Josep Santacreu y Elisa Tazazona, CEOs de DKV y Ribera, a su salida de la Conselleria de Sanidad este miércoles. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Ribera ya tiene luz verde para tomar el control total del departamento de salud de La Marina. El grupo sanitario valenciano, que hasta ahora gestionaba junto a DKV el Hospital de Dénia, ha recibido el visto bueno de Competencia para quedarse con las acciones de la aseguradora alemana y ampliar al 100% su participación en Marina Salud, la concesionaria de ese departamento.
La resolución mediante la que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autoriza la concentración empresarial obvia por completo la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que fue modificada en 2018 para incluir un nuevo artículo expresamente encaminado a impedir que una misma empresa pueda tener la mayoría en más de una concesión sanitaria de la Comunitat Valenciana.
La aplicación de esa norma, modificada en pleno pulso entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad por controlar la gestión del departamento de Dénia, era la vía a la que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se había aferrado para intentar frenar una operación que frustra definitivamente cualquier opción de que el Consell pueda cumplir su promesa de recuperar de forma anticipada la gestión directa del Hospital de Dénia.
De hecho, tras anunciarse el pasado agosto el acuerdo entre las empresas a la espera del visto bueno de Competencia, Barceló instó expresamente a la CNMC a tener en cuenta en su dictamen la existencia de una norma autonómica valenciana con rango de ley contra las concentraciones empresariales en el ámbito sanitario valenciano.
Sin embargo, el regulador autoriza en primera fase el traspaso de las acciones de DKV a Ribera en aplicación de la Ley de Competencia al considerar que pasar de controlar conjuntamente la empresa a hacerlo de forma exclusiva "no produce un cambio cuantitativo en la estructura de la oferta, tan sólo uno cualitativo".
Además de Dénia, Ribera gestiona actualmente los hospitales de Elche, a través de Elche-Crevillente Salud SAU, y Torrevieja, a través de la firma Torrevieja Salud UTE. Sobre este último, la resolución ya recoge que este centro pasará a ser gestionado directamente por la Conselleria cuando finalice el contrato de concesión el próximo 15 de octubre.
Tal y como publicó Valencia Plaza, la CNMC solo ha tenido en cuenta en su examen la Ley de Defensa de la Competencia. De hecho, la propuesta para dar luz verde al traspaso accionarial en Marina Salud obvia por completo el artículo de la ley autonómica que regula el mercado sanitario. Al no ser competente para aplicar la normativa autonómica, la CNMC no valora si la misma es de aplicación en este caso, pero tampoco lo descarta porque en su informe ni siquiera menciona su existencia.
Esta omisión fuerza indirectamente a Ana Barceló a posicionarse sobre una operación ante la que hasta ahora no había actuado con el pretexto de no tener constancia oficial. En su única intervención pública al respecto, el pasado 27 de agosto, la titular de Sanidad garantizó el cumplimiento de la ley autonómica y dijo no poder "hacer nada" mientras el traspaso accionarial no fuera registrado.
Sin embargo, Barceló ya tiene la constancia oficial que le faltaba para mover ficha. Elisa Tarazona, consejera delegada de Grupo Ribera, y Josep Santacreu, su homólogo en DKV, informaron personalmente a la consellera en su despacho de la Conselleria este miércoles por la tarde después de registrar la comunicación de la compraventa en el departamento.
La responsable de Sanidad, que tenía constancia del acuerdo desde hacía semanas porque durante el verano fue informada por los representantes legales de DKV, escuchó a los primeros ejecutivos de las dos firmas durante algo menos de treinta minutos.
Según fuentes conocedoras del encuentro, Barceló agradeció la visita a los directivos de las empresas y les explicó que el posicionamiento de la Conselleria de Sanidad sobre la operación dependerá de lo que concluya al respecto la Abogacía de la Generalitat.
Aunque esta será la primera vez que la Abogacía tendrá que pronunciarse sobre la aplicabilidad de la cláusula anticoncentraciones de la Ley de Salud en una operación concreta, existen precedentes que no operan a favor de la Conselleria. De hecho, en un informe anterior pero con esa ley ya en vigor, el órgano consideró que una comunidad autónoma no puede legislar ni ejecutar las normas de competencia para ordenar el mercado.
Poco después de hacerse pública la autorización de Competencia a través de un comunicado de Grupo Ribera, la Conselleria de Sanidad matizó que la autorización "lo es a efectos de la legislación en materia de defensa de la competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa vigente que pueda resultar de aplicación, como la normativa sectorial de carácter autonómico a la que hacen referencia en su escrito".
Así consta en una respuesta de la CNMC a un escrito que la consellera de Sanidad remitió al regulador tras la apertura del expediente para analizar la operación el pasado 23 de agosto. Según explica a este periódico un portavoz de Sanidad, Barceló remitió un escrito el 31 de agosto para poner en conocimiento del organismo regulador la limitación a las concentraciones empresariales prevista en la Ley de Salud de la Comunitat "y sus efectos".
La Conselleria de Sanidad, a la vista de que la CNMC no valora los efectos de la normativa valenciana, se encuentra "a la espera de los informes jurídicos correspondientes para tomar las decisiones que correspondan en la defensa del ordenamiento jurídico valenciano y de los intereses generales de la ciudadanía valenciana".
En paralelo, el comité de empresa del Hospital de Dénia se reúne este jueves con el gerente del departamento, Luis Carretero, para decidir cómo actuar. Fue el propio Carretero quien les informó de la resolución positiva de Competencia mediante un correo electrónico en el que, al mismo tiempo, se excusaba por no poder recibirles este miércoles por la tarde. "Os anticipamos la comunicación que vamos a enviar a los profesionales y que nos hubiera justado compartir previamente con el Comité de Empresa", refleja ese comunicado.
A juzgar por sus movimientos desde que se conoció el acuerdo, la representación de los trabajadores no se quedará parada. Por el momento, ya ha denunciado a la compañía ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores (Derechos de Información, consultas y competencias) al no haber sido informado del acuerdo de venta entre socios.
Para el comité, el cambio accionarial puede tener importantes consecuencias sobre los trabajadores, dado el interés demostrado por Ribera Salud en ejercer la prórroga de la concesión por otros cinco años. El comité también ha criticado que nadie se haya dirigido oficialmente a ellos "pese a que se han formulado alegaciones contra la operación dirigidas al Molt Honorable Ximo Puig y a la consellera Ana Barceló, al Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana y a la Gerencia de Marina Salud".
En las alegaciones presentadas han solicitado a la Conselleria que actúe de oficio e impida la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud por ir contra lo previsto en la Ley de Salud de la Comunitat.
Por su parte, Grupo Ribera consideró este miércoles que la Ley de Salud valenciana "no aplica en este caso porque es muy posterior al inicio de la concesión". Su CEO, además, destacó que la operación "no va a suponer cambios en las condiciones laborales de la plantilla ni en los planes de Marina Salud".
En una comunicación interna a la plantilla, la consejera delegada destacó que el departamento de Dénia es "muy importante" para la empresa y, ante la "inquietud" que puede generar este movimiento, Tarazona aseguró a los trabajadores que cuenta con todos ellos.
