Comienza el juicio contra el único acusado de falsificar empadronamientos en Cabanes en 2006

26/02/2019 - 

CASTELLÓN (EFE). El acusado de haber falsificado el empadronamiento en Cabanes de una vecina de la Vall d'Uixò en 2006 sin su consentimiento y con una firma falsa no recuerda haber tramitado la solicitud, ni tampoco con quién vivía en el domicilio y ha asegurado no tener relación con el PP o con cualquier otro partido político.

El caso arrancó en 2007 con la denuncia presentada por el senador de Compromís, entonces concejal en el Ayuntamiento de Cabanes, Carles Mulet, quien alertó de que se habían empadronado en esta localidad un total de 40 personas en solo dos meses en domicilios del entonces alcalde, familiares suyos y militantes del PP, antes de las elecciones autonómicas y locales de 2007.

Mulet sostenía en su denuncia que estos empadronamientos "masivos" tenían un fin electoral ya que si ganaba el Partido Popular en la localidad, se daría luz verde a dos operaciones urbanísticas por parte de la empresa Marina d'Or en suelo de Cabanes, por lo que se podía haber producido un delito electoral.

Sin embargo la causa fue archivada hasta en 4 ocasiones, el delito electoral quedó finalmente descartado, y el proceso continuó exclusivamente con un procesado al que se le acusaba de haber solicitado el empadronamiento de una vecina de la Vall d'Uixò que le acusó de haber falsificado su firma para empadronarla en Cabanes contra su voluntad.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón ha acogido este martes el juicio contra este procesado, vecino de la Vall d'Uixò, y en el mismo han comparecido varios testigos cuyo empadronamiento en Cabanes se tramitó y que han coincidido en "no recordar nada" o "no saber nada" sobre las preguntas que hacían el fiscal, las acusaciones y la propia jueza.

Los testigos que figuraban en los documentos de empadronamiento gestionados por el acusado no recordaban en cuántos sitios o dónde han vivido, no conocían detalles sobre la casa en la que fueron empadronados, ni conocían a algunas de las personas con las que supuestamente vivían en Cabanes.

La jueza les ha recordado que debían decir a la verdad o podían incurrir en un delito de falso testimonio y se ha dirigido directamente a una de las testigos a la que ha dicho que "se está contradiciendo continuamente, no solo con lo manifestado en instrucción, sino con su testimonio de hoy".

El acusado ha dicho que "no recuerda si tramitó la documentación" -en la que sí ha reconocido su firma-, no se acuerda si vivía con su hermana y su cuñado (que constaban como empadronados con él), sino que vivía "con gente", pero no sabe con quién y ha negado haber falsificado ninguna firma. 

La única testigo que recordaba con claridad algo de lo sucedido en diciembre de 2006 en torno a su empadronamiento en Cabanes ha sido la vecina de la Vall d'Uixò que denunció los hechos.

Según esta mujer, el procesado -al que conoció en un curso- le pidió el DNI porque "me dijo que iba a montar un partido político y necesitaba gente que avalara que era buena persona e inocente de mí se lo di".

Al poco, ha relatado, el acusado "vino a mi casa con un documento para empadronarme en Cabanes y le dije que no quería", pero finalmente la mujer fue empadronada en Cabanes con una firma que se parecía a la suya pero no era.

El entonces alcalde de Cabanes, Artemio Siurana (PP), ha dicho "no saber" si resultaba raro que se empadronaran 160 personas en dos meses en el municipio y ha dicho que desconocía este hecho y que no dio "ninguna orden respecto al empadronamiento". 

El Ministerio Fiscal, que no actuaba como acusación en el proceso, ha cambiado su calificación tras la prueba testifical y ha pedido imponer una pena de 9 meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y una multa de 2.100 euros para el acusado y la acusación pide una pena de 3 años y una multa de 9.000 euros.

El fiscal considera que a la vista de las pruebas practicadas en el juicio, queda acreditado que el acusado presentó la solicitud de empadronamiento de la vecina de la Vall d'Uixò "siendo conocedor" de que ésta "no tenía intención de empadronarse ni había prestado su consentimiento" y "siendo consciente de que la firma del documento no había sido estampada por esta sino por un tercero en connivencia con el acusado"

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