Tres alcaldes de Cabanes serán juzgados en junio por contratos 10 años después de la denuncia

CASTELLÓ.  El 6 de junio se sentarán en el banquillo tres exalcaldes de Cabanes,  Artemi Siurana, Paco Artola y Estrella Borrás, investigados por contratos adjudicados por el Ayuntamiento de la localidad al despacho del arquitecto municipal. La vista oral llegará diez años después de que se abrieran diligencias a instancias de una denuncia del exconcejal Carles Mulet. Además de los ex primeros ediles, hay imputadas otras tres personas. 

El juzgado de lo Penal número 3 de Castelló ha dictado el auto de señalamiento de la vista oral el 6 de junio a las 10.30 horas. Como testigo ha sido citado Carles Mulet al ser acusación particular. 

Mulet critica la demora

El exsenador de Compromís lamenta la tardanza de la justicia y recuerda que presentó su primera denuncia en 2013 remitiendo a la fiscalía documentación y las diligencias previas se abrieron en 2013. Ahora, el juzgado ha notificado el juicio tras acabar la instrucción y aceptar las pruebas propuestas como pertinentes. A partir de la sesión y las diligencias saldrá la resolución judicial.

 La causa analiza si hubo un presunto delito en los encargos realizados por el Ayuntamiento al despacho del arquitecto municipal, Rubén Bellido, desde su entrada en el Ayuntamiento como interino en 2007. Según la fiscalía, éste habría comenzado a valerse de su situación laboral en el consistorio para conseguir que los trabajos consistentes en realizar obras por el ayuntamiento fueran adjudicados a su socio de despacho, Juan Antonio Juncos.

Versión de la fiscalía

Así, y según la Fiscalía, podría haber conseguido que por los sucesivos alcaldes del PP le fueran adjudicados a partir del año 2008 y hasta 2013 un total 28 trabajos por el ayuntamiento por los que le abonaron una cantidad total de 211.115,84 euros. Todos estos trabajos, según añade Fiscalía, fueron tramitados como contratos menores sin tramitación previa, sin expediente de contratación e incumpliendo todo el procedimiento preceptivo, contratándose los mismos por los alcaldes a sabiendas de la ilegalidad, y bajo el visto bueno del jefe de urbanismo y accidentalmente secretario-interventor José Vicente Guimerá. 

Así pues, el ministerio fiscal esgrime que se ha producido un delito continuado de prevaricación, delito continuado de tráfico de influencias. 

La fiscalía solicita para el exacalde del PP, Artemio Siurana, y el jefe de urbanismo, José Vicente Guimerá, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y el pago de costas; para los ex alcaldes Paco Artola y Estrella Borrás, las inhabilitación para cargo o empleo público durante 8 años y seis meses. Mientras, para el arquitecto municipal pide una pena de dos años de prisión y multa de 422.231 euros, y la inhabilitación durante seis años.