CASTELLÓ. Los regidores Ignasi Garcia y Pau Sancho del Grupo Municipal de Compromís per Castelló, acompañados por la diputada autonómica Verònica Ruiz, han mantenido una reunión con el comité de empresa de la residencia del Pinar, que atiende un total de 129 residentes y 30 usuarios del Centro de Día a la residencia. El encuentro se ha producido por la situación de los trabajadores, que llevan dos años sin que se le aplican las mejoras salariales y de condiciones laborales que estipula el convenio vigente. El motivo es que "la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no ha procedido a la licitación correspondiente de las residencias de mayores y centros asistenciales de gestión privada, una situación que sufren hasta 19 centros más de las comarcas de Castelló".
"El comité de empresa nos ha expresado su miedo al hecho que la puesta al día de los contratos no llegue hasta 2025 porque, como que no hay retroactividad, el dinero de más que dejan de percibir no los recuperarán, aunque el convenio ya esté en vigor desde el año pasado", ha declarado el portavoz de la coalición al Ayuntamiento, Ignasi Garcia.
"Mientras tanto, los empleados mantienen los sueldos prácticamente congelados dado que acumulan subidas del 3% cuando la inflación ya supera ese porcentaje", ha añadido. "Estamos hablando que no solo tenemos profesionales trabajando por menos de 15.000 euros brutos en el año, que el complemento por cada noche trabajada es de 9 euros la hora, y se están negando subidas de sueldo a auxiliares, enfermeras, y personal diverso de la residencia, sino que también se está negando una mejora del servicio con la contratación de más personal", ha criticado Garcia.
"Este retraso injustificado por parte del gobierno del Partido Popular de Carlos Mazón no solo afecta a las trabajadoras, "sino que también afectan a las familias y a las personas usuarias de la residencia El Pinar, que son las personas más vulnerables y necesitadas de apoyo, puesto que tienen un gran número de pacientes que son grandes dependientes", ha declarado Garcia.
"Sabemos que el contrato no entrará en vigor hasta el 2026, porque la consejera responsable y vicepresidenta del Consejo, Susana Camarero, tiene la intención de aprobar antes el nuevo decreto de tipologías que no se aprobará hasta el 2025", ha apuntado Verònica Ruiz, diputada de Compromís en Les Corts. "Estas trabajadoras se encuentran en una situación injusta durante muchos años y esto implica directamente, si no licitan, que las trabajadoras que cuidan a las personas mayores más vulnerables no son retribuidas de manera digna", ha subrayado Ruiz.