o Dos Aguas. Una persona falleció en tareas de extinción.
Pese a que todavía quedaban casi tres años para los comicios autonómicos, este drama medioambiental y social fue una señal más de declive para un PPCV que se encontraba azotado por diversos casos de corrupción y que, además, se estrelló ante una crisis económica que llevó a una apuesta de Fabra por la austeridad que contrastó con anteriores etapas de exceso. Sin lograr la reforma de la financiación autonómica, con alianzas dudosas en el partido, sin apoyo de Madrid y con el esperpéntico cierre de Canal 9 a cuestas, Fabra salió derrotado en 2015 ante el frente de izquierdas que conformaría el Botànic. En este caso, la tragedia forestal, pareció señalar el principio del fin de su gobierno: Puig, entonces en la oposición, criticaba la reducción de un 70% en los fondos para la prevención de incendios y Compromís y Esquerra Unida pedían la dimisión del conseller Serafín Castellano.
El Gobierno declarará este martes zona catastrófica las 223.000 hectáreas quemadas de España
Frente a estos casos se sitúa el Botànic liderado por Puig. Los dos incendios (Vall d'Ebo y Bejís) suman casi 35.000 hectáreas, el sexto registro más alto desde 1968 y el segundo de este siglo tras el de 2012. Aunque no se han producido víctimas mortales, en esas jornadas se han producido ciertas situaciones de caos en la organización atravesadas en los peores momentos especialmente en el segundo de los fuegos y, además, también ha centrado el foco el mediático episodio del tren de media distancia que terminó con heridos. Puig, que ya vivió como jefe de Gabinete de Lerma los incendios de 1994, estuvo toda la semana pasada presente en las reuniones de los puestos de mando avanzados y, este lunes, recibió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el área afectada para que anunciara que se declarará zona catastrófica este martes en el Consejo de Ministros. Más de lo que logró Fabra en 2012 -Mariano Rajoy no acudió- pero quizá no suficiente para limpiar de ceniza la imagen del Botànic en este negro mes de agosto.
Ahora, el objetivo en el Palau se centra en activar cuanto antes las ayudas para los afectados -habrá pleno extraordinario del Consell el próximo lunes- mientras se estudian distintas medidas para modificar algunos de los protocolos jerárquicos a la hora de enfrentarse a incendios de este calibre.
